Aumento del salario mínimo para 2026 podría ser de más del 23%, de acuerdo con nueva pista que dio el Gobierno Petro

El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto que fija el aumento del 23,7% en el salario mínimo para Colombia en 2026. El tribunal argumentó que el Ejecutivo no cumplió con la justificación técnica requerida por la Ley 278 de 1996. En lugar de apoyarse en los parámetros legales, como la inflación y la productividad, utilizó conceptos como el “salario vital” familiar y la “brecha de suficiencia material”.

De acuerdo con la decisión, el Gobierno debe expedir un nuevo decreto en un plazo de ocho días, basado en criterios técnicos claros. Mientras tanto, las empresas deberán continuar pagando el salario mínimo anterior, hasta que se determine el nuevo ajuste.

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La medida afecta a más de 2,4 millones de trabajadores y generó una fuerte reacción del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, que pidió que el incremento salarial sea superior a ese porcentaje y llamó a la movilización ciudadana en defensa de un salario digno.

Desde el Caribe colombiano, el funcionario insistió en que las condiciones económicas permiten un incremento incluso mayor al 23%. “Leí la decisión del Consejo de Estado para poder hacer algunas reflexiones y se equivoca porque hubo una mala ponderación de los factores a la hora de construir el salario mínimo y olvida, por ejemplo, que entre 1996 y el año 2025 la brecha cayó entre el salario mínimo y la productividad, es alrededor del 53,8%”, sostuvo Palma.

Pérdida de poder adquisitivo

De igual manera, explicó que “los trabajadores han perdido durante las últimas décadas el poder adquisitivo, ha aumentado la productividad, pero el salario mínimo ha estado estancado producto de decisiones políticas neoliberales de los gobiernos que nos antecedieron, solo con este parámetro de productividad diera para aumentar más del 23% el salario mínimo”.

Asimismo, hizo un llamado a la movilización social para rechazar la suspensión del decreto. “Convoco a los colombianos para salir a las calles a expresarse y manifestarse ante el fallo del alto tribunal que afectaría el bolsillo de más de 2,5 millones de trabajadores del país, perturbando la economía de sus hogares y disminuyendo sustancialmente sus ingresos mensuales que fueron dignificados por el Gobierno nacional empezando el año”, afirmó.

Para el funcionario, existen sectores influyentes que se oponen al avance en derechos laborales y que “nadie conoce porque se reúnen en clubes privados, en reuniones donde se decide el futuro de miles y de millones de colombianos y colombianas”.

Así las cosas, animó a la sociedad a salir a defender la remuneración. “Les invito a que no retrocedamos, a que sigamos avanzando en ampliar la democracia en todos los aspectos de la vida. Les invito a que salgamos a organizarnos, movilizarnos, a luchar por un salario mínimo, vital y móvil como lo dice la Constitución, y les invito a seguir luchando contra esas estructuras del poder que no nos escuchan”.

Respaldo de sectores de la clase política

Palma cuestionó el respaldo de sectores de la clase política y el poder judicial a decisiones contrarias al interés de los trabajadores. “¿Cuál es el odio de la clase política de este país en contra de la clase trabajadora más humilde? Hoy lo que vemos es la decisión de un consejero de Estado que también gana 50, 60, 70 millones en contra del pueblo trabajador más humilde que gana el salario mínimo”, cuestionó el ministro, al resaltar la disparidad de ingresos entre altos funcionarios y trabajadores.

El jefe de la cartera también destacó la existencia de sectores con mentalidad de esclavistas que “jamás aceptaron que el país cambiara”. Según él, estos sectores rechazan que el salario mínimo permita a una familia “planear su futuro, ahorrar, estudiar, descansar un domingo sin angustia”. Criticó los abusos contractuales y la precariedad laboral promovida por minorías con poder económico. “Empujan la precariedad laboral, el abuso en los contratos, las jornadas eternas mal pagadas. Quieren que el trabajo vuelva a ser pura subsistencia”, remarcó Edwin Palma.

Críticas a lo que ganan los magistrados

Comparó los salarios de la élite y apuntó que “hay magistrados y miembros de esa élite que reciben más de $50.000.000 al mes. Más de lo que millones verá un trabajador”— con lo que se destina a los que perciben el salario mínimo. “Se escandalizan por $2.000.000 para quien madruga todos los días, pero eso lo pueden gastar en una cena, en una noche cualquiera de esa élite. Esa es la distancia moral que defienden”, afirmó.

Además, advirtió sobre un odio de clases contra las familias trabajadoras y la defensa de privilegios de ciertos sectores. “Atentos con quienes promueven la esclavitud como promesa de campaña. No hay argumentos ni económicos ni de derecho, hoy hasta la oposición y la Andi defiende la decisión del gobierno, lo que hay es un odio de clases”, señaló.

Respecto al funcionamiento institucional, el ministro denunció bloqueos al avance de reformas sociales y laborales en el Congreso y el Consejo Nacional Electoral, y sostuvo que estos obstáculos buscan frenar los beneficios para el “inmenso pueblo colombiano”.

Fórmula para establecer el aumento del salario mínimo

Por su parte, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, se refirió al fallo del Consejo de Estado y defendió que el debate sobre el salario mínimo no debe limitarse a aspectos técnicos. “Si le creemos al Consejo de Estado, cada Gobierno solo usaría la fórmula de inflación + productividad para aumentar el salario mínimo y fin del asunto. Si eso fuera así, pues para qué mesa de concertación”, expresó.

El dirigente sindical, candidato al Senado, dijo que el salario mínimo es un tema político donde “trabajadores y empresarios entran en disputa por quiénes se quedan con la mayor parte de las ganancias que genera el trabajo”. Sostuvo que, cuando no hay acuerdo en la mesa de concertación salarial, la ley otorga al Gobierno nacional la discrecionalidad para decretar el incremento anual. “Así lo señala la ley y así lo hizo el Gobierno con el aumento del 23%”, añadió Arias, al definir como injusto quitarle a la clase trabajadora un derecho social ya alcanzado.