La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) encendió las alarmas por el borrador de decreto del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) que habilitaría a los operadores postales para realizar giros de depósito, transferencias y captar recursos del público, pese a no estar sujetos a la supervisión de la Superintendencia Financiera.
En su más reciente Informe Semanal, el centro de estudios advirtió que la medida introduce riesgos de lavado de activos, expone los recursos de los usuarios y podría terminar profundizando la exclusión financiera en lugar de reducirla.
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Según Anif, aunque Colombia ha registrado avances importantes en inclusión financiera durante la última década, la propuesta del MinTIC crearía “esquemas paralelos” con menores exigencias regulatorias, lo que debilitaría la protección al consumidor y fragmentaría el ecosistema de pagos.
El documento señala que permitir la custodia de saldos y la administración de recursos a operadores postales equivale, en la práctica, a autorizar actividades propias de la captación de ahorro, una función reservada por ley a entidades vigiladas.
Riesgos regulatorios y de protección al usuario
El punto más sensible del borrador es la figura del “giro de depósito”, que permitiría a los usuarios mantener fondos en cuentas postales, realizar retiros parciales y transferencias entre cuentas. Para Anif, este cambio transforma el modelo actual de giros —que hoy operan como mandatos de pago inmediatos sin custodia prolongada— en un esquema asimilable a la captación de recursos del público, sin que existan los mismos estándares de capital, solvencia y supervisión.
A diferencia de los bancos, cooperativas y otras entidades del sistema financiero, los operadores postales no estarían cubiertos por seguros de depósito como los administrados por Fogafín o Fogacoop, mecanismos diseñados para proteger los ahorros del público y preservar la confianza en el sistema. “Esto expone especialmente a poblaciones vulnerables a servicios sin respaldo prudencial ni garantías”, advierte el informe.
Lavado de activos y efectivo
Anif también subrayó los riesgos en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. La ausencia de estándares robustos de trazabilidad, monitoreo y control transaccional podría abrir brechas significativas frente a las exigencias que hoy cumplen las entidades vigiladas.
El contexto colombiano agrava la preocupación: altos niveles de uso de efectivo y economías ilícitas activas incrementan la sensibilidad del sistema a canales menos regulados.
En el informe, el centro de estudios recordó que la bancarización y la reducción del efectivo no solo son objetivos de inclusión financiera, sino herramientas clave para combatir mercados ilícitos. En ese sentido, flexibilizar canales de captación sin salvaguardas suficientes “incrementa los riesgos sistémicos”, según el análisis.
¿Inclusión financiera o fragmentación del sistema?
Si bien Anif reconoce que persisten brechas de acceso y uso de servicios financieros en zonas rurales y rurales dispersas, cuestiona que la solución sea crear un régimen menos exigente a escala nacional. De hecho, el informe muestra que en gran parte del territorio existe un traslape significativo entre la cobertura de corresponsales bancarios y los giros postales, especialmente en regiones andina, cafetera y caribe. Solo en zonas puntuales —como algunas áreas del Pacífico— se observa una mayor complementariedad.
Para el centro de estudios, esto sugiere que el problema no es la regulación financiera en sí misma, sino la necesidad de fortalecer modelos ya existentes dentro del marco formal. “La regulación no es una barrera a la inclusión, sino una condición para garantizar confianza y protección al usuario”, enfatiza el documento.
Otro de los reparos de Anif es la posible exclusión de los operadores postales del sistema de pagos inmediatos Bre-B, recientemente consolidado por el Banco de la República. Al no cumplir con los requisitos técnicos y regulatorios, las cuentas postales quedarían por fuera de esta infraestructura interoperable, fragmentando el sistema y limitando las transferencias entre usuarios.
Según el análisis, esto implicaría la coexistencia de dos ecosistemas: uno regulado, interoperable y con garantías, y otro aislado, sin seguros de depósito ni supervisión prudencial. “Contradice una década de esfuerzos por construir una infraestructura integrada de pagos”, advierte Anif.
“La inclusión financiera auténtica requiere que todas las poblaciones accedan al mismo sistema robusto y con idénticas protecciones”, concluye el documento, que llama al Gobierno a reconsiderar el alcance del borrador y a priorizar soluciones que no sacrifiquen la estabilidad, la seguridad ni la confianza del público
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