Consejo de Estado suspendió alza del salario mínimo y Observatorio Fiscal cuestionó salto del 23% frente a inflación del 7%

La discusión sobre el salario mínimo volvió al centro del debate jurídico y económico tras la decisión del Consejo de Estado de suspender su incremento y pedir al Gobierno la expedición de un nuevo decreto. El pronunciamiento no solo tiene efectos legales inmediatos, sino que reabrió preguntas de fondo sobre los criterios técnicos que deben respaldar este tipo de determinaciones.

Desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana advirtieron que el ajuste aprobado para 2025 se apartó de los parámetros tradicionales que históricamente orientaron la fijación del salario mínimo, la inflación y la productividad. Ese año, ambas variables crecieron alrededor de 7%. Sin embargo, el aumento decretado fue de 23%, una cifra que incluso superó el 16% solicitado por los sindicatos en la mesa de concertación.

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A juicio del observatorio, esa brecha plantea dudas sobre la coherencia entre los fundamentos técnicos y la magnitud del incremento. Si los indicadores que usualmente sirven de referencia avanzaron en un rango cercano al 7%, resulta necesario explicar por qué el ajuste salarial prácticamente triplicó ese comportamiento.

La decisión del alto tribunal, al suspender el aumento y exhortar al Ejecutivo a emitir un nuevo decreto, obligó a revisar esa justificación. Más allá del debate político, lo que está en juego es la relación entre el comportamiento de la economía, medido en inflación y productividad, y la política salarial.

El análisis también invita a mirar los efectos diferenciados en el mercado laboral. Un incremento elevado protege el poder adquisitivo de quienes ya cuentan con un empleo formal remunerado con el mínimo. No obstante, puede generar tensiones para quienes están en riesgo de perder su trabajo o para quienes se mantienen en la informalidad.

Las cifras muestran una transformación relevante en este frente. En 2013, los trabajadores informales percibían en promedio el 93% de un salario mínimo. Para 2025, ese ingreso equivale a cerca del 78% del mínimo. Es decir, el salario legal ha ido distanciándose de lo que efectivamente gana una parte importante de la población ocupada, lo que podría dificultar los procesos de formalización.

El contexto laboral ofrece matices adicionales y relevantes para el análisis actual. El desempleo muestra una mejora sostenida en los últimos años, pasó de 10,6% en agosto de 2022 a 8% en diciembre de 2025. Aunque el descenso es significativo y refleja cierta recuperación, no elimina los desafíos estructurales que persisten en el mercado laboral colombiano. La informalidad, por ejemplo, apenas se redujo de 58% a 55,5% en el mismo periodo analizado recientemente. Se trata de un avance moderado en un indicador que continúa siendo alto y preocupante.

En comparación con otros países de América Latina, Colombia mantiene niveles elevados tanto de desempleo como de informalidad laboral. Esa realidad condiciona de manera directa el impacto que puede tener un aumento considerable del salario mínimo en distintos sectores productivos. Una parte de la población se beneficia directamente, otra, en cambio, podría enfrentar mayores barreras para acceder a un empleo formal estable.

En este escenario complejo, la suspensión decretada por el Consejo de Estado reabre una discusión que va más allá de una cifra puntual o coyuntural. Se trata de encontrar un equilibrio razonable entre proteger el ingreso de los trabajadores formales y preservar condiciones que favorezcan la generación sostenida de empleo y la formalización empresarial.

El desafío para el Gobierno, tras el llamado del alto tribunal, será sustentar el nuevo decreto con criterios técnicos sólidos y evidencia clara sobre sus efectos. La pregunta de fondo permanece: ¿cómo asegurar que el salario mínimo contribuya efectivamente al bienestar de los trabajadores sin generar distorsiones que terminen afectando el mercado laboral?