En la madrugada del viernes 13 de marzo, un taxista en aparente estado de embriaguez embistió a cuatro agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá en los límites de los barrios Capri y Lucero Alto, en la localidad de Ciudad Bolívar.
El conductor huyó del lugar, pero fue interceptado tras una breve persecución y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
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El oficial de inspección de la Policía de Bogotá declaró al medio citado que el conductor “presentaba signos evidentes de haber ingerido alcohol” en el momento de su detención., de acuerdo con Noticias Caracol.
El hombre fue trasladado a la URI de Puente Aranda, donde se le practicaron pruebas de alcoholemia y quedó detenido mientras avanzan los procedimientos judiciales.
Las sanciones previstas por la legislación colombiana ante situaciones de este tipo son especialmente rigurosas: de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, las multas por manejar en estado de embriaguez pueden ir desde 1.7 millones hasta más de 60 millones de pesos, dependiendo del grado detectado durante la prueba.
Este esquema sancionatorio es complementado, además, por medidas como la suspensión o cancelación definitiva de la licencia, inmovilización del vehículo y obligación de realizar trabajos comunitarios.
Las agresiones a funcionarios públicos pueden acarrear penas de hasta 13 años de prisión
Durante el procedimiento de rutina, los uniformados realizaban un control de registro a un ciudadano cuando el taxi apareció a alta velocidad e hizo caso omiso a la señal de pare.
Al embestir al grupo de policías, el conductor optó por fugarse, lo que motivó una persecución policial que logró frenarlo a pocas cuadras del lugar del atropello, según informaron las autoridades. Los cuatro policías atropellados sufrieron lesiones leves y se encuentran fuera de peligro.
El Código Penal colombiano, específicamente el artículo 429, establece sanciones estrictas para quienes ejercen violencia física o civil contra funcionarios públicos en el desarrollo de sus funciones.
La ley contempla “penas de prisión que oscilan entre los cuatro y ocho años”, pero la gravedad de la condena puede aumentar hasta “entre seis y 13,33 años de prisión” si se emplea algún tipo de arma durante la agresión.
A esto se suman sanciones económicas, que pueden representar multas de alto valor. Estas normas buscan proteger la integridad de los representantes institucionales y asegurar el funcionamiento legal del Estado.
Un caso similiar en inmedicaciones de la Terminal Salitre
Un caso similar ocurrió el 3 de marzo de 2026 en las inmediaciones del Terminal Salitre, en el occidente de Bogotá, donde un conductor fue capturado tras arremeter con su vehículo contra un policía de tránsito que intentaba detenerlo en un puesto de control.
El hecho quedó registrado en varios videos grabados por testigos y difundidos ampliamente en redes sociales, lo que generó indignación entre los ciudadanos y provocó congestión vehicular en la zona mientras se desarrollaba el procedimiento policial.
Según el reporte de las autoridades, el conductor ignoró la señal de “pare” e intentó evadir el control.
El uniformado utilizó su bastón de mando para intentar frenar la marcha del automóvil, lo que dio inicio a una persecución. Durante uno de los intentos por detenerlo, la motocicleta del agente fue embestida y terminó atrapada debajo del vehículo gris.
A pesar del impacto, el policía logró apartarse a tiempo y evitó sufrir lesiones de gravedad. La captura del conductor requirió la intervención de varios uniformados, ya que el implicado se resistió activamente al procedimiento.
El director de tránsito de la Policía, coronel Jair Alonso Parra, señaló que el detenido podría enfrentar cargos por agresión a servidor público y daño en bien ajeno, además de recibir comparendos por las infracciones cometidas durante la evasión del control.
De manera extraoficial también se conoció que el propietario del vehículo acumularía antecedentes viales, entre ellos varios comparendos y multas pendientes por varios millones de pesos.
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