La estatal colombiana Ecopetrol ha presentado su tercera solicitud ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos para obtener la autorización necesaria que le permita importar gas desde Venezuela y cubrir el déficit que se prevé a partir de 2026.
El contexto geopolítico reciente y el avance de los diálogos entre los gobiernos estadounidense y venezolano han modificado el panorama, abriendo la posibilidad a un acuerdo que, hasta hace poco, se consideraba inviable debido a las sanciones.
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Sin embargo, la reactivación del intercambio energético con el país vecino dependerá tanto de la eliminación de restricciones legales como de la pronta rehabilitación del gasoducto Antonio Ricaurte, cuya reparación demandaría entre USD 20 y 30 millones y un período de entre 18 y 24 meses.
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Durante la presentación de resultados financieros 2025, Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, señaló que la compañía solo podrá avanzar en la importación de gas venezolano si concurren tres condiciones específicas: que la Ofac levante las restricciones vigentes, que se garantice la integridad mecánica del gasoducto Antonio Ricaurte y que exista disponibilidad del hidrocarburo conforme a la nueva legislación de hidrocarburos en Venezuela, que permite la actuación de empresas privadas y estatales.

El contrato entre Ecopetrol y la Petróleos de Venezuela (Pdvsa) vigente desde 2007 será el marco legal que respalde cualquier eventual operación.
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Roa precisó: “El contrato entre Ecopetrol y Pdvsa, vigente desde 2007, es el vehículo jurídico que respalda cualquier operación. Si un actor privado desea suministrar gas, Pdvsa debe cederle los derechos y obligaciones del contrato existente”.
El directivo también admitió que aún no existen transacciones en marcha, pero la empresa ha desarrollado diagnósticos y presupuestos preliminares para restaurar las condiciones físicas del gasoducto y evaluar los tiempos y costos de rehabilitación pertinentes.
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“Estamos listos para actuar cuando se levanten las restricciones. Por ahora seguimos evaluando todos los frentes y trabajando sobre las condiciones legales y técnicas necesarias”, indicó Roa.

La Ofac mantiene sanciones que excluyen a la estatal venezolana Pdvsa de transacciones directas con compañías colombianas como Ecopetrol. Sin embargo, la emisión de la Licencia General No. 50A por parte del Gobierno de Estados Unidos en febrero de 2026 ha abierto opciones limitadas para la importación de hidrocarburos desde Venezuela.
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Esta licencia faculta exclusivamente a multinacionales privadas como BP, Chevron, ENI, Maurel & Prom, Repsol y Shell para vender gas venezolano a usuarios en el exterior bajo estrictas condiciones.
Como indicó el Ministerio de Energía de Colombia tras la visita oficial a Caracas en febrero de 2026, Ecopetrol solo podrá importar gas natural si el vendedor es una petrolera privada con la debida licencia de la Ofac.
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El mercado mayorista colombiano, a su vez, estaría en condiciones de absorber esta oferta provenientes de multinacionales, siempre y cuando se restaure la infraestructura necesaria.
Rodolfo García, director corporativo y de cumplimiento de Ecopetrol, detalló durante la última rendición de cuentas que “la petrolera ya presentó una nueva solicitud de licencia a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros para que habilite los negocios que tenemos identificados en Venezuela en la medida que el gobierno lo permita”.
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Añadió: “El permiso para la importación de gas natural requiere de un licenciamiento especial diferente a la de crudos. Las restricciones siguen vigentes (...) para utilizar el gasoducto Antonio Ricaurte se necesita un permiso especial. Las licencias posteriores admiten ciertas negociaciones pero estarán sujetas a la obtención de nuevas licencias”.

El gasoducto Antonio Ricaurte, de 224 kilómetros y en operación transfronteriza desde 2007 hasta su cierre en 2015, se presenta como la única opción viable para transportar el gas venezolano a Colombia. La restauración del ducto exigiría una inversión de entre USD 20 y 30 millones, y las obras de rehabilitación podrían extenderse hasta dos años.
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Al deterioro de la línea de transporte se suma el estado de la infraestructura de procesamiento de gas en Venezuela, afectada por dos décadas de falta de inversión. Los estudios técnicos resaltan que el hidrocarburo venezolano requiere mejoras en el procesamiento, específicamente en la remoción de CO₂ y el aumento de la presión, para cumplir los estándares exigidos en los gasoductos colombianos.
Las compañías multinacionales habilitadas por la autorización de la Ofac disponen de los recursos tecnológicos y financieros necesarios para realizar estas adaptaciones, así como para conectar los campos de gas del este venezolano con el punto de entrega en Maracaibo.
En materia de competencia, la normativa colombiana otorga a las partes privadas el derecho a negociar o exigir el acceso al gasoducto Antonio Ricaurte, que está considerado una facilidad esencial. En caso de desacuerdo, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) o la Superintendencia de Industria y Comercio pueden intervenir para garantizar estos derechos y asegurar la entrada del gas venezolano al sistema colombiano.

Colombia prevé un déficit de gas para 2026, lo que intensifica la búsqueda de soluciones, incluidas alternativas como la reactivación de importaciones desde Venezuela.
Según detalló Ricardo Roa, importar gas venezolano permitiría complementar la oferta energética durante el período en que entren en operación proyectos como las regasificadoras del Pacífico, Coveñas o Puerto Bahía, y antes de que esté disponible el gas de Sirius.
Actualmente, casi 12 millones de usuarios colombianos dependen del servicio público domiciliario de gas, cuya continuidad impone la urgencia de asegurar suministros complementarios mientras se materializan inversiones y restauraciones transfronterizas.
La regulación estadounidense y el estado de la infraestructura venezolana condicionan los plazos, pero la combinación de nuevas licencias, cooperación internacional y el esfuerzo de Ecopetrol abren un escenario en el que los riesgos de ayer pueden convertirse en las oportunidades energéticas del futuro colombiano.
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