Alerta en Valle del Cauca por la seguridad electoral, podrían mover puestos de votación rurales debido a la violencia

A menos de tres semanas de las elecciones al Congreso, la tensión en algunas zonas rurales del Valle del Cauca empieza a sentirse con más fuerza que la campaña misma. Las autoridades locales revisaron con lupa el mapa electoral del departamento ante recientes alteraciones del orden público que podrían afectar la jornada del próximo 8 de marzo.

El foco principal está en municipios con antecedentes de presencia de grupos armados ilegales. Allí, los comités electorales evalúan si es necesario trasladar ciertos puestos de votación para garantizar la seguridad de votantes y funcionarios. La decisión no es menor puesto que, mover un puesto implica reorganizar logística, transporte y pedagogía para evitar confusiones el día de las elecciones.

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Uno de los casos más sensibles es el de Dagua. El 19 de febrero se registraron ataques contra la fuerza pública en zona rural. Aunque no hubo personas lesionadas, los hostigamientos encendieron las alertas sobre las condiciones para que los habitantes de corregimientos apartados puedan ejercer su derecho al voto sin temor.

El personero municipal, Hamlet Caicedo, confirmó que ya existe una petición formal para revisar la continuidad de tres puestos de votación rurales. “Hay una solicitud para dejar tres puestos de votación, puntualmente El Danubio, La Isla y La Cascada. Sin embargo, hasta el momento no se ha emitido ningún tipo de autorización para el traslado. Se entiende que la seguridad de la fuerza pública y de la comunidad es importante, pero también hay que reconocer que parte de la labor de la fuerza pública es brindarle seguridad a la comunidad y permitir que la gente pueda desarrollar en paz su derecho al sufragio”, señaló el funcionario en Blu Radio.

Sus palabras resumieron el dilema que enfrentan las autoridades, proteger a la población sin restringir su acceso a las urnas. En zonas rurales, el puesto de votación suele estar a horas de distancia del casco urbano. Si se traslada, muchos ciudadanos podrían desistir de participar por falta de transporte o por costos adicionales.

La preocupación no se limita a Dagua. En la zona rural de Buenaventura también se elevaron solicitudes para revisar algunos puntos de votación. Allí, la presencia de estructuras armadas ilegales y las dinámicas de desplazamiento forzado cambiaron la distribución de la población en ciertos corregimientos.

El defensor del Pueblo en el Pacífico advirtió que, además de los riesgos de seguridad, existen factores humanitarios que deben tenerse en cuenta. “En el corregimiento 8 tenemos comunidades que están desplazadas desde hace mucho tiempo. Esa situación hay que revisarla y verificar si vale la pena mantener puestos de votación allí, donde actualmente permanecen tres o cuatro personas, o si deben trasladarse al casco urbano, donde hoy se encuentra la mayoría de la población desplazada. En el Bajo Calima, en cambio, las comunidades siguen allá y la seguridad debe ser garantizada por la fuerza pública. Esto será objeto de discusión en los próximos comités electorales”, explicó.

El análisis, por tanto, no es uniforme. Cada territorio tiene dinámicas distintas. En algunos sectores, el traslado podría facilitar la participación de comunidades que ya no residen en su lugar de inscripción original. En otros, la permanencia del puesto es una señal de presencia institucional que no se quiere perder.

Las decisiones se tomarán en la próxima mesa de seguridad electoral, donde confluyen autoridades municipales, departamentales y organismos de control. Allí se definirá si procede el traslado de los puestos señalados y qué medidas adicionales se implementarán para blindar la jornada democrática. Entre las opciones están el refuerzo del pie de fuerza, mayores controles en vías rurales y acompañamiento permanente durante el día de votación. El objetivo es claro: evitar que hechos de violencia o intimidación afecten la libre participación ciudadana.

El 8 de marzo será una prueba no solo para los candidatos, sino para la capacidad del Estado de garantizar elecciones en territorios históricamente complejos. En el Valle del Cauca, la prioridad es que la seguridad no se convierta en un obstáculo para la democracia.