La suspensión de órdenes de captura contra 23 miembros de la mesa de paz urbana en Itagüí generó reacciones encontradas entre el Gobierno nacional y sectores políticos, luego de que la Oficina del Alto Comisionado de Paz defendiera la medida como parte de una estrategia jurídica orientada a facilitar avances en los procesos de diálogo con estructuras armadas en el Valle de Aburrá.
De acuerdo con la Consejería Comisionada de Paz, la decisión se enmarca en la implementación de la Ley 2272 de 2022, que establece la paz como política de Estado. En un comunicado oficial, la entidad explicó que el trabajo de la delegación de paz urbana de Medellín ha estado dirigido al desescalamiento de las violencias, la construcción de paz territorial y el tránsito hacia la ciudadanía plena de integrantes de estructuras armadas.
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En el comunicado divulgado el 31 de marzo de 2026, la Consejería precisó que la suspensión de las órdenes de captura no implica la liberación de los beneficiarios. “De ninguna manera esta resolución implica la excarcelación de los voceros de las EAOCAI (Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto) en el proceso de paz urbana. Cualquier versión que asegure esto implica una grave e irresponsable desinformación”, indicó la entidad.
Asimismo, sostuvo que la decisión responde exclusivamente a dinámicas propias de la construcción de paz y busca generar condiciones jurídicas que permitan la continuidad de los diálogos. “Esta medida busca generar condiciones jurídicas para que los voceros representantes continúen generando hechos de paz y desescalando las violencias en el marco del Espacio de Conversación Sociojurídico”, señaló el pronunciamiento.
La Consejería también destacó que el proceso ha tenido efectos en indicadores de seguridad. “La reducción de la tasa de homicidios en esta región en los dos últimos dos años es una clara muestra de resultados en esta vía”, afirmó.
La medida está contenida en la Resolución N.° 00072 del 27 de marzo de 2026 y tendrá una vigencia inicial de seis meses, con posibilidad de prórroga según el avance de las negociaciones y previa solicitud del Gobierno nacional.
La decisión ha generado críticas desde distintos sectores políticos. La candidata presidencial Claudia López cuestionó la suspensión de las órdenes de captura y anunció acciones judiciales contra lo que considera un uso indebido de las facultades presidenciales en el marco de la política de “paz urbana”.
“Esta libertad que otorga la Fiscalía General de la Nación es por solicitud del Gobierno nacional, fruto de unos supuestos procesos de paz con esos criminales en Medellín. Esa mesa no ha dado ningún fruto, no ha desmovilizado a nadie, no ha bajado la extorsión ni ningún crimen”, afirmó la candidata.
En su pronunciamiento, López aseguró que la medida tendría implicaciones en el contexto electoral y anunció denuncias ante diferentes instancias judiciales. “Hoy los dejan en libertad en plena campaña electoral, no porque sean gestores de paz, sino para que le hagan campaña al candidato del presidente de la República y a su partido”, sostuvo.
La candidata anunció que interpondrá una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Acusaciones y la Procuraduría General de la Nación, “por este abuso de las facultades presidenciales para procesos de paz”.
Los cabecillas beneficiados con la medida
La resolución de la Fiscalía beneficia a los voceros de estructuras armadas organizadas del crimen de alto impacto que participan en el Espacio de Conversación Sociojurídico en la cárcel de Itagüí, así como a siete de ellos que han recuperado la libertad en los últimos meses tras cumplir sus condenas.
Entre los nombres incluidos en la lista de quienes ya se encuentran en libertad figuran Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero; Albert Antonio Henao Acevedo, alias Alber; Andrés D’maría Oliveros Correa, alias Mundo Malo; Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente; Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias El Abogado; Fredy Alexánder Henao Arias, alias Naranjo, y Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica.
Incluso, algunos de estos integrantes han salido del país por motivos personales, sin que se haya precisado públicamente el rol que desempeñan actualmente dentro del proceso de paz urbana en el Valle de Aburrá.
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