Elecciones 2026: qué hacer si presencia compra de votos o lo presionan para elegir un candidato

Un análisis de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, con datos de la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Registraduría Nacional del Estado Civil, alerta sobre la alta exposición territorial y muestra por qué la denuncia oportuna sobre coacción y fraude será clave en estas elecciones.

Y es que a pocos días de las elecciones del 8 de marzo, una pregunta se repite en barrios, puestos de votación y grupos de WhatsApp: ¿Cuándo una práctica de campaña irregular cruza la línea y se convierte en un posible delito electoral, qué puede hacer un ciudadano para denunciar sin ponerse en riesgo?

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Según un informe del programa de Ciencia Política de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá, elaborado a partir de variables de riesgo territorial de la MOE, el tamaño del censo electoral y la capacidad operativa de la Registraduría, 170 municipios presentan riesgo coincidente de fraude y violencia para estas votaciones. De ese total, 81 están en riesgo extremo y excluyendo Bogotá, esas zonas concentran 4.564.177 votantes, cerca del 11% del censo nacional.

El análisis, realizado por Margarita Martínez, docente de la institución, indica que esta cifra no predice cuántos delitos electorales se cometerán, pero sí permite dimensionar dónde la vigilancia ciudadana, la reacción institucional y la denuncia oportuna pueden ser más decisivas.

Cabe mencionar que la Registraduría Nacional del Estado Civil reportó que 41.287.084 personas están habilitadas para votar el domingo 8 de marzo, la totalidad está distribuida en 13.746 puestos y 125.259 mesas en Colombia y el exterior.

Ese mismo día, además de elegir Congreso, los ciudadanos podrán participar en tres consultas interpartidistas presidenciales: la Gran Consulta por Colombia, de la centro derecha; la consulta del Frente por la Vida, de la izquierda; y la Consulta de las Soluciones, del centro.

Cómo reconocer y denunciar irregularidades en las votaciones

No todo lo que genera ruido en una campaña es un delito electoral, pero tampoco todas las conductas deben minimizarse como prácticas habituales de la política. Sin embargo, la diferencia radica en si la acción afecta la libertad del votante, la transparencia de la jornada o la integridad del resultado.

¿Qué se considera delito electoral y qué no?

No toda conducta en campaña constituye un delito. La propaganda visible o las discusiones entre simpatizantes pueden resultar molestas, pero no siempre configuran una infracción penal. La línea se cruza cuando se vulnera la libertad del votante, la transparencia de la votación o la veracidad del resultado.

La Fiscalía General de la Nación advierte que estas conductas pueden presentarse antes, durante y después de la jornada e incluyen compra o venta de votos, traslado irregular de votantes, amenazas, constreñimiento, obstrucción de los comicios y financiación ilegal.

¿Cuáles son las señales más comunes que un ciudadano sí puede reconocer?

Entre las más visibles se encuentran ofrecimientos de dinero, mercados, transporte o favores a cambio del voto; presión para votar por un candidato; retención de cédulas; suplantación de votantes y maniobras para alterar actas o resultados. García Ospina, experto en delitos electorales, agrupó estas señales en cuatro bloques: presión al votante, fraude en la votación, uso indebido del cargo público y alteración del conteo final.

¿Qué hacer si presencia compra de votos o coacción?

Primero, no confronte ni se exponga, especialmente si hay agresividad o amenazas. Segundo, registre datos básicos: lugar, hora, qué ocurrió, quiénes participaron y qué ofrecían o qué tipo de presión ejercían. Tercero, si el hecho está ocurriendo, informe de inmediato a la Policía Nacional o a la autoridad presente en el puesto.

¿Cómo se denuncia y por cuáles canales oficiales?

Avisar en el puesto es útil, pero no reemplaza la denuncia formal. Esta debe presentarse ante la Fiscalía General de la Nación, que habilitó un micrositio con rutas de denuncia, así como la Línea 122. El Ministerio del Interior, a través de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral, coordina la recepción y traslado de reportes en periodo electoral: “Para denunciar no es necesario ser abogado ni conocer el nombre exacto del delito; lo fundamental es contar con claridad qué sucedió”, explica Martínez.

¿Qué información mínima debe incluir una denuncia para que sí sirva?

La denuncia debe especificar: qué pasó, dónde, cuándo, cómo ocurrió y quiénes participaron o presenciaron los hechos. Si existen fotos, videos, audios, mensajes o documentos, es conveniente conservarlos y entregarlos por canales oficiales, sin alterarlos. También es importante guardar el número de radicado. Si hay servidores públicos involucrados, se recomienda reportar también a la Procuraduría General de la Nación.

¿Qué hacer con cadenas o audios de WhatsApp que hablan de fraude?

No todo mensaje viral constituye una denuncia. Si una cadena no identifica lugar, hora, personas o hechos concretos, no sirve como reporte formal y puede aumentar la desinformación. Lo recomendable es no reenviar de inmediato, verificar datos básicos y, si se trata de un hecho real, acudir a canales oficiales.

¿Qué pasa si la presión proviene de un funcionario público o de alguien que usa su cargo?

Además de describir el hecho, es clave registrar la entidad, el cargo y la forma de presión. Esa información activa dos rutas: la penal (si hay posible delito) y la disciplinaria (por uso indebido del cargo o intervención irregular). Si existen mensajes, audios o testigos, deben preservarse y entregarse por canales formales.

¿Cuáles son los errores más frecuentes al denunciar y cómo evitarlos?

El error más común es creer que, si no existe un video perfecto, no vale la pena denunciar. Otro es esperar demasiado para reportar. También debilita el caso exponerse para obtener pruebas o publicar la evidencia en redes sociales en lugar de formalizar la denuncia.

Como antecedente, la misión de observación electoral de la Unión Europea reportó en 2022 indicios de compra de votos en 7% de las mesas observadas en las elecciones legislativas, un dato que refuerza la necesidad de vigilancia y reacción temprana: “La democracia se cuida también con denuncias responsables, oportunas y seguras”, concluyó Martínez.