
La Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma denunciará formalmente al Gobierno nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por lo que consideran un deterioro crítico y sostenido del sistema de salud, advirtiendo que la crisis genera un riesgo inmediato y real para la vida de miles de personas con enfermedades graves, como el cáncer, debido a la escalada en la escasez de medicamentos y la interrupción de tratamientos esenciales.
Según el material facilitado por la propia Fundación, la solicitud de Medida Cautelar ante la Cidh será presentada el 6 de marzo de 2026 en Bogotá.
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Yolima Méndez, representante legal de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma, Sor María Inés Delgado, directora de la Asociación de Enfermos Hepáticos y Renales, y Juan Carlos Bernal Pérez, abogado internacionalista, firmarán la denuncia reclamando la intervención urgente del organismo internacional por lo que consideran una vulneración grave al derecho fundamental a la salud.
Uno de los focos más graves identificados por la Fundación es la escasez de medicamentos especializados que afecta especialmente a quienes padecen enfermedades oncológicas y crónicas, cuya vida depende de tratamientos continuos y de alto costo.

La organización advirtió que miles de pacientes enfrentan una incertidumbre dramática cada mes acerca de la posibilidad real de continuar con sus terapias, un escenario que puede definir la diferencia entre la vida y la muerte.
“El cierre masivo de servicios médicos, la insolvencia financiera de múltiples EPS, la congestión estructural en los servicios de urgencias y la interrupción de tratamientos de alto costo han generado un deterioro acelerado en la continuidad y disponibilidad de los servicios esenciales de salud”, dice el comunicado emitido por la Fundación.
“Uno de los puntos más críticos de esta crisis es la grave escasez de medicamentos, situación que afecta especialmente a pacientes con enfermedades de alto riesgo como el cáncer. Muchos de ellos enfrentan mes a mes una dramática incertidumbre sobre la continuidad de sus tratamientos, lo cual puede significar la diferencia entre la vida y la muerte”, se añade en el documento.
El diagnóstico presentado por la Fundación sostiene que el deterioro del sistema se refleja en el cierre masivo de servicios médicos, la insolvencia financiera de varias EPS, y la congestión estructural de los servicios de urgencias.

Estas situaciones han provocado interrupciones en la entrega y disponibilidad de tratamientos esenciales, afectando directamente la integridad y dignidad de los pacientes.
La radicación de la Medida Cautelar ante la Cidh, anunciada por la Fundación, busca activar la intervención internacional para exigir que el Estado colombiano implemente mecanismos eficaces que garanticen la prestación del servicio de salud en condiciones mínimas de continuidad y calidad.
Los impulsores de la acción consideran que actualmente existe un riesgo inminente para la vida de miles de personas, particularmente aquellas que necesitan continuidad terapéutica y acceso oportuno a medicamentos especializados.
El documento dirigido a la Cidh reunirá evidencia y análisis bajo enfoques médicos, jurídicos y humanitarios. Los peticionarios advierten que el Estado colombiano ha sido incapaz de materializar el derecho constitucional a la salud y llaman a la comunidad internacional a prestar atención urgente a lo que describen como una emergencia nacional de derechos humanos.
En palabras de Yolima Méndez, representante legal de la Fundación, “los pacientes no pueden seguir en una espera inhumana que no se compadece de su condición de salud”.

“Los proponentes consideran que la actual situación del sistema de salud configura un riesgo inminente para la vida de miles de pacientes, especialmente aquellos que dependen de tratamientos continuos, medicamentos especializados y atención oportuna”, dice el comunicado.
Con este acto, los reclamantes buscan visibilizar ante organismos multilaterales y la opinión pública la gravedad de la crisis, e insisten en la necesidad de acciones urgentes para garantizar el acceso efectivo a la salud.
La Fundación invita a la cobertura nacional e internacional del acto formal de radicación, en el que expondrán los argumentos y datos que justifican su solicitud ante la Cidh.
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