La Red de Veedurías de Colombia presentó una denuncia ante la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría por presuntas irregularidades en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). La organización alertó sobre posibles fallas administrativas y cuestionó la llegada de exfuncionarios de la Superintendencia Nacional de Salud y del Ministerio de Salud a cargos directivos dentro del fondo.
El director de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, radicó la queja el 17 de febrero ante el órgano disciplinario, donde recibió número de registro. De acuerdo con el documento, se expuso una versión que habla de una supuesta crisis interna asociada a falta de formalidad en la contratación, debilidades en la supervisión del servicio y demoras en el pago de facturas, situaciones que afectarían la estabilidad institucional.
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Bustos centró sus cuestionamientos en la figura de Hernán Arnulfo Bayona, vicepresidente del Fomag. El veedor sostuvo que el directivo “se habría posesionado incurso en un conflicto de intereses” por la relación con su entonces esposa, Glenda Paola Arlant Cobo, que ejerció como superintendente delegada para Investigaciones Administrativas en la Superintendencia Nacional de Salud.
En un pronunciamiento público, la Red de Veedurías señaló: “El actual vicepresidente del Fomag se habría posesionado incurso en un conflicto de intereses porque su exesposa era la jefa de investigaciones de la Supersalud que habría tratado de multar a la Fiduprevisora y al Fomag; y, oh sorpresa, llega su esposo, teniendo en cuenta que el Estatuto Anticorrupción prohíbe que las personas que ejercen vigilancia y control o sus allegados lleguen a las entidades vigiladas”.
La organización agregó en ese mismo mensaje: “Como si fuera poco, Salomón Figueroa, que como jurídico de Supersalud era subordinado de su esposa, ahora está del lado opuesto. ¿Cómo responderán el exsuperintendente de Salud Luis Carlos Leal y la exministra Carolina Corcho, hoy candidatos al Senado, y el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo?”.
“La inexperiencia ha terminado de llevar al escenario de crisis. A su llegada a la Vicepresidencia del Fondo de Prestaciones o del Fomag, al estilo autoridad de inspección, vigilancia y control, revisan todo, lo cuestionan, lo atacan, denuncian y señalan todos los aspectos que consideran mal y se enfocan en eso, pero dejan de efectuar pagos por servicios de salud, suscribir contratos o liquidar obligaciones. Todo se convierte en una cortina de humo en la que aseguran que salvan a la población docente del país, mientras atacan a todo lo anterior, no siempre con argumentos objetivos”, afirmó.
El veedor insistió en que la posible incompatibilidad resulta sancionable según los estatutos legales: “En su posición habría incurrido en un conflicto de intereses, consistente en que su esposa era la vigilante de la Fiduprevisora y del Fomag, encargada de imponer multas. La ley prohíbe ese tránsito cuando existe relación directa entre quien vigila y quien pasa a la entidad vigilada”.
La denuncia no se limita a Bayona, ya que la Red de Veedurías cuestionó la llegada al fondo de otros exfuncionarios de la Superintendencia Nacional de Salud. Entre ellos mencionó a Salomón Odín Figueroa, actual director jurídico, y a Any Alejandra Tovar Castillo, vinculada a procesos contractuales, ambos con antecedentes en la entidad de control.
Para Bustos, este movimiento de personal desde organismos de vigilancia hacia la administración del fondo “plantea dudas serias sobre la independencia institucional”. A su juicio, el tránsito de funcionarios desde la autoridad que ejerce control hacia el ente vigilado afecta la confianza pública y exige revisión por parte de los órganos competentes.
El escenario también involucra a figuras como Luis Carlos Leal, exsuperintendente de Salud; Carolina Corcho, exministra y aspirante al Senado por el Pacto Histórico; y el actual ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, que aparecen mencionados en el pronunciamiento de la veeduría por su papel en la dirección del sector salud.
La organización sostuvo que el Fomag enfrenta retrasos en la formalización de contratos y en el pago a prestadores de servicios de salud. Según la denuncia, esta situación genera cartera pendiente y riesgo de acciones judiciales por obligaciones no canceladas.
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