El equipo de comunicaciones del cantante Lowe León emitió un extenso comunicado en el que dio a conocer nuevos detalles sobre los procesos judiciales que, desde hace varios meses, mantienen al artista envuelto en controversias legales tanto en Colombia como en España.
La información busca —según el pronunciamiento— aclarar el contexto real de los hechos y exponer los avances que se han producido recientemente en ambas jurisdicciones.
De acuerdo con el documento, en Colombia se produjo un giro significativo en el proceso por presunta violencia intrafamiliar, económica y psicológica, pues el equipo de prensa explicó que, aunque la denuncia había sido archivada en 2024, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Fiscalía 31 local de Barranquilla, decidió desarchivar el caso tras la aparición de nuevos indicios que permitirían reexaminar integralmente la situación.
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En esta nueva etapa, la defensa sostiene que el análisis probatorio estaría mostrando un escenario distinto al inicialmente planteado.
“Lo relevante de esta nueva etapa es que el análisis probatorio ha comenzado a mostrar un escenario distinto al inicialmente planteado por Liceth Córdoba”, señala el comunicado, en el que se afirma que existen “elementos materiales probatorios contundentes que apuntan a una presunta violencia psicológica y patrimonial ejercida en contra del artista”, en medio de un conflicto económico derivado de un proceso de divorcio contencioso.
Según el equipo jurídico, este contexto no puede desligarse de la alta capacidad económica del cantante ni de las disputas patrimoniales que rodearon la separación.
En el texto también se hace referencia a lo ocurrido en España, donde —según el equipo de Lowe León— los procesos penales adelantados contra el artista concluyeron con autos absolutorios ejecutoriados.
“Este punto es esencial porque demuestra que, mientras en España los tribunales absolvieron al artista, a su exesposa le negaban medidas de protección por falta de riesgo objetivo”, se lee en el comunicado, en el que además se menciona que los jueces europeos habrían advertido una posible instrumentalización de los sistemas judiciales con fines patrimoniales y de custodia.
El pronunciamiento añade que, pese a estas decisiones, la exesposa del artista habría intentado trasladar a Colombia una tesis de supuesta violencia sistémica que ya había sido examinada y descartada por los tribunales españoles.
“A pesar de ello, se intentó llevar a la Fiscalía y a los juzgados colombianos una narrativa que ya fue analizada y desestimada en Europa”, indica el equipo jurídico, subrayando que este aspecto resulta clave para entender la dimensión internacional del caso.
Otro de los puntos centrales del comunicado tiene que ver con el ámbito civil, pues el equipo de defensa recordó que el Juzgado de Instrucción No. 4 de Llíria, en Valencia, declaró el desplazamiento ilícito del menor y el ejercicio inadecuado de la patria potestad y custodia conforme al Convenio de La Haya de 1980.
“Una autoridad judicial reconoció formalmente que la salida del menor del territorio español no se ajustó al marco legal aplicable”, afirmó la defensa, precisando que el niño habría sido sustraído de su residencia habitual en septiembre de 2024 y que actualmente se encontraría retenido de manera ilegal.
Frente a este escenario, el equipo jurídico informó que ya se encuentra en trámite la solicitud de restitución internacional del menor a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), como autoridad central administrativa.
Según el comunicado, el objetivo de este procedimiento no es alimentar controversias personales, sino “la protección del interés superior del menor y el respeto a la jurisdicción internacional previamente establecida”.
Finalmente, el equipo de prensa de Lowe León señaló que, debido a la condición de servidora pública de Liceth Paola Córdoba Ramos, se iniciarán trámites para presentar una queja disciplinaria ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Así mismo, se solicitará vigilancia institucional a la Procuraduría General de la Nación: “Estas acciones buscan garantizar la transparencia procesal y el respeto a los principios que rigen la función pública”, concluye el comunicado, dejando claro que los procesos siguen en curso y bajo la evaluación de las autoridades competentes.
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