El futuro judicial de Juan David Palacio, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, quedó en manos de un juez de segunda instancia este martes, tras la apelación presentada por la Fiscalía General de la Nación y la defensa de las víctimas de la entidad. La decisión se produce luego de que el juez 27 penal municipal de control de garantías determinó que Palacio no debía ser privado de la libertad, en el marco de una investigación por el presunto detrimento patrimonial de 2.400 millones de pesos en contratos públicos.
Durante este martes se llevó a cabo la audiencia de apelación contra la decisión adoptada el pasado 16 de febrero por el Juzgado 27 Penal Municipal con función de control de garantías, que determinó que Juan David Palacio, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, debía continuar el proceso en libertad.
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La diligencia judicial se prolongó por más de cinco horas, durante las cuales la Fiscalía, la defensa de las víctimas y la Procuraduría expusieron los argumentos por los cuales consideran procedente la imposición de una medida de aseguramiento privativa de la libertad.
Concluida la audiencia, el despacho remitió el expediente a un juez de segunda instancia, quien deberá resolver si confirma la decisión inicial o si, por el contrario, accede a la solicitud de enviarlo a centro carcelario mientras avanza el proceso penal.
Hasta tanto se produzca ese pronunciamiento, Palacio permanecerá en libertad, al igual que las exsubdirectoras Ana María Roldán y Diana Montoya Velilla, también vinculadas a la investigación.
Fiscalía insiste en la necesidad de medida de aseguramiento
El fiscal 40 especializado en delitos contra la administración pública reiteró que existen elementos suficientes para considerar que el exdirector debe afrontar el proceso bajo detención preventiva.
La investigación se enmarca en un presunto detrimento patrimonial por 2.400 millones de pesos, relacionado con contratos suscritos con el Cuerpo de Bomberos de Itagüí. En ese contexto, la Fiscalía le atribuye a Palacio los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
Durante su intervención, el ente acusador sostuvo que el exfuncionario representaría un riesgo para la sociedad y para el desarrollo del proceso, en la medida en que podría influir en testigos o interferir en la recolección de pruebas.
Asimismo, señaló que antes de culminar su periodo se adelantó una reestructuración administrativa que habría dejado personal vinculado en cargos estratégicos, circunstancia que, según la Fiscalía, podría tener incidencia en la dinámica interna de la entidad.
Señalamientos de la representación de víctimas
De acuerdo con Caracol Radio, el abogado de las víctimas, Abushihab Majer, respaldó la solicitud del ente acusador y expuso elementos que, a su juicio, refuerzan la necesidad de adoptar una medida de aseguramiento.
Entre ellos mencionó el formateo de tres computadores del despacho del exdirector, procedimiento que habría sido ejecutado por contratistas vinculados durante su administración. También hizo referencia a la reestructuración de 25 cargos que pasaron de libre nombramiento y remoción a provisionalidad, así como a la afectación de una cámara de seguridad que cubría el archivo institucional.
Para la representación de víctimas, estos hechos deben ser valorados en conjunto al momento de analizar el eventual riesgo de obstrucción a la justicia.
Defensa rechaza argumentos y pide mayor valoración probatoria
Por su parte, los abogados defensores controvirtieron los planteamientos de la Fiscalía y de la representación de víctimas. Sostuvieron que los señalamientos requieren un análisis probatorio más exhaustivo y que no se cumplen los presupuestos legales para imponer una medida restrictiva de la libertad.
La defensa consideró que la decisión adoptada en primera instancia fue ajustada a derecho y reiteró que la medida de aseguramiento no puede convertirse en una sanción anticipada sin que exista un juicio de responsabilidad.
Procuraduría se adhirió a la apelación
Durante la audiencia también intervino el representante del Ministerio Público, quien, aunque inicialmente no había presentado recurso, decidió adherirse a la apelación formulada por la Fiscalía y la representación de víctimas.
De acuerdo con Blu Radio, el procurador José Luis Ochoa Escobar respaldó la solicitud de medida de aseguramiento, al considerar que la gravedad de los hechos investigados y la naturaleza de los presuntos delitos contra la administración pública justifican una valoración más restrictiva frente a la libertad de los procesados.
Pronunciamiento del alcalde de Medellín
En medio del debate jurídico en primera instancia, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció públicamente sobre la decisión adoptada en primera instancia.
El mandatario señaló que, a su criterio, sí debería imponerse medida de aseguramiento, al considerar que los procesados podrían tener incidencia en la entidad desde el exterior, especialmente por las decisiones administrativas adoptadas antes de concluir el anterior periodo.
“Deberían estar con medida de aseguramiento porque desde afuera tienen incidencia directa en lo que pasa hoy en el área metropolitana, porque en junio del año 2023 antes de terminar período, se inventaron una reforma administrativa para atornillar ahí sus personas de confianza, e hicieron nombramientos hasta pocos días antes de que entraran estas nuevas administraciones, de que entrara la nueva directora. El juez en ningún momento negó la responsabilidad de estas personas en hechos de corrupción, todo lo contrario, fue muy duro y muy claro”, expuso Gutiérrez según el medio ya mencionado.
Sus declaraciones se dieron en el contexto del interés público que ha generado el caso, dada la magnitud del presunto detrimento patrimonial y la relevancia institucional del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Decisión de segunda instancia podría tardar varias semanas
El proceso quedó ahora bajo estudio de un juez del circuito, quien evaluará los argumentos expuestos en la audiencia de apelación y adoptará una decisión definitiva sobre la medida de aseguramiento.
El trámite podría tardar hasta un mes. Mientras tanto, el exdirector continuará en libertad, a la espera del pronunciamiento que definirá su situación jurídica dentro de la investigación por presunta afectación de recursos públicos por 2.400 millones de pesos.
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