Productoras de medicamentos advirtieron sobre multimillonaria deuda del Gobierno y Petro les respondió: “La deuda es privada”

Un informe elaborado por la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro) junto a Sectorial reveló el impacto de la deuda que el sistema de salud en Colombia arrastró al finalizar 2025.

Según el informe, las cifras muestran que las obligaciones pendientes por medicamentos sumaron $4,75 billones, de los cuales $1,8 billones corresponden a facturas impagas que, según Afidro, superaron el plazo límite establecido para el pago.

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Al respecto, el presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta oficial de X, en la que propuso una subasta inversa y pago directo a laboratorios farmacéuticos.

En su publicación, el mandatario colombiano cuestionó a las EPS y las “deudas” que tienen con los laboratorios farmacéuticos.

Asimismo, recordó los pagos hechos por el Gobierno nacional, afirmando que la “deuda en su mayor parte es privada”.

“No es la deuda del sistema de salud con los laboratorios farmacéuticos, es la deuda de las EPS con los laboratorios farmacéuticos, cuyos dineros fueron entregados por el gobierno cumplidamente. La deuda en su mayor parte es privada”, expresó el mandatario colombiano.

El presidente Gustavo Petro propuso una subasta inversa por medio de las EPS intervenidas por el Gobierno nacional y así lograr la compra de medicamentos al menor precio posible.

“Lo que propongo es a través de las EPS intervenidas hacer una gran subasta inversa para la compra de medicamentos por moléculas al menor precio y de alta calidad posibles”, afirmó.

Según el jefe de Estado, “el pago debe ser directo”, explicando que debe realizarse desde la Adres a los laboratorios.

¿Qué dijo Afidro?

La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), junto a la firma Sectorial, presentó cifras que muestran una presión creciente sobre la industria farmacéutica en Colombia.

El informe indica que, al cierre de diciembre de 2025, la deuda total del sector alcanzó los $4,75 billones. De ese monto, $1,8 billones corresponden a facturas vencidas, es decir, pagos no realizados dentro de los plazos pactados.

Según Afidro, la morosidad ya no se percibe como un fenómeno transitorio. El informe señala que la cartera corriente representa el 66,69%, pero dentro de ese grupo, el 20,5% presenta retrasos superiores a 121 días.

Además, la cartera castigada —considerada irrecuperable— pasó de 3,59% en septiembre a 6,53% en diciembre de 2025. Los datos presentados por Afidro muestran que el nivel de cartera vencida se incrementó en 10 puntos frente a 2024.

El reporte de Afidro resalta que los gestores farmacéuticos concentran el 61% de la deuda total, con $2,9 billones, de los cuales $1,6 billones corresponden a cartera vencida. El canal institucional suma $3,4 billones, con una morosidad del 28,70%.

El informe también registra que la rotación de cartera, es decir, el tiempo promedio de pago, subió a 196 días en diciembre de 2025, frente a 134 días en 2024 y 125 días en 2023. Afidro advierte que este aumento dificulta la liquidez y la planeación en el sector.

En cuanto al flujo de recursos, el estudio de Afidro calcula que entre enero y octubre de 2025 se giraron $80 billones al sistema, lo que representa un crecimiento de 7,23%. Este porcentaje queda por debajo del promedio de años anteriores, que superaba el 10%. El informe vincula esta desaceleración con una mayor demanda de servicios.

La Contraloría, citada por Afidro, estima que el riesgo de una crisis sistémica subió del 30% en 2019 a 49,5% en 2024 y podría llegar a 60,4% en 2026. El informe relaciona la problemática con el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que para 2026 será del 9,03%, mientras los análisis técnicos sugerían un incremento cercano al 15%.

Afidro plantea que el 58% de la población asegurada depende de entidades con dificultades financieras y operativas.

Entre las propuestas, Afidro menciona la creación de mesas de diálogo con el Gobierno y actores del sector, la modernización de la metodología de la UPC y el fortalecimiento de la transparencia en el uso de recursos. El gremio señala que la viabilidad del sistema está en revisión y dependerá de ajustes estructurales.