El presidente Gustavo Petro, en la madrugada del 10 de febrero del 2026, le respondió a la representante a la Cámara por Córdoba, Saray Robayo Bechara, luego de que lo tildara como “miserable”.
En su respuesta, el mandatario colombiano mencionó a un indígena colombiano, el cual no dió su nombre pero compartió una publicación del medio regional y público CTV Barranquilla.
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“Me dice miserable una politiquera de Córdoba por traer este recuerdo sobre la represa de Urrá. No le parece miserable los que descuartizaron este indígena, no les parece miserable la camiseta del que se robó a Bogotá en el cartel de la contratación distrital, no le parece miserable convivir con quienes asesinaron a miles de campesinos en Córdoba”, afirmó Petro.
Bajo esa premisa, se estaría refiriendo al líder indígena Embera Katío Kimy Pernía Domicó, quien fue secuestrado y asesinado en 2001 tras oponerse a la represa Urrá en Córdoba, Colombia.
Su defensa del territorio y los derechos indígenas se mantiene vigente ante las recientes emergencias ambientales e inundaciones que afectan la región.
A comienzos de la década de los 90 del siglo pasado, Pernía Domicó y otros referentes, como Lucindo Domicó Cabrera, impulsaron la defensa del pueblo Embera Katío frente al proyecto hidroeléctrico. De acuerdo con la Comisión Colombiana de Juristas, la resistencia a la represa de Urrá se sostuvo por el temor a daños irreparables en la supervivencia de la comunidad y el rechazo a decisiones tomadas sin consulta.
El líder indígena denunció afectaciones graves sobre la pesca y la seguridad alimentaria. “Por hacer esa represa, ha destruido pescado. Mataron cantidades de pescado”, relató Pernía Domicó en un testimonio recogido por la comisión.
También describió el asesinato de cuatro dirigentes y las constantes amenazas contra los líderes, que asoció tanto a la empresa hidroeléctrica como a grupos paramilitares.
La organización Akubadaura recuerda que el 2 de junio de 2001 Kimy fue secuestrado y desaparecido en Córdoba por su oposición frontal a megaproyectos como Urrá. “Defendió los derechos de su comunidad y se opuso a la construcción de megaproyectos en el territorio”, subraya Akubadaura.
Su rol como guardián de la comunidad y su resistencia frente a iniciativas de gran escala han sido centrales en las narrativas sobre su vida y muerte.
Las repercusiones sociales y ambientales de la represa de Urrá siguen siendo motivo de denuncia. Pernía Domicó lamentó la destrucción de cultivos ancestrales y cuestionó las compensaciones económicas insuficientes: “Me pagaban novecientos cincuenta pesos una hectárea de eso... Yo no necesito dinero. Yo quiero que mi platanito sea respetado, eso”, afirmó en su momento.
Sus palabras cobran relevancia a raíz de las inundaciones recientes, consideradas por expertos como consecuencia de la alteración de humedales y cursos de agua por los embalses.
El presidente Gustavo Petro destacó en su cuenta oficial de X que Kimy Pernía Domicó fue asesinado por paramilitares tras oponerse al megaproyecto, y reconoció la actualidad de sus advertencias ambientales frente a la crisis en el territorio.
La defensa del territorio tuvo un alto costo para la comunidad. Según la Comisión Colombiana de Juristas, la respuesta a la movilización fue una ola de asesinatos y desplazamientos forzados, incluyendo el caso de Lucindo Domicó en 1999.
El secuestro de Kimy, perpetrado por un grupo paramilitar en Tierralta, fue dos días antes de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concediera medidas de protección al pueblo Embera Katío. La comisión señala que los familiares continúan exigiendo verdad y la localización de sus restos, además de garantías para la supervivencia de la comunidad.
El estado de impunidad persiste. “El caso se encuentra en la completa impunidad”, advierte la Comisión Colombiana de Juristas, desde el 2016, añadiendo que varios responsables identificados fueron asesinados antes de ser formalmente investigados.
La fragmentación de los procesos judiciales, según esta organización, perpetúa la impunidad y eleva el riesgo para los pueblos indígenas. Por ello, el pueblo Embera reclama investigaciones unificadas que permitan evidenciar patrones sistemáticos de agresión.
En noviembre de 2015 se reactivó, tras años de inactividad, la Comisión Mixta de Protección, para avanzar en la implementación de medidas ordenadas por la Cidh.
A pesar de esas iniciativas, la comisión denuncia que el peligro permanece y que no existe una reparación integral, mientras el gobierno colombiano estudia la construcción de nuevos proyectos hidroeléctricos como el “Río Sinú”, anteriormente llamado “Urrá II”.
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