Adelina Guerrero, esposa del ministro Armando Benedetti, se pronunció con fuertes declaraciones contra las representantes Katherine Miranda y Catherine Juvinao luego de que la Corte Suprema de Justicia decidiera no abrir un proceso penal en su contra.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, Guerrero cuestionó la actitud de las congresistas en medio del proceso judicial por injuria y calumnia que había iniciado Benedetti, luego de que estas cuestionaran públicamente su nombramiento como ministro del Interior.
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La Corte Suprema determinó que no existían méritos para continuar con la acción legal solicitada por el alto funcionario, decisión que generó pronunciamientos cruzados entre las partes involucradas.
En su mensaje, Guerrero señaló: “GANAMOS!!! dicen. ¿Ganar qué? ¿Likes? ¿Titulares? ¿Indulgencias propias? Ser congresistas no les da derecho a pasar por encima de la honra y la dignidad de una familia, de una mujer —que soy yo— y de dos niños menores de edad“.
La esposa del ministro agregó que, en su opinión, las parlamentarias no actúan consistentemente en favor de las mujeres: “Hablan de ‘defender mujeres’, pero poco las veo legislando y trabajando por las mujeres que Sí están en riesgo, que son muchísimas (pero eso no les da likes, no tienen la exposición suficiente). Gritan cuando el escándalo les suma, callan cuando no conviene”.
Además, cuestionó la relación que algunas congresistas han mantenido con su esposo, describiendo episodios que consideró de oportunismo: “A varias las he visto buscar a Armando, llamarlo, escucho las conversaciones con él HORAS entre risas y hasta camaradería… como escorpiones, Cuando conviene sí, cuando no, no. Eso no es valentía. Eso es oportunismo".
Las declaraciones de Guerrero se dieron tras la reacción de varias congresistas, incluida Katherine Miranda a través de X: “GANAMOS!!! La Corte decidió no continuar el proceso en nuestra contra por la demanda que presentó Benedetti. No encontró mérito para seguir adelante. Y además, ordenó remitir copias a la Procuraduría para que investigue a Benedetti los pronunciamientos hechos contra nosotras. Decir la verdad y defender a las mujeres no es delito”.
El fallo abarca también a las congresistas Julia Miranda, Lina Garrido, Marelen Castillo y Carolina Giraldo, quefueron incluidas en la decisión de la Corte Suprema.
El proceso judicial se originó a partir de una carta pública enviada el 24 de febrero de 2025 por las congresistas al presidente Gustavo Petro, en la que rechazaban la posible designación de Benedetti como ministro del Interior. En el documento, calificaron la candidatura como “inaceptable” y “deplorable”, argumentando que una persona señalada por presuntas violencias de género no debía asumir un cargo con comunicación directa con las mujeres en el Legislativo.
Asimismo, recordaron que Benedetti era objeto de investigaciones por presuntos hechos de corrupción y enriquecimiento ilícito, y solicitaron que no se concretara su nombramiento. Ante estas afirmaciones, el ministro sostuvo que eran infundadas y que lesionaban su honra y buen nombre, defendiendo su presunción de inocencia. Para ello, presentó una querella ante la Corte Suprema.
Decisión de la Corte Suprema
Tras revisar el caso, la Corte Suprema concluyó que no se configuraba delito, considerando que las representantes ejercieron funciones esenciales de control político, incluyendo la evaluación de decisiones y nombramientos del Ejecutivo. La Corte recordó que los congresistas cuentan con la garantía de inviolabilidad parlamentaria, que protege las opiniones emitidas en el ejercicio de sus cargos.
El alto tribunal también destacó que no se acreditó intención deliberada de ofender o deshonrar a Benedetti, y que el propósito de las representantes fue participar en un debate de interés público y no realizar ataques personales. La información cuestionada por las congresistas ya había sido ampliamente difundida por medios de comunicación y estaba en investigaciones existentes.
En su decisión, la Corte citó los presuntos episodios de violencia de género en los que Benedetti habría estado involucrado, señalando: “(...) Los episodios de violencia de género que se alegan versan sobre dos eventos, principalmente. El primero, ocurrido en la ciudad de Madrid, cuando se desempeñaba como embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en donde presuntamente agredió a su esposa, Adelina Guerrero. Ello, como se encuentra probado en estas diligencias, fue ampliamente noticiado por los medios de comunicación, según consta en el informe de policía judicial”.
Finalmente, la Corte recordó a Benedetti y a otros funcionarios públicos que quienes ejercen o aspiran a cargos de alta relevancia están sometidos a un mayor nivel de escrutinio público, un principio que respalda la libertad de los congresistas para cuestionar decisiones del Ejecutivo sin que ello constituya un delito.
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