La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial lanzó una advertencia clara sobre la importancia de respetar las decisiones de la justicia en Colombia, en medio de un debate que involucra el reciente fallo del Consejo de Estado sobre el salario mínimo.
El comunicado, difundido este martes 17 de febrero, surge tras la controversia generada por la suspensión provisional del decreto que fijaba el nuevo mínimo legal con un incremento del 23,7%.
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En el documento, firmado por las máximas entidades judiciales —entre ellas la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Fiscalía General de la Nación—, se resaltó que las determinaciones de los jueces se basan en el “estricto cumplimiento con la Constitución y la ley”.
Además, recalcaron que si bien existe espacio para el debate, la ley exige que toda inconformidad se canalice por vías institucionales y no a través de comentarios y estrategias para desprestigiar las cortes.
“Las decisiones judiciales son el resultado de las actuaciones sometidas a reglas procesales, garantías fundamentales y principios de independencia y autonomía judicial, pilares esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho, y se rigen únicamente por el marco jurídico que configuró la Constitución, orientado a garantizar la paz, promover la inclusión y ampliar el acceso a la justicia”, señaló el comunicado.
La controversia se desató cuando el Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto que aumentaba el salario mínimo para el año 2026. Esta medida provocó respuestas inmediatas desde el Gobierno nacional y distintos sectores, que manifestaron incertidumbre sobre el futuro de los ingresos de millones de trabajadores.
“Las discrepancias o inconformidades frente a estas decisiones judiciales deben tramitarse a través de los mecanismos y recursos previstos en el ordenamiento jurídico, dentro de las vías institucionales establecidas para tal fin desde la misma Constitución. La Comisión reitera su compromiso con el cumplimiento de la Constitución y la ley, la transparencia en sus decisiones y la protección de los derechos de todas las personas”, concluyó la Rama Judicial.
De hecho, en su más reciente aparición en el Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro anunció la disposición de expedir un decreto transitorio mientras se aclara la situación jurídica.
“Voy a aceptar tener un decreto transitorio, vamos a aclarar la situación con el magistrado, pero el tiempo será mayor a los ocho días, ya que pediremos unas aclaraciones”, explicó el mandatario, quien también garantizó que se mantendrá un salario mínimo vital hasta que exista una decisión definitiva.
El jefe de Estado aprovechó la coyuntura para dirigirse a los empresarios, recordando su “función social” en la dignificación del trabajo. Petro defendió el incremento del 23,7 % en el salario mínimo, argumentando que la economía colombiana muestra signos de solidez.
“Estamos creciendo al 3,5 % y el trabajo está aumentando; la inflación está bajando porque se ha descendido del 13 al 5 %”, detalló el mandatario.
Sin embargo, el presidente señaló que la tasa de interés fijada por el Banco de la República ha limitado el crecimiento. Indicó que toda la información relevante será entregada al magistrado encargado del caso y que los ajustes en el porcentaje del aumento podrían efectuarse si las condiciones económicas lo ameritan.
La discusión sobre el salario mínimo no solo se ha mantenido en el ámbito judicial y gubernamental. El presidente Petro convocó a la ciudadanía a manifestarse el jueves 19 de febrero, a las 2:00 p. m., en todas las plazas públicas del país, con el objetivo de defender el salario mínimo vigente.
En sus declaraciones, Petro recordó la obligatoriedad de cumplir la “sentencia de la Corte Constitucional”, la cual establece que el salario mínimo debe ser móvil y vital desde 1991. El mandatario insistió en que los criterios constitucionales y la relación salario-productividad respaldan la postura oficial sobre el incremento.
El debate sobre el salario mínimo en Colombia ha puesto a prueba los límites entre el poder judicial, el ejecutivo y la participación ciudadana, evidenciando la necesidad de mantener el respeto institucional y el diálogo abierto en tiempos de decisiones que afectan a millones de personas.
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