Nuevos datos de la crisis de la educación en Colombia: uno de cada cinco colegios privados funciona a menos del 50% de su capacidad

La educación privada en Colombia atraviesa una crisis estructural, cuya magnitud se observa en que el 98% de los colegios opera por debajo de su capacidad y uno de cada cinco funciona con menos del 50% de ocupación.

Según el informe Educación en Cifras elaborado por la firma Mattilda, este déficit en las matrículas afecta directamente la sostenibilidad financiera del sector, aumentando el riesgo de cierres a corto y mediano plazo, especialmente para las instituciones más pequeñas y menos costosas.

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Al revisar los casos más recientes, se constata que más de 800 colegios privados han cerrado en Colombia desde 2020, y el panorama no muestra señales de mejora.

Las cifras dejan ver un fenómeno de fondo: solo el 24% de los colegios reportó crecimiento significativo en el número de estudiantes; en ciudades pequeñas el porcentaje baja a 13%. El resto mantuvo sus cifras o vio reducido su alumnado.

El problema se agrava por la rápida disminución en la tasa de natalidad: en 2024 nacieron en Colombia 453.901 personas, un descenso del 35% respecto a 2008, cuando hubo 715.453 nacimientos, y del 12 % frente a 2023.

Uno de los datos más representativos del informe de Mattilda señala que entre los colegios que perdieron estudiantes, el 53% atribuye los retiros a la incapacidad de pago de las familias, mientras que el 42% los conecta con cambios de ciudad o residencia.

Estas cifras fortalecen la relación entre la crisis y las variables económicas, aunque el country manager de laz empresa encargada del informe, José David Tena Gascón, expresó que detrás de la problemática hay un reto estructural más allá de la economía: “El problema no es sólo cuántos estudiantes hay, sino cómo está dimensionado el sistema frente a la demanda real. Aunque los factores económicos influyen, no explican por sí solos la magnitud de la situación. Hoy el reto es estructural: muchos colegios han priorizado lo pedagógico y han dejado de lado la gestión económica, cuando ambos son igual de necesarios para asegurar su sostenibilidad”, declaró Tena Gascón a El Tiempo.

Casos emblemáticos como el cierre del colegio Seminario San Pío X, que llegó a operar con apenas 70 alumnos en instalaciones preparadas para cientos, ilustran cómo la pérdida de estudiantes pone en jaque el funcionamiento institucional: “Se volvió inviable ante la escasez de alumnos y la imposibilidad de mantener la carga docente”, explicó su rector, Gonzalo Gómez, según recoge el informe.

El colegio La Presentación de Sans Façon experimentó una situación similar, con solo 189 estudiantes matriculados en 2024, muy por debajo de su capacidad total de 1.600.

En términos de gestión financiera, la vulnerabilidad es aún mayor para los colegios con pensiones bajas o pocos estudiantes. Según los datos, el 60% de los colegios con pensiones menores a $400.000 reporta problemas de cobranza, mientras que solo el 13% de los colegios con pensiones superiores a $1’200.000 enfrenta esta dificultad.

El informe también revela que el 75% de las instituciones privadas concluye cada mes con cartera vencida de más del 3%, y un 13% supera el 10% de morosidad.

En particular, el 64% de la cartera en mora superior al 10% se concentra en colegios con pensiones de $800.000 o menos, cifra que contrasta con el 7% registrado en instituciones con pensiones mayores a $2’000.000.

Además, los colegios con menos de 200 estudiantes representan más de la mitad de los casos críticos de morosidad, lo que acentúa la fragilidad operativa.

El análisis de Mattilda advierte que la estrechez financiera se ve agravada por la escasa diversificación de ingresos. El 29% de los colegios depende únicamente del pago de pensiones, y si bien el 37% obtiene ingresos adicionales de actividades extracurriculares, menos del 10% recibe recursos relevantes de servicios como cafetería, transporte o uniformes.

Esta estructura dificulta la capacidad de absorber impactos externos, como la caída de matrícula o problemas de recaudo, dejando a las instituciones expuestas a desajustes que pueden comprometer su viabilidad.

El entorno económico impone límites adicionales. Aunque el Ministerio de Educación regula los incrementos de matrícula y pensión en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC), muchos colegios vacilan en ajustar tarifas por temor a perder estudiantes.

En 2024, el IPC cerró en 5,2%, que es el máximo autorizado para subir la pensión en 2025, más algunos puntos extra según condiciones. El 61% de los colegios elevó su pensión por encima de este límite, sobre todo instituciones con pensiones mayores a $800.000, en las que casi el 90% aplicó aumentos superiores al 5%.

En contraste, el 27% decidió incrementos inferiores al 5% y un 10% no hizo ajustes, generalmente por preocupación ante posibles deserciones. Los colegios con matrículas más altas parecen cómodos acometiendo incrementos más agresivos, mientras que los de menores valores requieren acompañamiento financiero para mantener la calidad sin perder asequibilidad.

El diagnóstico se completa con el descenso general de estudiantes matriculados a nivel nacional. Datos del Sistema Nacional de Información de Educación Básica y Media (Sineb) muestran que, en 2015, la matrículas escolares alcanzaron los 10,2 millones; para 2024 la cifra bajó a 9,5 millones, con Bogotá como uno de los centros urbanos más afectados: su matrícula cayó de 1’364.272 estudiantes a 1’175.068.

La caída en el número de aspirantes, el aumento de la cartera en mora y la dependencia casi exclusiva de los ingresos por matrícula han conformado un escenario complejo para la educación privada, con efectos inmediatos en la capacidad de operación e inversión de las instituciones, y una presión creciente por redefinir su modelo de gestión.