Fisioterapeuta que habría agredido sexualmente a una mujer en Bogotá fue beneficiado con polémica medida

El fisioterapeuta Óscar Javier Suárez Sotomonte fue imputado por la Fiscalía General de la Nación ante un juez de control de garantías en Bogotá, por su presunta implicación en la agresión sexual de una paciente.

El caso ha estremecido a quienes recurren a servicios de fisioterapia privados, debido a la naturaleza específica de la denuncia y el mecanismo que utilizó el acusado para intentar justificar su conducta.

El episodio que originó la judicialización ocurrió el 9 de octubre de 2025, según consta en la investigación oficial.

La denunciante acudió al consultorio de Suárez Sotomonte tras solicitar un masaje profesional, pero allí, el fisioterapeuta habría aprovechado una situación de indefensión por parte de la paciente para realizarle tocamientos no consentidos y otros actos de abuso sexual.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la Fiscalía Seccional Bogotá, el fisioterapeuta justificó ante la víctima que el procedimiento correspondía a un “masaje tántrico”, maniobra que, según la investigación, fue empleada para confundir y manipular a la mujer durante la agresión.

La Fiscalía presentó los cargos por acceso carnal violento, uno de los delitos de mayor reproche en el derecho penal colombiano y que contempla penas agravadas dada la situación de confianza y vulnerabilidad en que se hallaba la paciente. En audiencia, el acusado fue formalmente informado de los hechos investigados, pero rechazó los cargos en su contra y no aceptó responsabilidad alguna.

La jueza encargada de control de garantías tomó acción inmediata. Según su decisión, Suárez Sotomonte deberá permanecer bajo medida privativa de la libertad en su domicilio, sin contacto profesional alguno, y tiene prohibido ejercer su actividad de fisioterapeuta mientras la causa esté en desarrollo.

El ‘Monstruo de Ciudad Bolívar’ espera fallo condenatorio tras aceptar cargos por abuso sexual y feminicidio

La admisión de culpa de Kardyn Daniel Montilla Baquero ha sacudido el sur de Bogotá, tras confirmarse que el acusado reconoció ante las autoridades su responsabilidad en ocho ataques violentos contra mujeres, uno de ellos con desenlace fatal en Ciudad Bolívar.

Desde la Fiscalía General de la Nación se detalló el modus operandi: Montilla Baquero contactaba a sus víctimas bajo el pretexto de ofertas laborales, principalmente relacionadas con el modelaje. Estas mujeres, motivadas por la promesa de ingresos de hasta $4 millones, aceptaron reunirse con él entre abril y diciembre de 2024.

El expediente judicial revela que Montilla Baquero utilizaba anuncios falsos para atraer a sus víctimas. Según la fiscal encargada del caso, la más reciente de las víctimas fue citada con la promesa de empleo y luego conducida a una zona boscosa en Ciudad Bolívar. Allí, la investigación sostiene que la mujer fue sometida sexualmente, golpeada y asfixiada, lo que provocó su muerte. La localización del cadáver, el 8 de noviembre de 2024, permitió establecer el vínculo con el acusado.

En cuanto a los otros siete casos, la Fiscalía documentó una serie de agresiones que incluyeron violencia sexual, robo de pertenencias y extorsión. Las mujeres, tras ser abandonadas en áreas despobladas, quedaron en condiciones de vulnerabilidad. El expediente señala que en algunos casos el acusado también recurrió a acceso abusivo a sistemas informáticos y falsedad personal.

El impacto de estos crímenes en Ciudad Bolívar, una de las localidades más pobladas y estigmatizadas de Bogotá, ha reavivado el debate sobre la seguridad de las mujeres en sectores periféricos. Las víctimas fueron seleccionadas tras responder a convocatorias de trabajo falsas, un patrón que amplía la alerta sobre la explotación de necesidades económicas como mecanismo de captación.

El acusado permanece privado de la libertad mientras espera la sentencia judicial, prevista para marzo. La aceptación de cargos, según consta en acta, fue calificada como “libre y voluntaria” por la autoridad judicial.