Impuesto que creó el Gobierno Petro afectaría el ahorro: su efecto no se limitaría y se extendería a toda la economía colombiana

La inclusión del impuesto al patrimonio en Colombia que hizo el Gobierno de Gustavo Petro generó preocupación entre actores del mercado de capitales y especialistas tributarios.

Voceros gremiales advirtieron que la ya establecida sobretasa al impuesto de renta para el sector financiero, que eleva la carga tributaria de las empresas comisionistas de bolsa del 39% al 54%, junto con el nuevo gravamen para personas jurídicas con patrimonios líquidos superiores a 200.000 unidades de valor tributario (UVT), equivalentes a $10.400 millones), podría erosionar la confianza inversionista, el ahorro y la capacidad de acumulación de capital, en un escenario de emergencia climática y de urgencia fiscal.

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Dichas medidas, establecidas por el Decreto 173 de 2026 durante el Estado de Emergencia Ecológica y Económica, contemplan un gravamen del 0,5% general para el impuesto al patrimonio que sube al 1,6% en los sectores financiero y extractivo. Expertos y representantes gremiales apuntan que estos cambios pueden modificar de manera estructural las condiciones para el desarrollo empresarial y el mercado bursátil.

La presidenta de la Asociación de Comisionistas de Bolsa de Colombia (Asobolsa), Shenny González Uribe, afirmó que el mercado de capitales desempeña una función esencial como canalizador del ahorro nacional hacia la inversión, lo que favorece el empleo, la innovación y el crecimiento económico.

“Cuando se envían señales fiscales que encarecen la actividad financiera y empresarial, se afecta el ahorro, se desincentiva a los emisores y la capacidad del país de financiar proyectos productivos”, dijo.

Impacto en la confianza inversionista y el mercado de capitales

González Uribe enfatizó en que el alcance de los nuevos impuestos trasciende lo sectorial. “No es simplemente un asunto sectorial. Cuando se debilita el mecanismo que transforma ahorro en inversión, el impacto se extiende a toda la economía”, resaltó.

Sostuvo que la inversión depende no sólo de la rentabilidad, sino, sobre todo, de la seguridad que transmiten las reglas tributarias y regulatorias. “La inversión responde a la rentabilidad esperada, pero aún más a la confianza. Y en materia de capital, las señales importan”, insistió.

Desde Asobolsa se reiteró que la sostenibilidad fiscal es relevante, aunque resulta indispensable que las reformas tributarias sean evaluadas de forma integral, considerando su impacto en la actividad empresarial y en el entorno de inversión.

Carga tributaria para el sector financiero

De acuerdo con cálculos del gremio, las empresas comisionistas de bolsa soportan tasas efectivas de tributación en torno al 39% antes de la nueva sobretasa. Con la aplicación del incremento, la carga se eleva al 54%.

El repunte genera preocupación por el aumento de los costos operativos y la pérdida de competitividad frente a otras jurisdicciones. Además, Asobolsa advirtió que el efecto no se limita a los grandes actores del mercado, sino que recae sobre toda la cadena de creación de capital y de inversiones productivas.

Efectos estructurales del impuesto al patrimonio

El impuesto al patrimonio aprobado coincide con la fase de reconstrucción tras las graves inundaciones en el departamento de Córdoba, uno de los detonantes de la declaratoria de emergencia por del Gobierno. El socio fundador de Bastet Family & Corporate Consulting Mauricio Marín Elizalde considera que “en un momento en el que el país necesita empresas sólidas para sostener el empleo y apoyar la recuperación económica, esta medida reduce músculo financiero y envía una señal de incertidumbre”.

Explicó el experto en que el tributo recae sobre la acumulación de activos y la reinversión de utilidades, en vez de estar vinculado a los ingresos generados. Esto, en la práctica, impacta a las compañías que reinvirtieron utilidades en infraestructura y expansión, mientras que aquellas con menor peso de activos terminan con una carga proporcionalmente inferior.

Por disposición retroactiva, transacciones societarias hechas entre el 1 de enero y el 1 de marzo de 2026 deberán ser reconsideradas en el cálculo patrimonial, una situación que inquieta al sector en materia de seguridad jurídica y de previsibilidad para las decisiones empresariales.

Riesgos de tributación múltiple y seguridad jurídica

Marín Elizalde advirtió sobre el riesgo de una tributación múltiple: primero sobre las utilidades, después sobre los dividendos, luego sobre el patrimonio de la sociedad y, finalmente, sobre el accionista por el valor de sus acciones. “Cuando un mismo flujo económico es gravado en distintos momentos y en diferentes niveles, el efecto deja de ser coyuntural y se vuelve estructural. No solo aumenta la carga fiscal efectiva, sino que modifica los incentivos de inversión, reinversión y permanencia de capital en el país”, expresó.

El análisis destaca también la relevancia de la estabilidad normativa para la economía. “La seguridad jurídica es un pilar del sistema económico. Cambiar las reglas después de adoptadas las decisiones empresariales genera desconfianza y abre escenarios complejos de litigio”, remarcó Marín Elizalde. “En materia tributaria, la igualdad implica aplicar diferencias razonables y proporcionadas. Cuando el diseño rompe esa proporcionalidad, se abren debates legítimos de constitucionalidad”, anotó.

Una medida de emergencia con efectos permanentes

Las medidas adoptadas bajo estados de excepción deberían ser temporales, proporcionales y técnicamente justificadas. Sin embargo, para el abogado, el impuesto al patrimonio corporativo impacta de manera directa la capitalización empresarial en un momento en que el país requiere fortalecer la estructura productiva para enfrentar la crisis climática y económica. “El debate no es si el Estado necesita recursos. El debate es cómo obtenerlos sin debilitar la inversión, el ahorro empresarial y la confianza jurídica”, finalizó.