La posible apertura de una investigación penal por presunta financiación ilegal en la campaña de Gustavo Petro ha generado inquietud en el ámbito jurídico colombiano y fue eje de debate durante el Foro Internacional de Razonamiento Probatorio realizado en Bogotá.
En caso de comprobarse la validez de las declaraciones ofrecidas por Alias Pipe Tuluá, tanto el gerente de campaña (Ricardo Roa) como el propio mandatario colombiano podrían enfrentar una pena de entre cuatro y ocho años de prisión.
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Así lo advirtieron expertos legales presentes en el encuentro, que reúne a destacados magistrados y exmagistrados de las altas cortes del país.
El abogado José Luis Moreno, moderador del foro, subrayó la necesidad de que el líder extraditado de la banda ‘La Inmaculada’, Andrés Felipe Marín (alias Pipe Tuluá), entregue las pruebas tanto a autoridades de Estados Unidos como de Colombia, para garantizar la transparencia del proceso.
Agregó: “Estas declaraciones son graves, pero hay que analizarlas con la mayor rigurosidad para que la Fiscalía evalúe las responsabilidades que haya lugar”, según sus palabras durante el desarrollo de la jornada.
Moreno enfatizó que el simple audio difundido recientemente no constituye prueba suficiente: “El audio revelado al país en las últimas horas no constituye una prueba sólida. Es fundamental siempre recaudar el suficiente material probatorio y hacer las valoraciones reales y con la mayor rigurosidad, para poder lograr la existencia de una motivación justa en cuanto a la adecuación típica de una conducta de una persona y su participación en determinado delito”.
El abogado reiteró la necesidad de que solo un análisis probatorio completo permitirá esclarecer los hechos y determinar la existencia de eventuales delitos de financiación ilícita.
El panel contó con la presencia de magistrados como Carlos Roberto Solórzano, Juan Carlos Espeleta, Gerardo Barbosa y Hilda González (Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia), Magda Victoria Acosta (Consejo Nacional de Disciplina Judicial), así como representantes de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el catedrático español Jordi Nieva Fenoll (Universidad de Barcelona).
Los participantes analizaron el impacto que tienen macrocasos como el actual sobre la administración de justicia, en un entorno dominado por el aumento de la complejidad probatoria, la presión mediática y la tecnificación de los procesos judiciales. Alertaron sobre el peligro de automatización sin controles y la urgencia de contar con estándares claros para respaldar las decisiones jurídicas.
Durante su intervención, Moreno detalló: “La financiación ilegal, si llegara a ser cierto esto, estaríamos incurriendo en el delito de financiación ilegal de campañas políticas y podrían incurrir en una pena entre cuatro y ocho años de prisión, no solamente para el gerente de campaña, sino también para el candidato y para quienes sabían de esta financiación ilegal, incluso para quien aportó el recurso. Ahora bien, hay que revisar si hay suficientes pruebas para lograr determinar si existió esta conducta”.
El debate continuará mientras se verifica la solidez de los elementos probatorios aportados y se evalúa la posible responsabilidad de los implicados ante la justicia colombiana.
‘Pipe Tuluá’ afirmó tener pruebas contra allegado de Gustavo Petro antes de ser extraditado
Alias ‘Pipe Tuluá’, máximo líder de la banda La Inmaculada, fue extraditadodes de Bogotá hacia Estados Unidos el martes 3 de febrero tras una operación que inició la madrugada y concluyó con su traslado a Texas.
Antes de su salida del país, Andrés Felipe Marín Silva, identificado como ‘Pipe Tuluá’, difundió un audio advirtiendo que poseería pruebas sobre la entrega de dinero al hermano de Gustavo Petro para la campaña presidencial de 2022 y detallando que cuenta con videos, audios y consignaciones como respaldo de sus afirmaciones, asegurando: “Tenemos pruebas donde le pasamos mucho dinero para su campaña”.
Investigado por delitos de narcotráfico, homicidios y extorsiones durante más de veinte años, Marín Silva fue capturado en 2015, pero continuó liderando La Inmaculada desde prisión.
El proceso de extradición se concretó luego de que la Corte Suprema diera concepto favorable el 12 de noviembre de 2025 tras rechazar un recurso interpuesto por Marín para evitar su envío a Estados Unidos.
En una grabación previa a su extradición, ‘Pipe Tuluá’ solicitó evitar retaliaciones contra los funcionarios del Inpec y la población en general, calificando el proceso de extradición como “un montaje del presidente”.
La precandidata Vicky Dávila hizo público otro audio donde el cabecilla informa: “Tenemos videos, audios, consignaciones donde se le pasó plata para, no solamente su campaña, para muchas cosas de la Dian. Esas pruebas las tengo y las vamos a pasar a los Estados Unidos”.
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