El ajuste del salario mínimo en Colombia sigue causando tensiones, ya que la decisión del Gobierno de fijarlo en $2 millones, incluyendo auxilio de transporte, careció del consenso de los principales gremios empresariales y podría derivar en despidos y restricciones para la contratación formal en micro y pequeñas empresas.
El Ejecutivo expediría en los próximos días un decreto transitorio que mantiene el salario mínimo básico de 2026 en $1.750.905 mensuales y en $2 millones con auxilio de transporte, tal como ordenó el Consejo de Estado de forma provisional.
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Sin embargo, las principales asociaciones empresariales, entre ellas Acopi, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y Fenalco, aseguran que este valor fue resultado de una decisión unilateral, pese a las declaraciones del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien afirmó que existió una concertación mayoritaria en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.
Jorge Bedoya, presidente de la SAC, explicó que el único acuerdo documentado en la mesa fue enviar el acta de la discusión al Consejo de Estado. Añadió que la medida genera presión sobre la economía, impactada ya por la inflación y el aumento de tasas del Banco de la República al 10,25%.
María Elena Ospina, presidenta de Acopi—que agrupa a unas 250.000 compañías en Colombia—señaló que no existió consenso: “El Gobierno lo que propone, como los sindicatos, es el 23,7% en ese nuevo decreto, pero realmente no se llegó a un acuerdo”.
El sector de las micro, pequeñas y medianas empresas es el más vulnerable ante la subida decretada. La presidenta de Acopi informó que numerosas compañías han comenzado a cancelar contratos y reducir personal: “Tenemos empresas que han sacado ya cincuenta empleados, otras diez, otras cinco y así sucesivamente”.
Según Fenalco, mantener el crecimiento del salario mínimo en 23,7% implica “pasar por encima de más de un millón de micro y pequeñas empresas”.
La organización condujo su crítica a la ausencia de criterios sobre productividad y la inflación real. Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, advirtió que podría provocar la pérdida de más de 700.000 empleos formales.
El ajuste afecta especialmente a sectores como panaderías, tiendas, cafeterías de barrio, peluquerías, ferreterías, restaurantes, bares y alojamientos, según Fenalco, que calcula que el 93% del tejido empresarial en Colombia está conformado por micro, pequeñas y medianas empresas.
Por su parte, Andi y Asobancaria respaldaron la postura de mantener el salario mínimo en el rango decretado. Bruce Mac Master, líder de la Andi, celebró los nuevos derechos adquiridos por los trabajadores y llamó a las empresas a buscar mecanismos para evitar impactos negativos en la plantilla laboral siempre que sea posible.
Un caso particular es el del Grupo Empresarial Madecentro, que ratificó su compromiso de sostener el salario mínimo en $2 millones.
Dimas Tobón, gerente de la firma, explicó a Blu Radio que este aumento elevó los costos operativos, pero que la empresa anticipó la situación e implementó los ajustes financieros necesarios.
Resaltó que, aún cuando una eventual reducción del salario sería beneficiosa para la compañía, prefieren mantener los ingresos y empleos de sus 2.666 trabajadores de Madecentro y 595 de RTA Design. Además, indicó que la empresa está expandiéndose y no ha realizado recortes de personal, apoyándose en mayor eficiencia y control de costos.
Ante un fallo definitivo del Consejo de Estado que pueda anular el incremento del 23,7%, Acopi advirtió que las empresas tendrían la obligación de mantener los contratos ya firmados en sus condiciones originales, aunque podrían ajustar los salarios en los nuevos empleos conforme a la decisión que se adopte.
En este contexto, se observa un clima de incertidumbre, con efectos ya perceptibles en la reducción de plantillas y la desaceleración de la contratación formal.
Si bien algunos grupos empresariales se muestran dispuestos a asumir el reto, una mayoría de los gremios empresariales insiste en que el procedimiento seguido por el Gobierno no fue fruto de consenso y que el impacto sobre el mercado laboral podría ser considerable.
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