Ricardo Bonilla González, exministro de Hacienda, permanecerá bajo privación de libertad mientras avanza el proceso penal que enfrenta por su supuesta implicación en el escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
El funcionamiento de la medida se mantuvo luego de que el Tribunal Superior de Bogotá negara el habeas corpus solicitado por la nueva defensa de Bonilla, argumentando que no se ha resuelto la apelación presentada contra la decisión del pasado 18 de diciembre de 2025. Por cuestiones de seguridad, Bonilla se encuentra recluido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), ubicado en el noroccidente de Bogotá.
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Cabe recordar que la defensa del ex alto funcionario alegó que las demoras en la respuesta de la apelación configuran una vulneración directa a los derechos procesales de quien recientemente cumplió 76 años. En la solicitud, se enfatiza que desde la privación de libertad, “no se ha notificado a los suscritos apoderados ni el acta de reparto ni el fallo que resuelva la alzada”.
La magistrada Alexandra Rosero consideró la gravedad de los hechos para rechazar la solicitud de detención domiciliaria y decidió mantener la medida carcelaria. En los próximos días se establecerá la fecha de la audiencia en que será decidido el recurso de apelación presentado por la defensa.
Tras la negativa, el exministro será presentado ante la Corte Suprema de Justicia para responder por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer. En el expediente de la Fiscalía consta que en 2023, cuando ocupaba el despacho de Hacienda, Bonilla recibió información específica sobre la manipulación de contratos en poder tanto de la Ungrd como del Instituto Nacional de Vías (Invías).
Los roles de Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco en el entramado de corrupción
La fiscal del caso indicó que Ricardo Bonilla solicitó al entonces director de la Ungrd, Olmedo López, tramitar contratos en los que varios congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público —Wadith Alberto Manzur, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrid Manrique Olarte, Juan Diego Muñoz Cabrera, Liliana Ester Vitar Castilla y Juan Pablo Gallo Maya— “se habían interesado ilícitamente”. El propósito, según la acusación, era “favorecer a los congresistas” y asegurar que, antes del cierre del periodo legislativo, se llevara a votación proyectos en los que el Gobierno nacional tenía interés.
Entre mayo de 2023 y mediados de 2024, el ente acusador sostuvo que Bonilla González y Luis Fernando Velasco establecieron concertaciones con otros actores “conocidos y desconocidos” que tenían como objetivo “cometer delitos contra la administración pública con el fin de asegurar las mayorías parlamentarias que le permitieran la aprobación de proyectos de ley del Gobierno y la tramitación exitosa de créditos de la Nación”. Esta estrategia, de acuerdo con los fiscales encargados, constituye el núcleo del proceso por el cual Bonilla sigue detenido y a la espera de que se resuelva su recurso de apelación.
La Fiscalía señala que, entre septiembre y diciembre de 2023, intercedieron en tres contratos de la Ungrd destinados a la mitigación y atención de emergencias en Saravena, Arauca, Cotorra, Córdoba, y el corregimiento El Salado en Carmen de Bolívar, ubicado en el departamento de Bolívar, por un valor de $86.619.000.000. Las pruebas indican que estos contratos no llegaron a ser direccionados, aunque los congresistas que serían beneficiados aprobaron 17 notas de crédito de endeudamiento a favor del Gobierno nacional.
En caso de ser hallados responsables, los exministros podrían enfrentar penas superiores a los doce o quince años de prisión y pagar una multa de hasta 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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