Las familias afectadas por las inundaciones en Montería (Córdoba) siguen esperando una respuesta institucional, mientras el Concejo Municipal decide frenar la vía rápida para modificar el presupuesto local.
La polémica se desató tras la negativa de la Comisión de Presupuesto, que archivó la iniciativa planteada por la Alcaldía para gestionar recursos de manera más ágil en medio de la calamidad pública.
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En medio de la crisis, más de 40.000 familias permanecen desplazadas, sin que llegue el auxilio esperado. El alcalde de Montería, Hugo Kerguelen, criticó la decisión: “Esta decisión del Concejo paraliza la posibilidad de actuar con la agilidad que la crisis humanitaria demanda”.
Su propuesta pretendía otorgar facultades extraordinarias al mandatario local para ajustar partidas presupuestales sin tener que esperar los procedimientos habituales, que pueden demorar “hasta 10 días, tiempo que las familias damnificadas simplemente no tienen”.
La votación en la Comisión de Presupuesto fue clara: cuatro concejales votaron en contra y tres a favor. La negativa dejó sin herramientas inmediatas al Ejecutivo para responder a la emergencia, lo que encendió la controversia sobre el papel del Concejo en momentos de crisis.
Concejo de Montería y fundamentos jurídicos
Por su parte, el presidente del Concejo, Gian Berrio, defendió la actuación de la corporación y dejó claro que la decisión “se precisa que dicha decisión fue tomada de forma motivada bajos argumentos técnicos y jurídicos y además de hechos, los cuales encuentran un apoyo en precedentes jurídicos, como la sentencia 036 del año 2023 emitida por la honorable Corte Constitucional. Además de eso, encontramos también el concepto de fecha 5 de junio del 2008, bajo el radicado número 18 ochenta y nueve expedido por el Consejo de Estado, donde se delimita claramente la competencia para modificar el presupuesto, la cual recae única y exclusivamente en los concejos municipales y no pueden ser delegadas mediante acuerdo municipal, tal como lo pretendía la Administración municipal. La decisión tomada por la Comisión responde a razones muy objetivas y alejadas de cualquier juicio político”.
Aunque no participó directamente en la votación, Berrio expresó su “respaldo irrestricto a los concejales que adoptaron la decisión tras un estudio técnico realizado por asesores especializados”.
“Se precisa que dicha decisión fue tomada de forma motivada bajos argumentos técnicos y jurídicos y además de hechos, los cuales encuentran un apoyo en precedentes jurídicos, como la sentencia C cero treinta y seis del año 2023 emitida por la honorable Corte Constitucional. Además de eso, encontramos también el concepto de fecha 5 de junio del 2008, bajo el radicado número 18 ochenta y nueve expedido por el Consejo de Estado, donde se delimita claramente la competencia para modificar el presupuesto, la cual recae única y exclusivamente en los concejos municipales y no pueden ser delegadas mediante acuerdo municipal, tal como lo pretendía la Administración municipal. La decisión tomada por la Comisión responde a razones muy objetivas y alejadas de cualquier juicio político”, indicó.
El cabildante destacó que tanto la Constitución como la ley colombiana reservan exclusivamente al órgano legislativo la facultad de modificar el presupuesto municipal. “La corporación actúa con sentido común frente a la emergencia que vive la ciudad”, sostuvo Berrio, al tiempo que hizo un llamado a la calma y al respeto en medio del debate público.
El Concejo Municipal de Montería, compuesto por representantes de distintos partidos, tiene la responsabilidad de vigilar el uso de los recursos públicos y garantizar que toda modificación presupuestal cuente con soporte legal y técnico. Este episodio ha puesto en primer plano la tensión entre la urgencia de la respuesta humanitaria y el rigor de los procedimientos institucionales.
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