A menos de tres semanas de las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, el debate electoral no solo gira en torno a las reformas que se tramitarán en el próximo cuatrienio, sino a los nombres que buscan llegar —o mantenerse— en el Capitolio con procesos abiertos ante la justicia.
De acuerdo con un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), entre los 3.144 candidatos inscritos oficialmente ante la Registraduría Nacional del Estado Civil hay al menos 195 aspirantes con cuestionamientos judiciales, disciplinarios o fiscales de alta gravedad.
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La cifra incluye 78 aspirantes al Senado, 111 a la Cámara de Representantes y seis en curules especiales. El estudio advierte que la mayoría de los casos se concentran en partidos tradicionales como el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U y Cambio Radical, aunque también aparecen nombres en colectividades alternativas.
Uno de los focos más sensibles es el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que salpicó a congresistas señalados de supuestamente intercambiar votos en la Comisión de Crédito Público por contratos y recursos direccionados a sus regiones.
Entre quienes buscan mantenerse o ascender en el Legislativo pese a las investigaciones figuran Wadith Manzur (Partido Conservador), Julio Elías Chagüi (Partido de la U), Karen Manrique (curul especial de paz), Martha Peralta (Mais), Juan Loreto Gómez (Partido Conservador) y Berenice Bedoya (ASI). Todos han sido mencionados en expedientes relacionados con el caso Ungrd y enfrentan indagaciones en la Corte Suprema o en otros órganos de control. Hasta ahora, ninguno tiene condena ejecutoriada.
Otro nombre que ha generado controversia es el de César Lorduy, aspirante al Senado por Cambio Radical, señalado en investigaciones periodísticas por un antiguo caso de homicidio ocurrido en 1979 en Barranquilla y por denuncias recientes cuando fue magistrado del Consejo Nacional Electoral. Lorduy ha negado irregularidades.
En el Centro Democrático, el senador José Vicente Carreño busca la reelección mientras enfrenta señalamientos por presuntos vínculos con estructuras paramilitares, hechos que él también ha rechazado públicamente. En el Partido Liberal, Andrés Calle, expresidente de la Cámara, aspira a mantenerse en el Congreso tras las revelaciones que lo vinculan con el entramado de la Ungrd.
El fenómeno no se limita a procesos penales. El informe de Pares también alerta sobre candidaturas impulsadas por clanes políticos cuyos líderes originales fueron condenados por parapolítica o corrupción. Es el caso de Milena Flórez, esposa del exsenador Musa Besaile; Yamil Arana, cercano al clan Blel; y Claudia María Pérez, vinculada al entorno del exsenador Eduardo Pulgar.
Además, el análisis identifica al menos 41 aspirantes que podrían estar incursos en inhabilidades por haber celebrado o gestionado contratos con el Estado dentro de los seis meses previos a la inscripción de sus candidaturas, lo que podría dar lugar a demandas ante el Consejo de Estado.
A esto se suma la advertencia de la Misión de Observación Electoral (MOE) sobre la baja transparencia en la financiación de campañas. Según sus reportes preliminares, una proporción reducida de candidatos había registrado movimientos en la plataforma “Cuentas Claras”, lo que dificulta el seguimiento en tiempo real de los recursos.
Sin embargo, desde distintos sectores se insiste en que, mientras no exista condena en firme, rige la presunción de inocencia y los candidatos tienen derecho a participar en la contienda. Ese principio jurídico es el que hoy permite que decenas de aspirantes con procesos abiertos aparezcan en los tarjetones.
Las elecciones del 8 de marzo no solo definirán la correlación de fuerzas en el Congreso entre 2026 y 2030, sino también el alcance de la depuración —o la continuidad— de prácticas que, según el informe, han permitido que redes clientelares y estructuras investigadas mantengan presencia en el Capitolio.
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