La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) emitió un comunicado en el que respaldó al presidente Gustavo Petro y defendió su facultad para llamar a calificar servicios a miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, en medio de la polémica generada por el retiro del general Edwin Masleider Urrego Pedraza.
El pronunciamiento, fechado el 17 de febrero de 2026 en Bogotá, se produce días después de que el oficial fuera retirado oficialmente del servicio activo de la Policía Nacional de Colombia, por orden directa del jefe de Estado. La decisión se adoptó tras graves acusaciones sobre un presunto complot para sabotear la agenda presidencial.
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Según explicó públicamente el mandatario, el general Urrego habría estado vinculado a un supuesto plan para “sembrar” estupefacientes en el vehículo oficial de la Presidencia con el objetivo de afectar una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La acusación se basó en un informe de inteligencia de 15 páginas originado a partir de un correo electrónico anónimo firmado por alguien que se identificó como “Paco”, en el que también se mencionaban supuestos planes para perjudicar al ministro del Interior, Armando Benedetti.
La controversia escaló cuando el propio Gobierno reconoció que podría haber sido víctima de información falsa. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó recientemente que se activaron protocolos de contrainteligencia para esclarecer el origen del informe y determinar si se trató de un montaje o de una operación de desinformación.
En este contexto, la DNI decidió intervenir públicamente. En su comunicado, la entidad sostuvo que el presidente, en su calidad de Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares y de la Policía, cuenta con autoridad constitucional y legal para llamar a calificar servicios a cualquier integrante de la Fuerza Pública, conforme a las facultades que le otorga el ordenamiento jurídico colombiano.
El documento enfatiza que el ejercicio de esta atribución se enmarca en las competencias propias del jefe de Estado como Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, y que su actuación se desarrolla dentro del Estado Social de Derecho. De esta manera, la DNI buscó reforzar el argumento de que la decisión presidencial no es arbitraria, sino que está respaldada por la Constitución y la ley.
Además, la entidad explicó que las fuentes de información del presidente no se limitan a la DNI, sino que incluyen insumos de las inteligencias de las distintas fuerzas, así como información proveniente de la ciudadanía. Esta articulación institucional y social —descrita en el comunicado como una “cadena de afectos”—, según la entidad, fortalece la protección del Estado y la defensa de la democracia.
El caso ha generado un intenso debate político e institucional. Críticos de la decisión cuestionan que se haya retirado a un oficial con una hoja de vida considerada intachable tras 32 años de servicio, basándose en información anónima cuya veracidad hoy está en entredicho.
El general Urrego ha negado tajantemente las acusaciones, calificándolas de “locura” y producto de desinformación, y anunció acciones legales para defender su honor y reputación.
La intervención de la DNI resulta inusual por tratarse de una entidad que tradicionalmente mantiene un bajo perfil frente a controversias públicas. Sin embargo, en esta ocasión optó por pronunciarse para respaldar explícitamente la competencia presidencial frente a la Fuerza Pública, en un momento en que se discuten los límites y controles del poder Ejecutivo en decisiones de alto impacto institucional.
El comunicado también reafirma el compromiso de la entidad con la promoción y el respeto de los derechos humanos, e invita a la ciudadanía a acudir a los canales institucionales para promover su cumplimiento efectivo.
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