Petro respondió críticas por el manejo de la crisis ambiental en Córdoba con nuevas críticas a Urrá: “Denuncié que trearía hambre”

Gustavo Petro, presidente de Colombia, defendió su papel como opositor histórico de la hidroeléctrica de Urrá y rechazó las acusaciones que lo vinculan con una presunta respuesta insuficiente del Gobierno ante la crisis en Córdoba por las recientes inundaciones, así como con las polémicas asociadas a la megaobra hídrica.

El mandatario, a través de mensajes publicados en su cuenta oficial en X, afirmó que años atrás advirtió públicamente sobre los riesgos del proyecto, que apenas iniciaba. Además, responsabilizó de las acusaciones en su contra a grandes propietarios de tierras y a sectores de la prensa, en este caso, citando un artículo de El Colombiano que, para él, lo señalaría de ser responsable en las decisiones administrativas para atender las inundaciones.

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“Fui el que denunció que Urrá traería hambre y era para los terratenientes en Córdoba”, expuso Petro, recordando que cuando era congresista llevó al líder indígena Kimy Pernía Domicó, entre 1999 y el 2001, a presentar su denuncia sobre el impacto de la hidroeléctrica ante la Cámara.

En el mismo espacio, el mandatario criticó al mencionado medio, afirmando: “Ahora me meten en vainas los del Colombiano como siempre, pero siempre son otros, no yo”.

La situación ocurre en medio de una emergencia que habría sido provocada por la apertura de las compuertas de la hidroeléctrica de Urrá para gestionar los altos niveles del embalse y evitar su desbordamiento ante las lluvias torrenciales en la región por cuenta de un débil fenómeno de La Niña, lo que causó el desbordamiento del río Sinú y agravó las afectaciones en Córdoba.

Y es que, de acuerdo con el analisis de El Colombiano, el 99% de la propiedad de Urrá corresponde al Gobierno nacional, mientras que autoridades departamentales y la opinión pública han dirigido sus reclamos directamente al Ejecutivo por el manejo de la crisis.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, reiteró que la máxima responsabilidad recae en el Gobierno, el cual controla la junta directiva de Urrá a través de los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía.

Mientras desde la Presidencia se intenta atribuir autonomía operativa a la administración de la hidroeléctrica, registros oficiales citados por el medio mencionado muestran que todos los gerentes generales y presidentes encargados han sido designados por delegados gubernamentales.

El reciente cambio en la presidencia de la hidroeléctrica Urrá, tras la salida de Juan Acevedo Rocha, intensificó el debate político. Acevedo Rocha, designado en mayo de 2025 por una junta dominada por representantes del Gobierno, presentó su renuncia pocas horas después de que el presidente Petro pidiera una investigación penal sobre el manejo del embalse durante las inundaciones. A esto se le sumó el análisis de expertos sobre el tema.

La dimisión sucedió tras una petición directa del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, en un clima de alta tensión institucional. En su carta de despedida, Acevedo señaló que su salida buscaba evitar una confrontación abierta entre la administración y el Ejecutivo, aunque defendió firmemente su gestión.

Al despedirse, Acevedo Rocha respaldó la operación técnica del embalse con cifras: “Si no existiera el embalse, la catástrofe en Córdoba habría sido incalculable”, declaró.

Detalló que la hidroeléctrica enfrentó 58 horas de lluvias con aportes superiores a 2.200 metros cúbicos por segundo, conteniendo el flujo y evitando daños mayores en el valle del Sinú.

Acevedo Rocha indicó que desde el 2000 han gestionado con éxito 455 de los 473 eventos extremos en la cuenca, es decir, el 97% de las crecientes. También precisó que el embalse estuvo 90 centímetros por debajo de la cota máxima de seguridad al inicio de la emergencia, desmintiendo que se hayan vulnerado los estándares técnicos.

A pesar de la defensa técnica, el presidente Petro calificó las descargas de la hidroeléctrica durante la emergencia como un “crimen ambiental” y ha insistido en que debe haber responsabilidades penales por las decisiones tomadas tanto en la actual administración como en periodos previos.

Documentos oficiales citados por el medio mencionado señalan que el nombramiento de Acevedo fue promovido por una junta dominada por el Gobierno, en un intento por aumentar la influencia de allegados a la coalición nacional y desplazar la intervención política regional.

Tras la salida de Acevedo Rocha, el Ejecutivo nombró al ingeniero civil Enrique Kerguelen como encargado, bajo presión pública para elevar los criterios técnicos y tomar distancia de intereses partidistas.

De manera paralela a estos cambios administrativos, la Hidroeléctrica Urrá enfrenta investigaciones judiciales por presuntas irregularidades en contrataciones y licitaciones supuestamente favorables a empresas afines al entorno presidencial.