Piden a la Fiscalía retirar beneficios judiciales a contratistas imputados por peculado e investigar contratos de Aerocafé

La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia radicó el miércoles 11 de febrero un derecho de petición ante la Fiscalía General de la Nación en el que solicita la revocatoria del principio de oportunidad otorgado a Luis Fernando Solarte Viveros y José Ignacio Narváez Mora, que fueron imputados por peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales debido a la desviación de más de $8.000 millones en anticipos del contrato de la Troncal de la Paz, en Antioquia.

De acuerdo con la organización, la petición también busca que se ordene la apertura de una investigación penal sobre la adjudicación del Aeropuerto del Café (Aerocafé), por $639.583 millones, y del aeropuerto de Tolú, por $129.000 millones, proyectos en los que participan empresas vinculadas a los contratistas mencionados.

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Según el comunicado firmado por el director ejecutivo de la Red de Veedurías Ciudadanas, Pablo Bustos Sánchez, ambos contratistas recibieron un principio de oportunidad mediante la Resolución 1026 de 2021, bajo la modalidad de suspensión, a cambio de testificar contra el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria Correa. La organización señaló que dicho beneficio “se encontraría vencido y a la espera de prórroga”, mientras las compañías relacionadas continúan participando en procesos de contratación de gran escala.

El documento indica además que las firmas SONACOL S. A. S. y Constructora LHS S. A. S. siguen presentes en licitaciones de infraestructura, pese a que, según registros periodísticos citados por la veeduría, los contratistas “continuarían siendo objetos de múltiples denuncias penales por falsedad y estafa”.

La petición se sustenta también en información revelada por la revista Cambio el 8 de febrero, en la que se menciona una presunta defraudación patrimonial en perjuicio de uno de los herederos del Grupo Empresarial LHS. El empresario Luis Héctor Solarte dejó a sus hijos Luis Fernando, Gabriel David y Diego Alejandro un patrimonio estimado en cerca de 300.000 millones de pesos, junto con el control de una red societaria que agrupa, entre otras, a Sonacol y Constructora LHS, responsables de obras como Aerocafé, la avenida 68 en Bogotá y el aeropuerto de Tolú, proyectos en los que se han reportado incumplimientos y retrasos.

De acuerdo con la versión de Diego Solarte, sus hermanos habrían realizado maniobras para que un fideicomiso denominado Unión Global otorgara un crédito cercano a $99.000 millones de pesos a Sonacol en 2017, con desembolsos hasta 2020, recursos que se habrían destinado a financiar el proyecto Autopistas del Nordeste. Sin embargo, según la denuncia, el préstamo no ha sido pagado y se desconoce el estado de los intereses generados.

El accionista afirmó que no recibe recursos del grupo empresarial pese a su participación societaria y sostuvo que, para concretar la operación crediticia, se habrían falsificado su firma y la de representantes de la fiduciaria encargada de vigilar el uso de los recursos.

Denuncias sobre la adjudicación de Aerocafé

En relación con el Aeropuerto del Café, la Red de Veedurías advirtió que solo se presentó un oferente: el Consorcio Aeropuerto del Café SK, integrado por KMA Construcciones —empresa vinculada al escándalo Odebrecht— y Sonacol, compañía asociada a Solarte y Narváez.

El comunicado señala que Sonacol registra multas del Instituto de Desarrollo Urbano por $870 millones, procesos de responsabilidad fiscal ante la Contraloría por miles de millones, obras inconclusas y sanciones del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia). Asimismo, indica que la Superintendencia de Sociedades solicitó información financiera al Grupo LHS y sus empresas vinculadas, lo que, según la veeduría, genera interrogantes sobre la solidez de los estados con los que se acreditó la habilitación en el proceso contractual.

También se menciona que la Sociedad Caldense de Ingenieros Civiles cuestionó formalmente el cumplimiento de requisitos por parte de Sonacol, y que el contralor delegado para Infraestructura de la Contraloría General de la República, Luis Fernando Mejía Gómez, exgerente de Aerocafé, “presentaría un evidente conflicto de interés” al ser quien debe emitir concepto sobre el consorcio.

La petición busca que las autoridades determinen la continuidad o revocatoria de los beneficios judiciales concedidos y establezcan eventuales responsabilidades en los procesos contractuales vinculados a Aerocafé y al aeropuerto de Tolú.