Un episodio de tensión política sacudió la campaña al Congreso tras las amenazas denunciadas por la senadora Sandra Ramírez, exintegrante de la extinta guerrilla de las Farc-EP.
La reacción de Carlos Caicedo, líder de Fuerza Ciudadana y candidato presidencial, no se hizo esperar, por lo que en conversación con Infobae Colombia cuestionó con dureza lo que calificó como una cadena de intimidaciones contra su partido.
La colectividad de izquierda informó que varios de sus aspirantes enfrentan presiones y hostigamientos. Entre los nombres mencionados figuran Mario Hernández, Alexander Angulo y Sandra Ramírez. El grupo político sostiene que existe un ambiente adverso que afecta su participación en la contienda legislativa.
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La denuncia tomó fuerza luego de que Ramírez informara sobre una amenaza directa durante un debate en la Universidad Eafit, en Medellín. La senadora denunció que el hecho puso en riesgo su integridad y su vida. Además, anunció que los acontecimientos serán llevados ante la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones correspondientes.
Carlos Caicedo hizo un llamado al Gobierno nacional
En ese escenario, Caicedo centró su pronunciamiento en lo que describió como una ofensiva contra su partido: “Están amenazando e intimidando a los candidatos de Fuerza Ciudadana al Congreso de la República, amedrentándolos y en muchos casos inclusive amenazándolos de muerte. Mario Hernández, Alexander Angulo, ahora Sandra Ramírez”.
El dirigente fue más allá y sostuvo que la presión alcanza a los votantes, por lo que dijo para Infobae Colombia: “Tenemos que decir que hay constreñimiento al elector en el departamento del Magdalena, y el argumento es que no hay que votar por esos de Fuerza Ciudadana, que están mezclados con guerrilleros y demás, cuando nosotros somos un proyecto que ha tenido un enorme compromiso con el desarrollo regional y con la paz”.
Para Caicedo, esta situación refleja una incoherencia frente a los procesos de reincorporación política: “No puede ser utilizar los procesos de paz y exaltar que distintos actores se desmovilicen y después, cuando ellos quieren seguir participando de la vida política, cerrarles las puertas. Esto no habla bien de la democracia colombiana y mucho menos de las instituciones que tienen que garantizarla, más en periodos electorales, cuando hay tan alta sensibilidad, porque o intimidan a los candidatos o intimidan al votante”.
El líder de Fuerza Ciudadana dirigió un mensaje al Ejecutivo, en cabeza de Gustavo Petro, en medio de un rompimiento ideológico con el presidente: “Solicitamos del Gobierno nacional tomar cartas en el asunto, porque no es un asunto de poca monta. El presidente Gustavo Petro y quienes lo rodean fueron por muchos años personas perseguidas. En mi caso, siempre fuimos solidarios con las causas de los sectores sociales y populares, y también con las del propio presidente antes de serlo. No puede ser que ahora que sean gobierno no defiendan los derechos de Fuerza Ciudadana a existir”.
“A Fuerza Ciudadana le quitan la personería jurídica. No permitieron que la candidata que iba adelante en las encuestas se inscribiera a la alcaldía. Me correspondió renunciar a la gobernación, ponerme al frente de la campaña, que en 12 días ganó una alcaldía, que luego se roban. Pedimos al Ministerio del Interior intervenir. Se robaron el umbral de nuestra lista al Senado y tampoco pasó nada”, aseveró.
Carlos Caicedo añadió otros hechos ocurridos en el Magdalena, departamento que él gobernó: “Tumbaron al gobernador del departamento, Rafael Martínez. Convocan a una elección atípica. Están amenazando a personas en el departamento. Asesinaron a uno de nuestros líderes, un líder campesino reclamante de tierra en el municipio de San Zenón, y tampoco pasó nada. Ahora siguen intimidando a varios de nuestros candidatos al Senado; inclusive en actos públicos la extrema derecha los vapulea. ¿Dónde están las garantías para nosotros?”.
El líder político insistió en que la protección a su movimiento constituye una obligación institucional: “Esto no es un favor. Es un deber constitucional que le corresponde al Gobierno, al ministro (Armando) Benedetti y a los órganos que deben proveer la seguridad a los candidatos, como la UNP y la Policía, y darles garantías a los electores. Queremos dejar sentada esta denuncia en este importante medio y ojalá el Gobierno nacional no salga a descalificarnos, sino a dar las garantías”.
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