Las conversaciones entre el Gobierno nacional y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (a) EGC, más conocido como el Clan del Golfo, han avanzado considerablemente, a tal punto que, según un comunicado oficial, la conversación en torno a temas sociales y jurídicos resulta fundamental para buscar soluciones basadas en el diálogo frente a la violencia y hoy muestra un desarrollo significativo.
En este proceso de diálogo, que cuenta con la mediación de Qatar, España, Noruega y Suiza, y el respaldo de la MAPP/OEA y la Conferencia Episcopal de Colombia, se busca propiciar la desmovilización y la reintegración de los miembros de ese grupo armado ilegal.
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De acuerdo con el mismo comunicado, el pasado 5 de diciembre se suscribió en Doha, Qatar, el compromiso de ubicación gradual de los integrantes de este grupo en Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) de acuerdo con la Ley 2272 de 2022 como paso verificable hacia su desmovilización.
En cumplimiento de este acuerdo, el 24 de diciembre de 2025, los líderes del EGC —Jobanis de Jesús Ávila (alias Chiquito Malo), Orozman Orlando Osten (alias Rodrigo Flechas), Elkin Casarrubia (alias El Cura), Luis Armando Pérez (alias Bruno) y el fallecido Gonzalo Sánchez (alias Gonzalito)— comenzaron tareas internas para asegurar la ubicación gradual de más miembros en las mencionadas zonas.
Este avance ha tenido consecuencias jurídicas inmediatas. La Consejería Comisionada de Paz confirmó que desde diciembre están suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República.
Además, señaló que tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa recibieron información detallada sobre cada etapa del proceso, en el marco de la coordinación institucional.
El comunicado, expedido en Bogotá el 5 de febrero de 2026, reitera que las gestiones de los líderes del Clan del Golfo iniciaron en la fecha acordada, para “coordinar internamente la ubicación gradual de los demás miembros del grupo en las ZUT”, como parte del compromiso de desmovilización y tránsito hacia la vida civil.
Clan del Golfo anunció suspensión de los diálogos con el Gobierno tras ofrecimiento de Gustavo Petro a Donald Trump de entregar a uno de sus cabecillas
La decisión del Clan del Golfo, de suspender de manera provisional su participación en la mesa de diálogo con el Gobierno nacional reconfiguró el escenario de negociaciones en Colombia. El anuncio se produjo poco después de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca.
El grupo armado comunicó públicamente, a través de su cuenta oficial en la red social X, que el retiro de la delegación busca “realizar consultas y aclarar la veracidad de la información” sobre supuestos acuerdos entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.
Según el comunicado, Petro habría entregado a las autoridades estadounidenses los nombres de tres presuntos capos del narcotráfico —alias Pablito, Iván Mordisco y Chiquito Malo— y se habría comprometido a neutralizarlos en un plazo de dos meses. El Clan del Golfo señaló que esta información, difundida por medios de comunicación, pondría en entredicho la buena fe en los acuerdos.
“Hemos sido el único grupo que ha honrado los compromisos asumidos en el proceso de negociación”, afirmó la organización en su declaración, y añadió duras críticas contra Petro, al que acusó de anteponer intereses personales al objetivo de alcanzar la paz en los territorios.
El Estado Mayor Conjunto del Clan del Golfo enfatizó que, si se confirman los señalamientos, se trataría de “una violación a la buena fe y a los compromisos adquiridos en el marco de los acuerdos alcanzados en Doha”. El grupo considera que la suspensión es temporal mientras se verifican los hechos y se consultan las bases.
Este giro en el proceso se produce en un contexto especialmente tenso tras la muerte de José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito, considerado el segundo al mando de la organización.
El deceso, ocurrido el 1 de febrero de 2026 en Tierralta, Córdoba, fue atribuido inicialmente a un accidente fluvial, aunque las autoridades investigan posibles lesiones que podrían abrir nuevas hipótesis sobre lo sucedido.
La suspensión del diálogo añade una nueva capa de incertidumbre a las negociaciones de paz en Colombia, en medio de sospechas cruzadas y un clima de desconfianza entre las partes.
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