Sistema de salud en Colombia entra en números rojos: déficit supera los $16 billones y las EPS no dan abasto

Hablar de cifras en el sistema de salud ya no es solo un ejercicio técnico. Detrás de los últimos números más hay una señal clara, el modelo de aseguramiento atraviesa una presión financiera que dejó de ser manejable en el corto plazo.

El balance con el que cerró 2025 encendió las alertas. Un informe de Así Vamos en Salud detalló un déficit de $16,86 billones y un patrimonio en terreno negativo que dibujan un escenario complejo, en el que los ingresos no alcanzan para cubrir los costos del sistema. Más que un desajuste puntual, los datos reflejan una tendencia que se ha venido profundizando en los últimos años.

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Lo más preocupante es que el deterioro no apareció de un momento a otro. Desde 2022 comenzó a ampliarse la brecha entre lo que tienen y lo que deben las EPS, marcando un giro frente a 2021, cuando aún se registraban cifras positivas. Desde entonces, el desbalance creció de forma sostenida.

En términos simples, el sistema hoy opera bajo una lógica difícil de sostener, gasta más de lo que recibe. Uno de los indicadores que mejor refleja esta situación es la siniestralidad, que alcanzó el 109%. Esto significa que por cada $100 que ingresan, las EPS requieren cerca de $109 para atender a sus afiliados.

Esa diferencia, aunque parezca pequeña en porcentaje, se traduce en pérdidas constantes. Cada operación implica un déficit, lo que impide generar equilibrio financiero y, en cambio, profundiza el problema con el paso del tiempo. A este panorama se suma el nivel de endeudamiento. Actualmente, por cada $100 en activos, las EPS tienen obligaciones cercanas a $193. Es decir, incluso si liquidaran todos sus bienes, no lograrían cubrir la totalidad de sus deudas. Este dato evidencia la magnitud del desajuste estructural.

El crecimiento de ese endeudamiento también fue acelerado. En 2021, el indicador se ubicaba en 0,99, pero para 2025 casi se duplicó hasta 1,93. La tendencia muestra un deterioro progresivo que no ha logrado contenerse con las medidas aplicadas hasta ahora. Las pérdidas operacionales refuerzan esta lectura. Pasaron de $1,5 billones en 2021 a $8,6 billones en 2025, lo que evidencia una presión cada vez mayor sobre la sostenibilidad del sistema. A esto se suman pérdidas netas por $6,5 billones en el último año, consolidando una cadena de resultados negativos.

En medio de este contexto, el análisis descarta que el problema esté en los gastos administrativos. Estos se mantuvieron dentro de los límites legales, entre el 6,2% y el 7%. El foco, entonces, se desplaza hacia el costo médico, que creció de forma sostenida y hoy representa el principal factor de desequilibrio. El modelo, tal como está estructurado, no logra ajustarse a esa realidad. “El problema dejó de ser coyuntural”, advirtió el informe, al señalar que los costos de atención superan de manera estructural los ingresos disponibles.

La situación se replica en distintos frentes. En el régimen contributivo, varias EPS operan con márgenes negativos. Algunas registran siniestralidades superiores al 110%, lo que confirma que incluso las entidades más grandes enfrentan dificultades para sostener su operación.

En el régimen subsidiado, el panorama tampoco es alentador. De las entidades que reportaron información, la mayoría cerró con pérdidas acumuladas cercanas a $1,3 billones. Solo unas pocas lograron resultados positivos, lo que muestra que el problema es generalizado. Frente a este escenario, las intervenciones estatales no lograron revertir la tendencia. Aunque en algunos casos se ralentizó el deterioro, no hay señales claras de recuperación estructural. El patrimonio sigue en negativo y las pérdidas persisten.

Esto abre un debate sobre la efectividad de las medidas adoptadas. La supervisión, aunque necesaria, no es suficiente para corregir el desbalance de fondo. El sistema continúa operando bajo condiciones que generan pérdidas de manera constante.

Tampoco la liquidación de EPS aparece como una solución definitiva. En muchos casos, trasladar afiliados a otras entidades o al Estado implica redistribuir el problema, sin eliminarlo. Además, este tipo de decisiones puede afectar la continuidad en la atención, especialmente cuando involucra a millones de usuarios.