Un escándalo judicial de carácter transnacional ha colocado a Ibagué en el foco de las autoridades de Estados Unidos, después de que hicieran pública una acusación formal contra cuatro ciudadanos colombianos oriundos de la capital del departamento del Tolima.
Los connacional fueron señalados de liderar un esquema de fraude electrónico, suplantación de funcionarios y lavado de dinero a través de un bufete de abogados ficticio dedicado a asuntos migratorios.
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La denuncia, presentada ante el Distrito Este de Nueva York, involucra a Daniela Alejandra Sánchez Ramírez (25 años), Jhoan Sebastián Sánchez Ramírez (29), Alexandra Patricia Sánchez Ramírez (38) y Marlyn Yulitza Salazar Pineda (24), todos con raíces en la capital tolimense y con residencia en el estado de Nueva Jersey.
Según la información entregada por las autoridades federales, los tres hermanos Sánchez Ramírez —Daniela, Jhoan y Alexandra— fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty cuando intentaban abordar un vuelo sin retorno hacia Colombia.
Mientras tanto, Marlyn Salazar Pineda fue capturada en un restaurante de Nueva Jersey. Un quinto individuo, cuya identidad aún no ha sido revelada públicamente, permanece prófugo de la justicia estadounidense.
Asimismo, las pesquisas por parte de la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York reseñaron que los acusados habrían conformado un despacho jurídico inexistente bajo el nombre de CM Bufete de Abogados Consultoría Migratoria.
A través de esta entidad, captaban víctimas, sobre todo a través de anuncios y publicaciones en Facebook, en los que ofertaban sus servicios legales para trámites migratorios en Estados Unidos.
Por si fuera poco, ninguno de los implicados contaba con licencia para ejercer como abogado dentro del país norteamericano, aunque cobraban honorarios que iban desde varios cientos hasta miles de dólares por asesorías que nunca se brindaban.
Los documentos judiciales añadieron que, tras recibir los pagos, los acusados enviaban a los afectados documentos falsificados que incluían logotipos oficiales de agencias gubernamentales estadounidenses, con la finalidad de dar apariencia de legalidad a las gestiones.
Además, el grupo realizaba audiencias migratorias simuladas a través de videollamadas, en las que se hacían pasar por jueces de inmigración, agentes federales y abogados.
Para sustentar la farsa, utilizaban togas, uniformes y escenarios montados con sellos y banderas oficiales.
La acusación presentada describe cómo los implicados obtenían información personal sensible de los afectados durante estas audiencias ficticias.
En ciertos casos, informaban de manera falsa que los procesos migratorios se habían resuelto sin problemas, lo que llevó a que algunas víctimas no asistieran a audiencias reales ante los tribunales migratorios.
Como resultado directo de estas acciones, al menos una persona recibió una orden de deportación, que posteriormente debió ser revocada luego de identificarse el fraude.
La investigación ha rastreado más de 100.000 dólares (más de 360 millones de pesos colombianos) en transacciones fraudulentas realizadas por las víctimas, dinero que las autoridades federales aseguran era transferido hacia Colombia, destacó El Irreverente.
El ‘modus operandi’ de los colombianos en Estados Unidos
La estructura criminal operaba en varias etapas, desde la captación inicial en redes sociales hasta la simulación de procedimientos legales completos, siempre utilizando recursos de suplantación para reforzar la credibilidad del falso bufete.
El fiscal federal Joseph Nocella hizo hincapié en sus declaraciones acerca de la gravedad del caso: “Los implicados socavaron la integridad del sistema de inmigración” al hacerse pasar por jueces, funcionarios y abogados, aprovechando la vulnerabilidad de personas en situaciones legales delicadas.
Nocella resaltó la responsabilidad de los acusados al manipular la confianza de quienes buscaban regularizar su estatus migratorio.
La denuncia formulada ante el Distrito Este de Nueva York imputa a los cuatro ibaguereños cargos por conspiración de fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración de lavado de dinero y suplantación de funcionarios de Estados Unidos. Cada uno de estos delitos contempla una posible pena de hasta 20 años de prisión en caso de que un tribunal los declare culpables.
A lo largo del proceso, las autoridades estadounidenses reiteraron que los cargos presentados constituyen acusaciones formales y que los procesados cuentan con la presunción de inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad durante el juicio.
Las investigaciones permanecen abiertas para determinar el alcance total del esquema y precisar cuántas personas resultaron afectadas por las acciones del grupo.
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