El candidato presidencial Sergio Fajardo radicó una carta ante la Contraloría General de la República en la que solicita control urgente sobre los recursos públicos asignados en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica decretado por el Gobierno Nacional.
La petición fue dirigida al contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra, con el objetivo de que se activen mecanismos de vigilancia fiscal sobre los $8,6 billones destinados a la atención de la emergencia por lluvias. En el documento, Fajardo contextualiza su solicitud señalando: “Me dirijo a usted en un momento crítico para la democracia colombiana”.
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Recursos asignados a la Ungrd bajo decreto de emergencia
Los recursos fueron asignados en febrero de 2026 por el gobierno del presidente Gustavo Petro a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en el marco del Decreto Legislativo 0150 de 2026, que declaró el estado de emergencia.
En la carta, Fajardo advierte sobre la magnitud de los recursos y su concentración en medio de medidas excepcionales: “El Gobierno Nacional ha concentrado y se encuentra ejecutando recursos públicos por una magnitud superior a 8,69 billones de pesos”.
Además, recordó que estos fondos tienen una destinación específica: “Formalmente, estos recursos están sujetos a un régimen estricto de destinación específica, que exige su uso directo y exclusivo para enfrentar la crisis”.
Solicitud de vigilancia concomitante y preventiva
El candidato solicitó a la Contraloría la activación de mecanismos de control concomitante y preventivo, es decir, un seguimiento en tiempo real a la ejecución de los recursos públicos.
En ese sentido, citó el alcance constitucional de esta facultad: “La Contraloría no solo está facultada, sino también obligada a ejercer un control fiscal que incorpore modalidades preventivas y concomitantes”.
Asimismo, enfatizó la necesidad de actuar con rapidez: “Que se actúe con la celeridad que exige el momento, antes de que los recursos se comprometan en estructuras contractuales o presupuestales que dificulten su control”.
Advertencias sobre riesgos en la ejecución de los recursos
En la comunicación, Fajardo expone preocupaciones sobre el uso de los recursos en el contexto actual. Según el documento: “Surgen preocupaciones serias y fundadas sobre la forma en que dichos recursos se estarán ejecutando”.
El candidato también plantea la posibilidad de que estos dineros puedan desviarse de su propósito: “Estamos ante la posibilidad concreta de que recursos excepcionales (…) terminen siendo utilizados para fines distintos de los constitucionalmente permitidos”.
Además, advierte sobre implicaciones en el ámbito político: “La coincidencia entre su rápida ejecución y las dinámicas electorales en curso (…) evidencia un riesgo real de desviación de poder”.
Propuestas para fortalecer el control sobre los recursos
Dentro de la carta, Fajardo formula una serie de solicitudes concretas a la Contraloría para fortalecer la vigilancia sobre los recursos:
- “Que se ejerzan de manera inmediata y plena las facultades de control concomitante y preventivo”.
- “Que se disponga la creación de una mesa técnica de seguimiento” para garantizar la trazabilidad.
- “Que se priorice el control sobre una porción significativa de estos recursos”.
- “Que se adopten mecanismos efectivos de auditoría continua, de publicidad y de acceso a la información”.
Estas medidas, según el documento, buscan asegurar que los recursos públicos cumplan con su destinación específica y puedan ser monitoreados de manera permanente.
Llamado a la integridad en el uso de recursos públicos
En la parte final de la carta, Fajardo hace referencia a la importancia del control institucional en el manejo de recursos públicos: “La legitimidad del Estado depende de la integridad en el uso de los recursos públicos”.
También advierte sobre las consecuencias de un uso indebido: “Cualquier desviación no solo compromete el patrimonio público, sino también la confianza ciudadana y las condiciones de equidad democrática”.
Finalmente, cierra con una afirmación sobre el alcance de los órganos de control: “El poder público no puede ser sustituido por el poder del dinero. La Presidencia no se compra con recursos públicos”.
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