La senadora María Fernanda Cabal, representante del Centro Democrático, fue judicialmente obligada a rectificar y ofrecer disculpas públicas por declaraciones realizadas el 29 de octubre de 2025 ante el medio digital La Silla Vacía, en las que afirmó que la Unión Patriótica (UP) fue “el brazo político de las Farc” y atribuyó a grupos guerrilleros el exterminio del partido.
Según el fallo del Juzgado 45 Civil Municipal de Bogotá, sus afirmaciones fueron infundadas y vulneraron los derechos fundamentales de las víctimas, por lo que la congresista deberá corregirlas en un plazo de cinco días.
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El mandato judicial establece que Cabal no solo deberá publicar la rectificación y la disculpa, sino que también deberá dejar claro que sus comentarios sobre la UP carecían de sustento probatorio y resultaron lesivos para los derechos a la verdad, la memoria, la justicia y la reparación integral de las víctimas reconocidas judicialmente.
La jueza encargada del caso, Ana Isabel Ariza Giraldo, subrayó que las expresiones de la senadora no constituyen opiniones protegidas por la libertad de expresión, sino imputaciones de hechos que afectan la reputación de un colectivo históricamente vulnerado.
La medida se tomó tras una tutela presentada por la Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín, en defensa de los derechos fundamentales de las víctimas, representadas legalmente por la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
La decisión judicial concluyó que las declaraciones de Cabal “fueron emitidas sin soporte probatorio suficiente y trastocaron la frontera entre hechos y opiniones, favoreciendo la estigmatización de las víctimas reconocidas judicialmente”, según informó El Tiempo.
Las declaraciones que motivaron la tutela generaron una fuerte polémica. En la entrevista, la senadora sostuvo textualmente: “La Unión Patriótica fue el brazo político de las Farc. Al ser el brazo político, estaba avalando los crímenes de las Farc, los secuestros, las desapariciones y el reclutamiento. (...) Los primeros asesinos de la Unión Patriótica fueron las mismas Farc y el ELN (...). Jamás repita que el Estado colombiano fue el exterminador de la UP, porque no es cierto. A la UP los exterminaron las Farc. El ELN ha sido de los peores asesinos de la Unión Patriótica”.
El fallo judicial determina que la senadora deberá difundir la rectificación utilizando los mismos canales y con igual alcance que la entrevista original. Además, deberá informar al juzgado sobre el cumplimiento de la medida y las condiciones de divulgación de la rectificación, en un intento por reparar el daño causado a la memoria histórica de la Unión Patriótica y de sus víctimas.
La jueza Ariza Giraldo habría resaltado la responsabilidad adicional que tienen los funcionarios públicos con proyección nacional al momento de emitir declaraciones públicas.
“Los servidores públicos deben orientar sus intervenciones a la defensa de los derechos fundamentales, evitando difundir conceptos sin sustento verificable, particularmente cuando pueden influir en la percepción social de comunidades vulnerables”, señaló el despacho judicial.
El análisis del juzgado enfatizó que las afirmaciones de Cabal carecían de pruebas suficientes y que la presentación indiferenciada de hechos y opiniones genera confusión y perpetúa la estigmatización de las víctimas.
“Ante la ausencia de material probatorio, la emisora del mensaje manifiesta opiniones negativas respecto del movimiento político, perpetuando la estigmatización de quienes se encuentran reconocidos actualmente como víctimas. El parecer subjetivo de la senadora no tiene base cierta verificable y omite diferenciar claramente hechos y opiniones, trayendo como consecuencia la inexactitud del mensaje transmitido”, indicó la resolución, según El Tiempo.
En su defensa, Cabal alegó que sus declaraciones constituían interpretaciones políticas dentro del marco del debate público y del ejercicio parlamentario. Afirmó que sus comentarios no deben ser objeto de rectificación, insistiendo en que correspondían a su rol como representante política y a la práctica democrática del debate de ideas.
La Defensoría del Pueblo y la Corporación Reiniciar sostienen que la rectificación es esencial para garantizar la memoria histórica, la verdad y la reparación integral de las víctimas, evitando que se difundan versiones inexactas que puedan afectar la percepción pública sobre episodios de violencia política.
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