Mujer trans migrante y víctima de trata de personas logró fallo histórico de la Corte Constitucional: negligencia del Estado vulneró sus derechos

La Corte Constitucional emitió una decisión en la que analizó el caso de una mujer transgénero de 23 años, de nacionalidad venezolana, afrodescendiente, diagnosticada con VIH y presunta víctima de trata de personas, quien acudió a la acción de tutela para solicitar la protección de sus derechos fundamentales ante la actuación de varias entidades del Estado.

La accionante, identificada como Tatiana para proteger su identidad, dirigió el recurso contra Migración Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado (Conare), la Alcaldía de Medellín y la Fiscalía General de la Nación, al considerar que estas instituciones no garantizaron una atención integral acorde con su situación.

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De acuerdo con la Corte, el caso implicaba la posible vulneración de derechos a la igualdad, la no discriminación, la salud, el debido proceso, la integridad personal, la dignidad humana y la identidad de género diversa. La accionante sostuvo que requería “una atención integral en aplicación de un enfoque interseccional que responda a las violencias específicas que sufrió como presunta víctima del delito de trata de personas y a su diagnóstico de salud” .

Omisiones institucionales y vulneración de derechos

En su análisis de fondo, la Sala Tercera de Revisión concluyó que las entidades demandadas incurrieron en omisiones que derivaron en la vulneración de los derechos fundamentales de la accionante. El alto tribunal determinó que no hubo una respuesta articulada ni diligente frente a un caso que requería atención prioritaria.

Según la sentencia, la accionante reunía múltiples condiciones de especial protección constitucional: “es una mujer trans, migrante venezolana, con diagnóstico de VIH y sobreviviente del delito de trata de personas”, lo que exigía un abordaje diferencial por parte de las autoridades .

El expediente evidenció que, pese al acompañamiento de organizaciones sociales, la situación de Tatiana se deterioró progresivamente. La Corte documentó que su estado de desprotección aumentó, afectando su salud física, psicológica y social, en medio de condiciones como la falta de vivienda, redes de apoyo y acceso efectivo a servicios estatales .

Este contexto llevó a que la accionante se desplazara por distintas regiones del país, incluyendo Medellín y Nariño, antes de salir de Colombia por vía terrestre hacia Ecuador y posteriormente ubicarse en Perú. El fallo señala que las dificultades para satisfacer sus necesidades básicas y mantener su identidad de género en condiciones seguras influyeron en su salida del país .

Falta de respuesta en el proceso de refugio

Uno de los puntos centrales del análisis fue el trámite de la solicitud de refugio presentada por Tatiana. La Corte evaluó si la demora en la resolución de este proceso vulneró el derecho al debido proceso, particularmente en lo relacionado con el plazo razonable.

En este sentido, el alto tribunal reiteró que las autoridades administrativas deben actuar conforme a procedimientos claros y dentro de los términos establecidos, ya que el debido proceso implica garantías mínimas que limitan el ejercicio de la función pública .

La Sala encontró que la falta de decisiones oportunas y la imposición de barreras administrativas afectaron no solo el trámite migratorio, sino también el acceso a otros derechos fundamentales, como la salud y la integridad personal.

Decisión de la Corte y órdenes impartidas

Aunque la Corte declaró la existencia de una carencia actual de objeto por situación sobreviniente, debido a que la accionante salió del país durante el trámite de revisión y su regreso es incierto, decidió emitir un pronunciamiento de fondo por la gravedad del caso. En consecuencia, el alto tribunal revocó las decisiones de instancia y estableció una serie de órdenes orientadas a evitar la repetición de este tipo de situaciones.

Entre las medidas adoptadas, se ordenó priorizar el estudio de la solicitud de refugio de la accionante con un enfoque interseccional, así como avanzar en ajustes reglamentarios para fijar plazos en estos trámites y mejorar los criterios de priorización. También se dispuso que, en caso de que Tatiana regrese al país, se le brinde acompañamiento institucional a través de la Defensoría del Pueblo, con el fin de garantizar su acceso a la oferta estatal como presunta víctima de trata de personas.

Adicionalmente, la Corte ordenó a Migración Colombia adoptar un protocolo de atención para personas Lgbtiq+ y víctimas de trata, y destacó la necesidad de implementar mecanismos que reconozcan las condiciones particulares de mujeres trans migrantes en contextos de vulnerabilidad. La decisión también incluyó la revisión de políticas públicas relacionadas con la trata de personas y la incorporación de enfoques diferenciales en la atención estatal.