En medio de la reanudación de las audiencias preparatorias del juicio contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, la defensa volvió a centrar su estrategia en una petición que ha generado una intensa controversia judicial y mediática: que se autorice la declaración de Ricardo Roa Barragán, exgerente de la campaña presidencial de 2022 y actual presidente de Ecopetrol, como testigo en el proceso.
El juicio, que se adelanta en el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Barranquilla y en el que Petro enfrenta cargos por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, ha estado marcado por una disputa profunda entre la defensa y la Fiscalía General de la Nación sobre la pertinencia y la admisión de pruebas, testimonios y documentos que podrían determinar si los fondos que habrían ingresado al patrimonio del procesado tienen un origen lícito o no.
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La jornada más reciente de la audiencia, celebrada este martes 24 de febrero, volvió a poner en el centro del debate la solicitud del abogado Alejandro Carranza, representante legal de Petro, para que se permita la comparecencia de Roa Barragán como testigo.
Según la defensa, Roa podría aportar información esencial sobre “la estructura administrativa y los elementos de trazabilidad de ingresos” de la campaña Petro Presidente 2022, cuestión que consideran clave para demostrar que su cliente no participó en el manejo irregular de recursos ni se benefició de su posición familiar o política.
“La persona que más puede explicar”
Carranza formuló un recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, tras la decisión del juez de negar la incorporación de Roa como testigo.
Para el defensor, esa decisión genera una asimetría procesal porque, según sostuvo, se han admitido testimonios solicitados por la Fiscalía —como los de funcionarios como el ministro del Interior Armando Benedetti y el representante a la Cámara Agmeth Escaf, quienes comparecerían en calidad de testigos de la Fiscalía— mientras se impide a la defensa contar con Roa.
“¿Quién más que el presidente de la campaña, Ricardo Roa, puede explicar cómo se establecían los recursos, si Nicolás recaudó o no dineros, si tenía un encargo, si hacía parte del organigrama o si entregó recursos?”, argumentó Carranza ante el despacho judicial, según reportes de medios de comunicación que cubren la audiencia.
El abogado ha calificado la situación como una evidente “asimetría” en la admisión de pruebas, lo que —en su concepto— deja “sin armas” a la defensa frente a las pruebas que la Fiscalía pretende hacer valer en juicio.
Parte de ese argumento gira en torno a la capacidad de la defensa para refutar hechos que, según la teoría acusatoria, conectan la recepción de recursos con hechos de presunta corrupción electoral y uso indebido de dinero.
Contraataque legal a la Fiscalía
Además de insistir en el testimonio de Roa, Carranza ha pedido la admisión de documentos oficiales, incluidos los expedidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Casa de Nariño, con los que busca demostrar la “trazabilidad objetiva y verificable” de los ingresos reportados durante la campaña de 2022.
Para la defensa, esos documentos confirmarían que Petro Burgos —quien fue diputado en la Asamblea del Atlántico— no intervino en actividades irregulares ni se benefició de influencias indebidas.
Al mismo tiempo, la defensa ha impugnado pruebas presentadas por la Fiscalía, como la evidencia obtenida del celular incautado a Daysuris Vásquez, exesposa de Nicolás Petro y testigo clave del caso.
Carranza sostiene que ese dispositivo fue obtenido sin el debido control judicial y manipulado posteriormente, lo que, según él, invalida su utilización en el proceso si no se garantiza su autenticidad y un debido derecho de confrontación.
Por su parte, en el curso de audiencias celebradas previamente en el proceso, la Fiscalía ha sostenido que ciertos testimonios —entre ellos el de Roa— no son pertinentes para los hechos jurídicamente relevantes del caso, que se centran exclusivamente en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos presuntamente cometidos por Petro.
Argumentan que declarar sobre financiación de campaña no necesariamente se relaciona directamente con las imputaciones formuladas
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