Colombia enfrentó en 2025 una de las crisis humanitarias más graves de la última década, tras el recrudecimiento de los abusos cometidos por grupos armados ilegales, el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay y las advertencias de organizaciones sobre los riesgos para los derechos humanos en el marco del proceso electoral de 2026.
De acuerdo con Human Rights Watch (HRW) la violencia resurgió incluso después del acuerdo de paz de 2016, golpeando especialmente a comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes y desatando alarma a nivel nacional e internacional.
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Según el informe de HRW, en ese periodo persistieron problemas estructurales como el control territorial ejercido por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, alimentados por economías ilegales, como la minería o el narcotráfico.
En la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, el ELN inició en enero una campaña violenta contra el Frente 33 de las disidencias de las Farc, lo que se tradujo en asesinatos, secuestros y desapariciones de civiles.
La crisis humanitaria se manifestó con fuerza en el confinamiento forzado y el desplazamiento masivo. Según cifras de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) citadas por HRW, entre enero y agosto de 2025 más de 137.000 personas no pudieron salir de sus comunidades debido a amenazas y combates. Este fenómeno, denominado “confinamiento”, tuvo un crecimiento significativo en comparación con años anteriores.
En ese mismo periodo y región, más de 64.000 personas abandonaron sus hogares en uno de los mayores desplazamientos masivos registrados en Colombia en décadas, según HRW y Ocha.
A escala nacional, más de 79.500 personas sufrieron desplazamiento entre enero y agosto, lo que representó un aumento del 53% respecto a 2024. Los desplazamientos afectan de manera particular a mujeres, niñas, niños y comunidades vulnerables que además soportan altas tasas de pobreza.
Otra preocupación importante documentada por la Defensoría del Pueblo fue el aumento del reclutamiento forzado de niños y adolescentes. En 2024 se reportaron 625 casos, un 81% más que el año anterior, y según HRW con datos de Naciones Unidas, la tendencia al alza continuó en 2025.
Además, Ocha relevó que entre enero y agosto, 544 civiles murieron o resultaron heridos por artefactos explosivos, un incremento del 145% respecto al mismo periodo de 2024. El empleo de drones con explosivos también mostró un notable crecimiento.
El escenario político se deterioró aún más tras el asesinato de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial del partido Centro Democrático, quien falleció el 11 de agosto después de un atentado en Bogotá dos meses antes.
El informe de HRW insiste en que la violencia política empañó el periodo previo a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, incrementando los riesgos para la participación democrática y la integridad del proceso.
El calendario electoral prevé los comicios legislativos el 8 de marzo y la elección presidencial el 31 de mayo, con una posible segunda vuelta el 21 de junio. La Defensoría del Pueblo identificó amenazas a los derechos civiles y políticos en 224 municipios, solicitando acciones urgentes de protección, tal como documenta HRW.
Las instituciones colombianas mantienen severas dificultades para proteger a la población y responder a la expansión de los grupos armados. HRW detalló que las fuerzas de seguridad no han logrado desmontar la estructura de estos grupos ni frenar la violencia. A nivel departamental y municipal, la escasez de fondos afecta la asistencia a las víctimas, y la lentitud en la reacción estatal ha sido un obstáculo recurrente.
En el ámbito judicial, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avanzó con los primeros juicios adversariales y sentencias contra exmiembros del Secretariado de las Farc y del Ejército, condenados por crímenes de lesa humanidad y de guerra. Sin embargo, HRW cuestionó la efectividad de las sanciones impuestas por deficiencias en el control y la definición de restricciones, lo que llevó a víctimas a presentar apelaciones.
La situación de los defensores de derechos humanos siguió siendo crítica. Desde 2016 fueron asesinados al menos 1.500 líderes sociales, según la Defensoría del Pueblo, y solo en el 16.5% de los casos hubo condena judicial, de acuerdo con HRW.
Mujeres, integrantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y personas LGBT continuaron sufriendo violencia, feminicidios y discriminación, a pesar de las leyes protectoras existentes.
El gobierno del presidente Gustavo Petro sostuvo la política de “paz total”, aunque con avances limitados en su objetivo de negociar el desarme de los actores armados y fortalecer la respuesta institucional. HRW constató retrasos en la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) y otras reformas pactadas en 2016. La pobreza multidimensional alcanzó el 24.4% en los municipios prioritarios en 2024, más del doble de la media nacional.
En testimonios recogidos por las fuentes, HRW recalcó: "Los abusos cometidos por los grupos armados, el limitado acceso a la justicia y los altos niveles de pobreza, especialmente entre las comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes, siguen siendo graves problemas de derechos humanos en Colombia". La Defensoría del Pueblo urgió nuevamente a reforzar la protección de líderes sociales y comunidades más expuestas a los riesgos.
La comunidad internacional, incluido el Parlamento Europeo y el Servicio Europeo de Acción Exterior, exhortó a las autoridades colombianas a garantizar la seguridad de los actores políticos y de toda la ciudadanía frente al ciclo electoral de 2026. Organismos de Naciones Unidas y la propia HRW destacaron la urgencia de asistencia humanitaria y de un mayor compromiso estatal para revertir las tendencias de violencia y desplazamiento.
Pese a los avances judiciales formales, las sentencias dictadas por la JEP contra responsables de crímenes de guerra no han contado con mecanismos de control estrictos, lo que pone en entredicho la capacidad real de las sanciones para reparar a las víctimas y frenar la impunidad en Colombia.
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