
La relación comercial entre Colombia y Estados Unidos atraviesa un momento decisivo. Con la entrada en vigencia de un arancel global del 10% por parte de Washington, el país tiene ahora un margen de 150 días para intentar modificar su situación antes de que se definan reglas permanentes.
María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), hizo un llamado directo a aprovechar ese plazo. A través de la red social X, advirtió que, “Colombia en estos 150 días debe jugar bien sus cartas en cuanto a los aranceles con Estados Unidos”.
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La medida comenzó a aplicarse el 24 de febrero como un esquema temporal adoptado por el gobierno estadounidense, luego de que la Corte Suprema anulara parte del sistema previo de gravámenes. El arancel tendrá vigencia hasta el 23 de julio y solo podría extenderse si el Congreso decide prorrogarlo.
Para el sector empresarial colombiano, el tiempo corre. Lacouture explicó que esta etapa transitoria abrió un espacio técnico y diplomático que no puede desaprovecharse. “tenemos una ventana de 150 días donde es importante determinar cuáles son los productos que tienen una exención y cuáles no, eso se debe confirmar con importadores, con brokers si su partida está sujeta al anexo II, que es lo que genera la exención”.
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Según estimaciones de AmCham, cerca del 68% de los productos colombianos que ingresan al mercado estadounidense estarían exentos del arancel. Sin embargo, la dirigente insistió en que cada empresa debe verificar su situación específica. “se estima que el 68% de los productos colombianos que llegan a Estados Unidos cuentan con exención, pero hay que verificar, y por el otro lado hay que buscar la forma de aprovechar estos 150 días para presentar el caso Colombia y diferenciarse en Estados Unidos antes de que cambien las reglas”.

El desafío no es menor. Aunque la tarifa es general, la Casa Blanca aclaró que quedan excluidos alimentos, medicamentos, minerales críticos y ciertos bienes energéticos y aeroespaciales. En contraste, sectores como el acero y el aluminio continúan sujetos a gravámenes específicos previos, entre ellos el 50% que ya venía aplicándose a estos productos y sus derivados.
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En este escenario, AmCham plantea que Colombia debe trabajar en dos frentes. El primero, técnico: identificar con precisión qué partidas arancelarias están cobijadas por exenciones y cuáles no. El segundo, estratégico: sustentar ante las autoridades estadounidenses por qué el país debería recibºººººººir un tratamiento diferenciado cuando se definan los nuevos mecanismos legales.
Lacouture señaló que la relación bilateral ofrece argumentos a favor. Recordó que Estados Unidos mantiene un superávit comercial frente a Colombia y que existe una complementariedad en las canastas exportadoras. “Estados Unidos tiene ese beneficio frente a Colombia y al mismo tiempo canastas complementarias”, afirmó.
Esa complementariedad implica que muchos bienes que Colombia exporta no compiten directamente con la producción estadounidense, sino que la complementan. Para el sector privado, este es un punto clave en la conversación que debe darse en los próximos meses.
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La dirigente gremial fue enfática en que el país no puede quedar incluido dentro de un conjunto amplio de naciones sin una evaluación particular. En sus palabras, “es importante que podamos hacer el ejercicio de sacar a Colombia del conjunto de países, teniendo en cuenta los beneficios que hoy tiene la relación”.
El trasfondo de la medida en Estados Unidos responde a la revisión de herramientas legales que permitirán aplicar gravámenes diferenciados por producto y por país. Mientras ese nuevo esquema toma forma, el arancel del 10% opera como una fórmula transitoria.
Para Colombia, la tarea es clara: consolidar información, articular al sector público y privado y presentar un caso sólido antes de que cambien las reglas. La ventana es limitada y el desenlace dependerá de la capacidad de gestión en Washington y de la claridad con la que se expongan los intereses comerciales del país.
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