La periodista y candidata presidencial Vicky Dávila expresó su postura tras el anuncio del Gobierno sobre el incremento exacto del salario mínimo en Colombia para 2026.
Lo anterior, tras el Consejo de Estado suspender provisionalmente el decreto del gobierno de Gustavo Petro que estableció un alza del 23,7% en el salario mínimo para 2026, fijándolo en $2.000.000 con auxilio de transporte para 2,4 millones de trabajadores.
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En su cuenta oficial de la red social X, Dávila aseguró que “si Petro mantiene el aumento del 23,7%, está bien”, aunque advirtió sobre las motivaciones políticas detrás de la medida.
La comunicadora enfatizó: “Aun cuando su objetivo sea comprar las elecciones. Pero siempre estaré del lado de los trabajadores”.
Dávila, reconocida por su fuertes pronunciamientos en contra del Gobierno Petro, también criticó el manejo de los recursos estatales, señalando que “en lo que no estoy de acuerdo es en el derroche del gasto público y los altos impuestos que asfixian a las empresas”.
Para la periodista, “todo se puede lograr, el problema es la corrupción”. En su mensaje, subrayó la importancia de recortar el gasto estatal y reducir la presión fiscal: “si se recorta el gasto público y se bajan los impuestos, todos ganamos y los politiqueros dejan de robar”.
Las declaraciones de Dávila reflejan una preocupación constante por el impacto de las medidas económicas en el sector productivo y en los trabajadores.
“La lucha no es contra los trabajadores, es contra la corrupción, la robadera y el derroche de la plata de los colombianos”, puntualizó la aspirante presidencial, quien ha cuestionado en repetidas ocasiones el uso de los fondos públicos y la transparencia institucional en Colombia.
La discusión sobre el aumento del salario mínimo y la gestión de los recursos estatales se enmarca en un contexto de debate nacional sobre la sostenibilidad fiscal y el bienestar de los trabajadores.
Dávila insistió en la necesidad de combatir la corrupción para garantizar beneficios reales a la población y evitar que los recursos públicos terminen en manos de la “politiquería”.
Gobierno ajusta estrategia ante freno al incremento salarial por parte del Consejo de Estado
Ante la decisión judicial, el presidente Petro se pronunció el 15 de febrero de 2026 en una alocución, donde informó que la revisión del decreto demandará más tiempo del plazo inicial de ocho días concedido por el alto tribunal para emitir un decreto transitorio que justifique el aumento.
Durante su intervención, Petro solicitó a los ministros de Hacienda, Germán Ávila, y de Trabajo, Antonio Sanguino, explicar el nuevo concepto de “salario vital”, que será tema de debate en la mesa de concertación prevista para el 16 de febrero, con la participación de empresarios y trabajadores.
También propuso discutir la tasa de interés establecida por el Banco de la República, al considerar que impacta negativamente en la economía nacional.
Petro negó que el incremento salarial tenga efectos directos sobre la inflación y expuso los pasos a seguir tras el fallo del Consejo de Estado.
“Voy a aceptar que se genere un decreto transitorio”, indicó el mandatario, quien señaló la necesidad de aclarar el alcance legal de la frase “de carácter prevalente”.
Reafirmó que la protección del ingreso de los trabajadores continuará vigente y explicó que “el salario vital se mantiene hasta que se expida el nuevo decreto”.
En el análisis de precios, el presidente desligó el aumento del salario mínimo de la inflación y atribuyó el alza de productos como la carne, el tomate y la yuca a factores estacionales y dinámicas del mercado internacional.
“En términos de inflación, ya tenemos la del mes de enero. Creció apenas 0,25% los precios y no debido al salario, sino debido, entre otras, al alza de la tasa de interés”, explicó.
Finalmente, convocó a empresarios y sindicatos a dialogar sobre el salario mínimo vital móvil, destacando la importancia de revisar otros factores económicos, como las tasas de interés y la reforma pensional, para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.
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