La vida de Luna Valentina Suárez Cano, una joven de 22 años que está diagnosticada con epilepsia refractaria y discapacidad múltiple, depende de la continuidad en su tratamiento farmacológico. Sin embargo, su madre, la docente Inés Elena Cano Arboleda, denuncia que es un completo desafío acceder a los medicamentos esenciales para su hija.
De acuerdo con la denuncia obtenida por Infobae Colombia, la docente alegó que desde el cambio en el modelo de atención del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), ha notado un deterioro en la oportunidad y regularidad de la entrega de medicamentos, insumos y suplementos para su hija Luna.
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La epilepsia refractaria es una enfermedad que requiere un seguimiento farmacológico “radical y especializado”. Así lo informan profesionales de la Fundación Cardiovascular de Colombia (FVC), que indican que este trastorno neurológico obliga un medicamento persistente “para controlar sus crisis convulsivas”.
“Sin embargo, existe cierto número de pacientes a quienes los enfoques convencionales no funcionan. Este tipo de epilepsia se conoce como epilepsia refractaria o epilepsia farmacorresistente”.
Por eso, la profesora Cano Arboleda expuso que “cuando suspenden o retrasan los medicamentos, mi hija se golpea, se muerde, convulsiona. Estabilizarla después es muy difícil”, según la denuncia conocida por este medio.
Las entregas del medicamento son “fraccionadas”
En medio de las dificultades que esta situación implica en la vida diaria de madre e hija, la situación se agrava porque, a pesar de que el sistema ha reconocido el diagnóstico de Luna por más de dos décadas, las entregas son fraccionadas o se realizan con demoras.
“Tengo siete tutelas y más de 80 desacatos. No debería ser así. Todo debería estar a tiempo”, son las palabras de Cano, que expone que ya acumula recorridos por oficinas y farmacias para exigir insumos básicos. “No es un favor, es un derecho. Mi hija no puede esperar”, reclamó.
El asunto es que, como con casi todos los pacientes de epilepsia, si el paciente no ingiere sus medicamentos, es casi seguro que pueda sufrir un ataque. A principios de febrero, la joven permaneció tres días sin uno de sus medicamentos indispensables. De inmediato sufrió crisis severas, autolesiones y convulsiones que casi derivaron en una hospitalización de urgencia.
“Si no le entregan los medicamentos, mi hija se descompensa. Y cuando se descompensa, su vida está en riesgo”, comentó la madre, que lleva años midiendo el tiempo no por días, sino por las crisis médicas que logra evitar, como afirmó en la denuncia.
Fallas en los servicios de salud para docentes
Este caso no es aislado. Según denuncian organizaciones sindicales del magisterio, en varios departamentos se repiten fallas en la continuidad de tratamientos y entregas oportunas de medicamentos.
La llegada de una nueva vicepresidencia al Fomag generó expectativas, aunque el magisterio sostiene que persisten las barreras históricas en la atención.
Las agrupaciones sindicales solicitaron al vicepresidente Herman Bayona mayor transparencia y precisión sobre pagos, red de atención y disponibilidad de servicios. Argumentaron que las cifras oficiales no reflejan las dificultades reales que enfrentan los usuarios en el acceso a la salud.
Por su parte, el magisterio pidió respuestas urgentes, como reportes detallados de pagos, trazabilidad en la entrega de medicamentos y una consolidación efectiva de la red de atención.
Entre las demandas está la entrega de un reporte público, descargable y desglosado por prestador o contrato, incluyendo valores radicados, auditorías, glosas, pagos efectivos, fechas de giro y saldos pendientes.
Organizaciones sindicales del magisterio en Antioquia fueron las que tomaron el liderazgo en la exigencia de información transparente y detallada sobre los pagos de salud en el departamento, durante el paro docente de 72 horas que se culminó el 24 de febrero de 2026.
Demandaron la publicación inmediata de datos claros, desagregados y trazables sobre los desembolsos realizados a la red de atención, así como explicaciones por los incumplimientos que han afectado la entrega de medicamentos y la atención médica para los docentes y sus familias.
Los sindicatos enfatizaron que la rendición de cuentas no puede basarse solo en cifras generales, cuando persisten fallas en la disponibilidad de medicamentos, retardos en la atención y deficiencias en la red de servicios.
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