El abogado penalista Iván Cancino volvió a generar debate sobre seguridad en Bogotá al cuestionar la reciente estrategia impulsada por el alcalde Carlos Fernando Galán.
A través de su cuenta en X, Cancino señaló que “el alcalde Galán, con buena intención, está tratando de convencer a la ciudadanía de que los problemas de la falta de políticas públicas de seguridad, de eficiencia de la policía y de capacitación de la Fiscalía se han solucionado con normas que metan a más personas a la cárcel, algo totalmente equivocado”.
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Para el abogado, conocido en Colombia por su participación en casos judiciales de alto perfil, endurecer las sanciones no ataca las raíces de la crisis de seguridad que atraviesa la capital. “No es con más encarcelamientos que vamos a resolver la insuficiencia de políticas públicas o la falta de capacitación en la Fiscalía”, remarcó.
La opinión de Cancino surge en medio de un clima de preocupación ciudadana por episodios recientes de secuestro extorsivo y el llamado “paseo millonario”, incluyendo el caso reciente de Diana Ospina, que han puesto en evidencia la sensación de inseguridad en varios sectores de la ciudad.
La discusión también ha llegado al Concejo de Bogotá, donde se han abierto debates sobre la efectividad de las medidas de seguridad implementadas por la administración distrital.
Según cifras oficiales de la Policía Nacional, los secuestros extorsivos en Bogotá pasaron de 8 a 37 casos entre 2024 y 2025, lo que representa un aumento del 362%.
La Alcaldía atribuye este incremento, en parte, a un cambio en la tipificación legal del “paseo millonario”: desde 2025, estos casos se clasifican como secuestro extorsivo y no solo como hurto calificado, con penas que pueden llegar hasta los 42 años de prisión.
Galán ha defendido esta decisión, señalando que refleja la gravedad de los hechos y asegura sanciones más severas, aunque admite que “no significa necesariamente un aumento de los hechos”.
Nuevos refuerzos para la Policía
En respuesta a esta situación, la Alcaldía formalizó la entrega de 120 motocicletas de alto cilindraje a la Policía Nacional, con una inversión que supera los 8.000 millones de pesos. El objetivo es mejorar la capacidad de reacción ante emergencias y ampliar la vigilancia en los 19 sectores urbanos de la ciudad.
El alcalde Galán destacó que “esta entrega fortalece la capacidad de reacción de los uniformados capitalinos y mejora la presencia institucional en los puntos críticos de la ciudad”.
Las nuevas motocicletas se utilizarán para patrullaje, vigilancia por cuadrantes y apoyo a operativos contra el hurto a personas y motocicletas, priorizando zonas con altos índices de denuncias y congestión vial.
Además, la Alcaldía ha implementado las llamadas “Zonas Seguras” en sectores con gran afluencia nocturna, como la Zona T, Modelia y el Distrito Diverso. Allí, los ciudadanos pueden acceder a taxis verificados, cuyos conductores y vehículos han pasado controles de antecedentes y registros biométricos.
También se entregaron 71 motocicletas a los agentes de tránsito y se expandió la red de videovigilancia, incorporando nuevas herramientas tecnológicas para fortalecer el trabajo policial.
Durante 2025, la línea de emergencias 123 recibió más de 1,2 millones de llamadas relacionadas con seguridad y convivencia. Las autoridades esperan que la nueva dotación de vehículos y la modernización tecnológica reduzcan los tiempos de respuesta y mejoren la prevención en sectores vulnerables.
El comandante de la Policía Metropolitana Giovanni Cristancho destacó que el parque automotor renovado “mejora la autonomía operativa de las patrullas y amplía la capacidad de control territorial”.
En el ámbito judicial, la administración asegura que el historial de toda persona capturada por delitos violentos será tenido en cuenta en las decisiones de los jueces sobre medidas de aseguramiento, reforzando la política de cero impunidad.
Sin embargo, Cancino insiste en que estas medidas no resuelven los problemas de fondo y que es necesario mejorar la coordinación entre la Policía, la Fiscalía y la Rama Judicial, así como fortalecer las políticas públicas de seguridad y la capacitación institucional.
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