El abogado Alejandro Carranza solicitó públicamente a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, dar prioridad a la investigación del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci Albertini y expresó cuestionamientos sobre la actuación del ente acusador frente a denuncias relacionadas con el excanciller Álvaro Leyva.
La petición fue publicada en su cuenta de X y se produce en el contexto de una denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la Nación por el periodista Gonzalo Guillén contra el exfiscal delegado Mario Burgos Patiño.
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Solicitud de prioridad en el caso Pecci
En su publicación, Carranza escribió: “Señora Fiscal General, Dra Luz Adriana Camargo: Le escribo públicamente para solicitarle amablemente que le dé prioridad a la investigación del caso Pecci, tal como lo ha solicitado el señor presidente Gustavo Petro y ahora el distinguido periodista Gonzalo Guillén”.
Agregó que la denuncia sobre el caso ha sido difundida por diversos medios y por los propios implicados, y afirmó: “(...) ha generado importantes inquietudes y preguntas que el presidente Petro ha planteado públicamente, varias veces, sin que hasta el momento se hayan resuelto”.
El pronunciamiento del abogado se produjo luego de que Guillén interpusiera una denuncia penal contra Burgos Patiño por presuntas omisiones y actuaciones irregulares durante la investigación del homicidio de Pecci, quien fue asesinado el 10 de mayo de 2022 mientras se encontraba en Colombia.
Según el documento presentado por el periodista, aunque el proceso derivó en condenas contra varios autores materiales e intermediarios, habrían existido fallas que impidieron el esclarecimiento integral del crimen, en especial en la identificación y judicialización de responsables logísticos y autores intelectuales. Guillén sostiene que esas falencias obedecerían a decisiones y omisiones del entonces fiscal del caso, quien dirigió la investigación entre mayo de 2022 y septiembre de 2024.
La denuncia expone que desde los primeros días existían evidencias documentales y testimoniales que señalaban a por lo menos cuatro personas con presunta participación en la planeación, financiación y ejecución del asesinato. No obstante, estas no habrían sido imputadas ni sometidas a medidas judiciales durante el tiempo en que Burgos tuvo el control del expediente.
En ese sentido, la acción solicita la apertura de una investigación preliminar por delitos como prevaricato por omisión, abuso de autoridad y fraude procesal, entre otros. También pide que se asigne un fiscal independiente de otra seccional, que se preserve el expediente del caso Pecci y que se practiquen diligencias con todos los involucrados mencionados.
El escrito recoge señalamientos contenidos en una carta pública de Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, condenada a 35 años de prisión, quien acusó al exfiscal Burgos de presionarla para inculpar a un expresidente paraguayo. Además, menciona declaraciones de Andrés Felipe Pérez Hoyos, condenado como articulador financiero del crimen, quien aseguró conocer a los autores intelectuales.
Burgos fue retirado de la investigación en septiembre de 2024. De acuerdo con la denuncia, tras su salida no se habrían evidenciado avances sustanciales en las líneas investigativas señaladas.
Cuestionamientos por denuncias contra Álvaro Leyva
En su carta pública, Carranza también manifestó preocupación por la falta de avances frente a denuncias relacionadas con el excanciller Leyva. Señaló que, pese a que el exfuncionario “lanzó públicamente afirmaciones injuriosas y calumniosas”, la Fiscalía no habría adoptado decisiones al respecto.
El abogado recordó que Leyva envió cartas y comunicados y que posteriormente, al ser confrontado en la Comisión de Acusaciones, declaró bajo juramento no haber visto al presidente consumir ninguna sustancia. También afirmó: “Por demás, este caso, la #Fiscalia permitió la obstrucción del Congresista Carlos Alberto Cuenca para la recolección de los videos de la audiencia, hecho que puse en conocimiento de la honorable Corte Suprema de Justicia”.
Carranza sostuvo que posteriormente se ordenó el cambio de fiscal del caso y que hasta la fecha no se conoce si se obtuvo el video de la diligencia ni si se ha producido alguna imputación. En ese contexto, expresó: “Le solicito amablemente que considere la urgencia y el interés nacional de estos asuntos y tome las medidas necesarias para asegurar una investigación justa y expedita”.
En otro apartado del mensaje afirmó: “La nación la observa, señora Fiscal, y la institución solo parece servir para perseguir al gobierno en estos tiempos”.
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