
Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y pieza clave en el escándalo que habría desviado 380 mil millones de pesos, denunció haber recibido nuevas amenazas de muerte que ponen en riesgo su seguridad, la de su familia y la de su equipo jurídico.
López permanece privado de la libertad, pero las intimidaciones actuales, según explicó Moreno, han escalado en las últimas semanas. “Si no se resuelve la situación jurídica de Olmedo López, su seguridad podría verse seriamente comprometida”, afirmó el abogado, quien añadió que la falta de aprobación del preacuerdo con la Fiscalía mantiene al exfuncionario en una “grave incertidumbre jurídica”.
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Moreno aseguró que las denuncias serán formalizadas ante la Fiscalía General de la Nación durante la próxima semana. La situación fue confirmada por su abogado, José Moreno, en diálogo con Caracol Radio.
El abogado señaló que las amenazas no se limitan a López, sino que se han extendido a su familia y a su equipo de defensa, lo que evidencia un patrón de presión sobre quienes colaboran con la justicia en procesos de alto perfil.
Moreno explicó que, mientras no se garantice la protección, no se pueden realizar nuevos pronunciamientos ni avanzar en su colaboración con la Fiscalía.

El contexto de estas nuevas amenazas se relaciona directamente con la colaboración que López brindó en septiembre de 2025. En esa fecha, el exdirector rindió versión libre ante la Corte Suprema de Justicia los días 10, 11, 12 y 15 de ese mes, un paso fundamental para avanzar en la investigación sobre la red de corrupción de la Ungrd.
Su testimonio permitió ampliar el caso hacia al menos 25 implicados, incluidos funcionarios de alto rango, y fue clave para entender cómo se desviaron recursos públicos y se habrían pagado sobornos a congresistas.
En su denuncia más reciente, López aseguró que recibió sobornos por más de 10.000 millones de pesos para modificar su testimonio ante la Fiscalía. Según su relato, estos hechos ya motivaron capturas de implicados.
Además, denunció que hombres armados intentaron irrumpir en la vivienda de su abogado y sustrajeron una caja de seguridad con documentos esenciales para el proceso, lo que subraya la gravedad de la situación.
El exdirector también acusó al presidente Gustavo Petro de “ponerle precio” a su cabeza y recordó que, en declaraciones públicas previas, el mandatario lo calificó de traidor. Petro, por su parte, respondió minimizando las denuncias y calificando a López como un “ladrón de recursos públicos confeso”, reafirmando su señalamiento de traición a la izquierda.
El caso de López está ligado a la cuestionada compra de 40 carrotanques por la Ungrd, operación que habría generado sobrecostos superiores a 16 mil millones de pesos. Según la Fiscalía, estos recursos habrían sido utilizados para pagar sobornos a congresistas a cambio de respaldo a proyectos del Ejecutivo.

López enfrenta cargos de peculado por apropiación, concierto para delinquir y otros delitos asociados a contratos irregulares, además de favorecer a contratistas específicos.
Desde su detención, López ha aceptado responsabilidad por algunos cargos y ha decidido colaborar con la justicia, proporcionando evidencia y testimonios que han ampliado la investigación hacia funcionarios de alto perfil, incluido el expresidente de la Cámara de Representantes Wadith Manzur.
Esta colaboración es considerada esencial para desenmarañar uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de Colombia.
La defensa de López ha solicitado garantías adicionales ante el centro de reclusión y la Fiscalía, con el fin de proteger su integridad mientras continúa colaborando.

López no realizará nuevos pronunciamientos, una medida que busca salvaguardar tanto la seguridad del exfuncionario como la credibilidad de su testimonio.
La Fiscalía y la Corte Suprema deberán garantizar que López pueda continuar aportando información sin poner en peligro su vida, un elemento crucial para avanzar en la investigación, según el abogado.
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