Gobierno le envió fuerte mensaje a las generadoras eléctricas tras crisis de Urrá: “Activar planes de contingencia”

En medio de la crisis ambiental y política desatada por las inundaciones asociadas a la contingencia climática y el desembalsamiento de la hidroeléctrica Urrá, el Ministerio de Minas y Energía expidió la Circular 40009 del 11 de febrero de 2026, en la que ordena a los agentes generadores del Mercado Mayorista de Energía Eléctrica reforzar el monitoreo de embalses y activar planes de contingencia para garantizar el abastecimiento del servicio.

El documento, firmado por el ministro Edwin Palma, insta a las empresas a revisar de manera continua los reportes del Ideam sobre precipitaciones y demás variables climáticas, con el fin de planear y controlar “de la forma más asertiva posible” los niveles de sus embalses y mantener una operación segura que proteja a las comunidades.

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La circular se conoce en un momento especialmente sensible para el sector eléctrico, tras la emergencia en Córdoba por las descargas controladas de agua desde el embalse de Urrá hacia el río Sinú, que han provocado inundaciones en municipios ribereños y mantienen a Montería en alerta roja.

Llamado preventivo en medio de la emergencia

El Ministerio enmarca la directriz en la evaluación continua de los embalses realizada en sesiones extraordinarias con la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento a la Situación Energética (Cacsse), con base en los pronósticos climáticos del Ideam.

En la circular, la cartera solicita a los generadores no solo intensificar el seguimiento técnico, sino también activar planes de contingencia en caso de requerir vertimientos superiores a los inicialmente programados. Además, ordena mantener comunicación constante con el Ministerio y otras autoridades del Estado para coordinar acciones y solicitar apoyo cuando sea necesario.

Aunque el documento no habla de racionamiento ni de un riesgo inminente de desabastecimiento, sí evidencia la preocupación del Gobierno por anticiparse a escenarios críticos, tanto por déficit como por exceso de lluvias, que puedan afectar la estabilidad del sistema eléctrico y la seguridad de las poblaciones aguas abajo de las represas.

El mensaje cobra especial relevancia en el contexto de Urrá, donde las lluvias atípicas elevaron el nivel del embalse hasta puntos críticos, obligando a maniobras de descarga que terminaron impactando a miles de familias en la cuenca del Sinú.

Garantizar el suministro sin afectar a las comunidades

La cartera aseguró estar disponible a través de distintos canales para trabajar conjuntamente con las empresas y proteger la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica.

El desafío para el Gobierno será equilibrar dos frentes simultáneos: asegurar el abastecimiento nacional en un sistema altamente dependiente de la generación hidráulica y evitar que las decisiones operativas de las represas se traduzcan en emergencias sociales y ambientales.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) abrió un proceso sancionatorio contra Urrá S.A., al considerar que la empresa habría excedido de manera reiterada los niveles máximos permitidos en la denominada “Curva Guía Máxima” del embalse. Según la entidad, ese incumplimiento pudo haber agravado la magnitud de las inundaciones en Córdoba.

En paralelo, el presidente Gustavo Petro sugirió públicamente que la hidroeléctrica pudo haber “guardado agua” con la expectativa de vender energía a precios más altos en un eventual escenario de escasez, y pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos investigar el manejo de la represa.

La crisis también tuvo repercusiones administrativas. Juan Acevedo Rocha, presidente encargado de Urrá y vinculado a la empresa por más de 30 años, presentó su renuncia el 9 de febrero en medio de los cuestionamientos y las investigaciones en curso.

Desde la oposición y el gobierno departamental, encabezado por el gobernador Erasmo Zuleta, se han elevado críticas sobre el impacto histórico del proyecto en Córdoba. Reclaman que el departamento no recibe beneficios proporcionales a los riesgos y costos sociales que asume, y piden revisar las compensaciones.