Encontraron cámaras de seguridad no autorizadas en el Ministerio de Educación: no se sabe cómo fueron adquiridas ni por qué

El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, denunció a través de su cuenta de X el hallazgo de todo un sistema de vigilancia no autorizado en las instalaciones del Ministerio de Eduación. De acuerdo con el jefe de la cartera, dicho sistema está integrado por al menos 10 cámaras, que fueron ubicadas en algunas oficinas de la sede y en los sótanos.

Esos equipos de grabación no hacen parte del sistema oficial de monitoreo institucional. Tampoco están en el inventario de bienes del ministerio y no hay ningún acto administrativo o documento en el que se evidencie cómo fueron adquiridos e instalados. Se desconoce su custodia y el objetivo por el cual fueron ubicados en las instalaciones.

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En consecuencia, el ministro de Educación informó que se tomarán acciones legales ante la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se investigue a fondo la situación. Esto, teniendo en cuenta que el funcionamiento de las cámaras ajenas al sistema de monitoreo oficial constituye una vulneración a los protocolos de seguridad institucional y al tratamiento de la información.

Aunado a ellos, afirmó que “estos equipos, presuntamente también contaban con registro de audio y sistema de grabación activa”.

Seguridad y privacidad en riesgo: presuntas interceptaciones a la Corte Constitucional

Los aspectos relacionados con la presunta vulneración de la seguridad de la información y de la privacidad han sido noticia más de una vez en Colombia. En 2024, el entonces vicepresidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, denunció ante la Fiscalía General de la Nación presuntas interceptaciones, monitoreos y seguimientos ilegales.

Los entonces presidentes del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, integrantes de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, emitieron un comunicado rechazando la situación de expuso el magistrado Ibáñez y solicitaron al Gobeirno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, brindar garantías a los miembros de la Rama Judicial, para que puedan cumplir con sus funciones.

“Los hechos han sido puestos en conocimiento de la opinión pública y de las autoridades, que, de verificarse, ponen en riesgo la independencia de la Rama Judicial y constituyen una grave afrenta a la democracia colombiana y la seguridad de los jueces y magistrados que imparten justicia”, se lee en el comunicado.

En noviembre de 2025, el primer mandatario recordó la denuncia que hizo el exvicepresidente de la Corte Constitucional, asegurando que las presuntas interceptaciones de las que habrían sido víctimas el magistrado y otros funcionarios no surgieron por orden de la Presidencia de la República.

“Esto es falso, no hay ninguna orden de interferir comunicaciones de magistrados. No rompemos la ley, no nos asemejen a gobiernos anteriores”, afirmó el jefe de Estado.

En otra publicación en su cuenta de X, el primer mandatario negó que el Gobierno nacional estuviera involucrado en la interceptación de las comunicación del alto tribuanal y recordó que él, como presidente, prohibió esta práctica “explícitamente”.

Informó que la inteligencia del Estado colombiano solo recurre a las escuchas cuando debe investigar a “grandes criminales”. En ese sentido, atribuyó las presuntas “chuzadas” de las que habría sido víctima el magistrado Ibáñez y otros miembros de la Corte a desinformación supuestamente impulsada por personas de la extrema derecha que están en contra de su administración.

“Si al magistrado Ibañez le ha llegado wharsapps con esa información solo es víctima de los grupos de extrema derecha que buscan no solo romper las relaciones personales al interior del gobierno sino del gobierno con las otraa ramas del estado. Dejar de caer en ingenuidades que construyen los grupos nazis”, aseveró el jefe de Estado en su momento.