Un juez penal del circuito de Cali sentenció a 13 años y nueve meses de prisión a un exjefe de área de un hospital público de la ciudad, tras hallarlo responsable de abusos sexuales cometidos contra varias empleadas durante un periodo de diez años.
La decisión judicial se basó en la solidez de los testimonios presentados por las víctimas y en la evidencia recabada por la Fiscalía General de la Nación.
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Según la investigación, el condenado, identificado como Diego Ramiro Cortés Arismendi, de 44 años, se desempeñó como jefe de una de las áreas administrativas del centro médico, donde habría utilizado su posición para acosar y violentar sexualmente a trabajadoras de la institución.
De acuerdo con la Fiscalía, “las pruebas recaudadas permitieron que un juez penal del circuito condenara a 13 años y 9 meses de prisión a Diego Ramiro Cortés Arismendi, quien fue encontrado responsable de comportamientos que atentaban contra la integridad sexual de varias empleadas del centro médico”.
El expediente judicial detalla que, entre 2010 y 2020, Cortés Arismendi sostuvo conversaciones de carácter sexual con las víctimas, además de someterlas a tocamientos íntimos sin su consentimiento. Los relatos presentados por las afectadas describen cómo el exfuncionario aprovechaba espacios cerrados dentro del hospital para encerrarse con las mujeres, quienes luego eran acosadas mediante comentarios obscenos y presionadas para sostener relaciones sexuales.
“Se demostró que entre 2010 y 2020, el hombre aprovechaba espacios cerrados para encerrarse con las mujeres y acosarlas con el propósito de obligarlas a sostener relaciones sexuales, al tiempo que hacía comentarios obscenos sobre los cuerpos y la intimidad de las víctimas”, señala la investigación citada por El Tiempo.
A pesar de la contundencia de los testimonios y las pruebas, el acusado nunca aceptó los cargos y se declaró inocente durante todo el proceso judicial. Las declaraciones de las víctimas fueron clave para esclarecer los hechos y consolidar la acusación de la Fiscalía, que insistió en la gravedad de los comportamientos del exjefe de área y su impacto sobre las trabajadoras.
El reciente caso de abuso sexual cometido por un exjefe de área en un hospital público de Cali no es un hecho aislado en la ciudad, que en los últimos años ha registrado situaciones de violencia sexual con alto impacto judicial y social. En enero de 2026, la justicia impuso una de las penas más severas en la historia reciente de la ciudad al condenar a 57 años de prisión a Wilson Alexander Prado Cabezas, declarado responsable de secuestrar y agredir sexualmente al menos a nueve mujeres en Cali y municipios cercanos como Palmira, Candelaria y Jamundí.
Según la investigación, Prado Cabezas operaba mediante el uso de plataformas virtuales para contactar a sus víctimas, mujeres de entre 20 y 40 años. Una vez ganada su confianza, las citaba o las convencía de aceptar un falso servicio de transporte en motocicleta para luego trasladarlas a zonas apartadas, donde las sometía bajo amenazas, violencia física y abuso sexual. En varios de los casos, el agresor mantuvo retenidas a las víctimas y exigió pagos de rescate a sus familiares, con montos que iban desde tres hasta tres mil millones de pesos, según detalló la Fiscalía.
El proceso judicial incluyó análisis técnicos y pruebas genéticas practicadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. “El perfil genético de Wilson Alexander Prado Cabezas coincide en un 99,99 % con las muestras obtenidas de las víctimas”, indicó el dictamen pericial, aportando evidencia clave para la condena por secuestro extorsivo, acceso carnal violento, hurto calificado y extorsión. La sentencia también contempló una multa de casi 44.000 salarios mínimos legales mensuales y la obligación de cumplir la pena en un centro penitenciario.
Estos hechos han generado preocupación y alarma en la comunidad caleña, que reclama mayor eficacia en los mecanismos de prevención y atención a las víctimas de violencia sexual. La reiteración de casos graves, tanto en el ámbito público como privado, evidencia la necesidad de fortalecer las redes de denuncia y protección, así como la coordinación entre autoridades, instituciones de salud y organismos judiciales.
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