Debate en el Concejo por presunto gasto de $157.000 millones en actos masivos: Pacto Histórico defiendió la inversión del Gobierno nacional

El Concejo de Bogotá fue escenario de un nuevo episodio de controversia política a raíz de la denuncia de la concejala Andrea “Tata” Hernández, que acusó al Gobierno nacional de un presunto derroche de $157.000 millones de pesos en eventos, conciertos masivos y contratos de logística solo durante enero de 2026.

La cifra, sustentada en documentos oficiales, encendió el debate sobre las prioridades del Ejecutivo y el destino real del presupuesto nacional, en particular en tiempos de crisis social y fiscal.

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Según la denuncia, 19 entidades estatales habrían ejecutado estos recursos, destacando la Unidad para las Víctimas con más de $76.000 millones y la Presidencia de la República con contratos superiores a $13.000 millones. Hernández insistió en que estos gastos demuestran una desconexión de la administración del presidente Gustavo Petro con las necesidades urgentes del país.

“Un gobierno que necesita tarimas para sostenerse, es un gobierno que no tiene resultados para mostrar. El petrismo está más preocupado por el espectáculo que por resolver los problemas reales”, aseveró la cabildante, que además agregó que, en su opinión, “la plata pública no es para comprar aplausos, es para resolver problemas”.

Hernández subrayó la contradicción de que, mientras sectores como la salud y la seguridad enfrentan dificultades, el Ejecutivo destine sumas millonarias a actividades logísticas, lo que a su juicio pone en riesgo la capacidad futura de Colombia para financiar necesidades esenciales. “Tarde que temprano el bolsillo no aguantará tanto derroche. Están acabando con las empresas que producen y pronto no habrá quién pague sus eventos”, advirtió.

La denuncia, sin embargo, fue respondida con fuerza por los concejales del Pacto Histórico, quienes defendieron el uso de los recursos y cuestionaron el enfoque de Hernández. En declaraciones exclusivas a Infobae Colombia, José Cuesta argumentó que la comunicación de los resultados de la gestión pública es una necesidad estructural del Estado, especialmente en un país con brechas históricas y dificultades de acceso a la información veraz en territorios periféricos.

“La actividad política del presidente Petro en relación con la difusión y la promoción de programas y políticas públicas requiere un componente de comunicación”, señaló Cuesta.

El concejal ejemplificó con la reforma a la salud, indicando que “el gobierno del presidente Petro, en los últimos tres años y medio, evitó el colapso de la salud pública en todo el país, a pesar del bloqueo institucional del Congreso de la República, que impidió en dos ocasiones que se materializara la cristalización de la reforma a la salud”. Cuesta enfatizó que, gracias a “decisiones gubernamentales y gobernativas, se pudo llevar a efecto la creación de más de ocho mil equipos básicos de salud”, conformados por aproximadamente “cincuenta mil funcionarios en equipos interdisciplinarios” desplegados en territorios donde “nunca van las EPS”.

El concejal también criticó la falta de atención sobre el destino de los fondos en el sector salud, señalando: “La concejala habla de los 157.000 millones de pesos, pero no habla de los 23 billones de pesos que se robaron las EPS. Pongamos las cosas con su nombre concreto”. Cuesta defendió que los rubros cuestionados por Hernández son “el resultado de la inversión de unos recursos para ser efectivos y para poner en comunicación la realidad de lo que viene haciendo el gobierno, por ejemplo, en materia de salud”.

Refiriéndose a la reciente Asamblea Nacional por la Salud Pública, Cuesta detalló que el evento reunió a “del orden de 20.000” profesionales, y que “eso implicaba unos costos”.

“Eso no significa que el evento, por ejemplo, que hubo en la plaza de Bolívar de la Asamblea Nacional por la Salud Pública, se haya consumido esa plata. No, ahí se consumió una parte, una porción, como se denomina en términos contractuales, de ese contrato mayúsculo que garantiza que efectivamente todas las actividades de política pública y de programas de gobierno que están desarrollándose con éxito puedan ser comunicadas adecuadamente, no solamente en Bogotá, también en el Tama, en Arauca, en San Andrés, en Barranquilla, en Valledupar, en Sincelejo”, sostuvo.

Cuesta además cuestionó la cobertura mediática de la denuncia y acusó a los medios de comunicación de “distorsionar y confundir a través de fake news y posverdades”, mientras ignoraban el presunto desfalco de las EPS. Para el cabildante, “este es el presidente de la República, el único presidente que en los últimos setenta años logra llegar con el sol a sus espaldas después de casi cuatro años de gobierno y tiene cincuenta y cuatro por ciento de popularidad, de aceptación y de aprobación de su gestión”.

Por su parte, Heidy Sánchez defendió la realización de eventos públicos como una práctica común en todos los gobiernos, sean del orden nacional o distrital. “Es importante mencionar, y para claridad de la concejal, que todos los gobiernos, independientemente del gobierno de turno, han hecho eventos de carácter masivo con el objetivo de difundir los resultados de una política que viene funcionando o con el objetivo de socializar programas a implementar en determinadas regiones del país”, declaró Sánchez a Infobae Colombia.

La cabildante explicó que la entrega de tierras o la socialización de acuerdos de paz requieren convocatorias públicas y que “estos actos buscan acercar a la ciudadanía a la gestión pública y difundir resultados como la entrega de tierras y el cumplimiento de acuerdos de paz”.

Sánchez cuestionó que Hernández no precisara si existen “sobrecostos al respecto” y la invitó a contrastar estos gastos con los realizados por administraciones anteriores o con los de la propia Alcaldía Mayor de Bogotá. “Este gobierno está llegando a lugares donde ningún otro gobierno ha llegado y desplazar a la ciudadanía para que se entere o para entregar resultados, pues también tiene costos”, subrayó.

Sánchez también rechazó las afirmaciones sobre el supuesto deterioro económico del país bajo el actual gobierno. “Dice que se han venido quebrando las empresas, pues las cifras demuestran otra cosa. Por el contrario, la economía ha mejorado, el desempleo ha disminuido, la informalidad ha disminuido, la inflación no está a tope como por lo menos el uribismo lo planteaba desde que llegó el gobierno del presidente Gustavo Petro en el año 2022”, sostuvo.

En la misma línea, Ana Teresa Bernal valoró la importancia de los eventos organizados desde entidades como el Ministerio de Salud, donde se presentan logros y se socializan políticas públicas.

“Si se refiere la denuncia al evento organizado desde el Ministerio de Salud, en donde se hace una entrega importante de recursos como ambulancias para diferentes municipios del país, donde se presenta la política de salud que se está desarrollando ya en este momento y que se desarrollará con mayor fuerza con los catorce mil equipos territoriales para prevención de enfermedades, lo que es atención primaria en salud, me parece que fue un evento muy importante donde se dieron a conocer una serie de hechos significativos en materia de lo que el Gobierno nacional está haciendo en salud”, afirmó Bernal a Infobae Colombia.

Bernal lamentó que “buena parte del debate mediático no esté centrado en avances que ha tenido el Gobierno importantes como el tema de la inflación, el tema de la disminución del desempleo, el tema salarial, también el poder saber exactamente qué está pasando con la vida laboral de los trabajadores en muchas empresas”.

“Es una obligación de los gobiernos presentar y comunicar cuáles son sus balances y su rendición de cuentas en políticas públicas y los resultados que han tenido. Es una obligación para que el país conozca esa verdad y una obligación en el marco de la democracia”.

El debate en el Concejo de Bogotá pone en evidencia diferencias profundas sobre el uso de los recursos públicos y la transparencia presupuestal. Mientras Hernández insiste en que el gasto en eventos y logística responde a una agenda política y desvía recursos de necesidades apremiantes, los concejales del Pacto Histórico argumentan que la comunicación y socialización de políticas públicas es una herramienta legítima y necesaria para democratizar la gestión del Estado, especialmente en territorios históricamente excluidos.