Ministro de Salud encendió una vez más las redes por sus polémicas declaraciones: muerte de Kevin Acosta sería el caso que ‘rebosó la copa’

El reciente Consejo de Ministros, que se llevó a cabo en la noche del lunes 16 de febrero de 2026 en la Casa de Nariño, dejó expuesto ante la opinión pública no solo al presidente de la República, Gustavo Petro, sino al titular de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Y todo por la manera en que ambos se refirieron a la muerte de Kevin Acosta, un niño de siete años con hemofilia severa que falleció en febrero de 2026 tras un accidente, mientras montaba su bicicleta.

Jaramillo, que llegó al cargo el 1 de mayo de 2023, en reemplazo de Carolina Corcho, ha protagonizado una serie de polémicas y declaraciones que han generado fuertes reacciones en la opinión pública. Desde cuestionamientos a la seguridad de las vacunas contra el COVID-19 hasta frases que han causado indignación entre asociaciones médicas y figuras políticas, debido a la manera en que se estaría adelantando su gestión al frente de esta dependencia.

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En el caso del menor Acosta, sus afirmaciones desataron una tormenta mediática. Jaramillo calificó el hecho como “desafortunado”, pero sugirió que el niño no debió montar bicicleta. “A este tipo de situaciones hay que restringirle... no debió montarse en una bicicleta”, expresó el ministro, sumándose así a lo dicho por Petro, que habló de cómo, según él, se hacía necesario “capacitar” a las madres de Colombia que no tienen claros los riesgos de este tipo de patologías.

Frente a estas declaraciones, exministros como Alejandro Gaviria y expertos en hematología respondieron que la hemofilia correctamente tratada permite una vida normal, y criticaron que el ministro desplazara la responsabilidad de la Nueva EPS, entidad encargada de suministrar los medicamentos al niño, a su conducta.

Las polémicas declaraciones de Guillermo Alfonso Jaramillo como ministro de Salud

El 28 de noviembre de 2023, durante un debate en el Senado, Jaramillo puso en entredicho la seguridad de las vacunas contra la COVID-19 basadas en tecnología ARNm, como las de Pfizer y Moderna. “Fuimos y nos convertimos en un experimento. Todos los colombianos que están vacunados sirvieron para el más grande experimento que se haya hecho en la historia de la humanidad”, dijo el titular de la cartera, lo que causó una ola de críticas a sus afirmaciones.

También afirmó que estas dosis “entraron al país sin permiso”. Las palabras de Jaramillo, de hecho, lo hicieron merecedor de señalamientos de ser un funcionario “antivacunas”, lo que llevó al Ministerio de Salud a emitir comunicados de respaldo a la seguridad de las vacunas que se aplican a la población colombiana. Posteriormente, el ministro aclaró que no es que se oponga a la aplicación de biológicos, aunque reconoció la necesidad de mayor transparencia.

Por su parte, el 10 abril de 2025, la postura de Jaramillo frente a la autonomía familiar volvió a estar bajo la lupa. Durante debates sobre la vacunación obligatoria contra la fiebre amarilla, el ministro declaró que “todos los menores de 18 años, la patria potestad es del Estado”; lo que provocó reacciones inmediatas de asociaciones de padres y sectores conservadores, que lo acusaron de pretender vulnerar los derechos de las familias en materia de crianza y salud.

A su vez, el 13 mayo de 2025, durante una audiencia pública en Neiva, el ministro admitió el uso estratégico de las intervenciones administrativas sobre las Entidades Promotoras de Salud, en el contexto de la reforma al sistema que se tramitaba en el Senado. “Las tenemos en cuidados intensivos a las EPS para que salga la reforma, porque en la reforma nosotros hemos planteado que hay que pagar las deudas y debe ser el Estado quien las pague”, dijo.

Con ello, el ministro alimentó la tesis de una “crisis calculada”, según la cual el Gobierno permitiría el deterioro del sistema de salud para forzar su transformación legislativa. “Sí, tenemos recursos y estamos contemplando cómo sanear el sistema; todo depende de si el Senado quiere aprobar eso o no”, añadió el ministro en sus declaraciones, por las que posteriormente tuvo que responder, aunque indicó en su momento que fue tergiversado de su contexto original.

El mismo mes, el 22 de mayo, el titular de la cartera expresó sus críticas a la industria cervecera y bancaria, pues sugirió que el consumo de alcohol no debería suponer una carga para el sistema de salud. Jaramillo sostuvo que “los recursos públicos no deben financiar las consecuencias de la industria cervecera”, lo que motivó respuestas de sectores políticos que recordaron que buena parte de los fondos para salud provienen de impuestos al licor en Colombia.

“Que se consume 10 veces más cerveza. La cerveza es fundamental para los ingresos del departamento, ¿cierto? Pero hagamos un ejercicio, no bebamos, no tomemos una sola gota de cerveza, tomemos chicha, hagamos guarapo, hagamos cualquier cosa. A ver qué pasa con Sarmiento ¿No es cierto? ¿Qué pasa con Santo Domingo?“, afirmó Jaramillo en este evento, lo que dio pie para toda clase de comentarios en las platafomas digitales contra el funcionario.

Ya en enero de 2026, una crisis financiera en el Hospital San Rafael de Itagüí marcó otro episodio objeto de polémicas. El gerente del centro hospitalario, Luis Fernando Arroyave, rompió en llanto al denunciar la falta de recursos para pagar salarios; pero al ser consultado al respecto, en diálogo con Caracol Radio, Jaramillo declaró que “Los ricos también lloran”, con lo que habría intentado minimizar la gravedad de la situación que se registra en estas instalaciones.

En este caso, incluso, afirmó que el problema era resultado de “una mala administración y prácticas de politiquería” y calificó al hospital como un “nido de corrupción”. Frente a esto, diferentes asociaciones médicas respondieron recordando que los empleados de hospitales públicos no son “ricos”, y figuras como el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, calificaron la respuesta como “miserable” e inhumana frente a lo que estaría aconteciendo en el sector salud.

Entre otras polémicas, Jaramillo ha calificado el modelo de especialización médica en Colombia como un “negocio controlado por pocas manos”, y planteó la masificación de la formación de especialistas, lo que las asociaciones científicas interpretan como una posible amenaza a la calidad de la práctica médica. Además, ha insistido en que durante tres décadas, los recursos de la salud se desviaron “para enriquecer a unos pocos”, lo que provocó demandas en su contra.