Presidente de Ecopetrol insitió en que se está pensando en vender participación en el campo petrolero más importante de Estados Unidos: “Es una tecnología con la que este Gobierno no va”

La posibilidad de que Ecopetrol venda el campo Permian en Texas ha tomado fuerza tras recientes anuncios de la compañía.

Según Ricardo Roa, presidente de la estatal, la decisión de desvincularse de este activo —clave por sus operaciones con fracking— responde tanto a “ejercicios y análisis detallados” sobre su valor como a la línea del actual Gobierno, que rechaza esa tecnología.

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Este debate cobra nuevamente interés después de que el presidente Gustavo Petro solicitó públicamente vender esa participación, y tras críticas de exmiembros de la junta directiva, como Mónica de Greiff, que afirmó que “a Petro no le gusta lo que hace Ecopetrol”.

Roa explicó en 6AM W - Caracol Radio que hay solicitudes para revisar y potencialmente desinvertir en varios activos, tanto en Colombia como en el exterior, y que el campo Permian figura entre los que pueden ser sometidos a evaluación.

Añadió que los contratos para operar en dicho campo, celebrados desde 2020, deben ser actualizados: “Siempre he sido claro en que este (el Permian) es un activo importante, que suma en reservas y en producción, que suma eficiencia y limpieza del costo y de la extracción.

Esa es una posición que he tenido, pero también entiendo la posición del Gobierno y nos corresponde estar en línea. Es fracking y esta es una tecnología con la que este Gobierno no va, y en esa medida es que hemos hecho los ejercicios, los análisis y hemos valorado justamente el activo en términos de lo que hay que valorar”.

Sobre el desempeño bursátil, Roa informó que la acción de Ecopetrol en la Bolsa de Nueva York se valorizó 27%, mientras que su filial ISA superó el 32%.

Consideró que estas cifras reflejan la recuperación y robustez de los fundamentales del Grupo Ecopetrol. Además, anticipó que próximamente se brindarán novedades positivas sobre las reservas de la compañía.

Al respecto, destacó: “Al margen del impacto de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) y del costo del precio del Brent, han tenido impactos importantes y estamos por encima de las metas que nos habíamos trazado”.

En el terreno internacional, Ecopetrol enfrenta retos por el aumento del 900% en los aranceles de transporte que Ecuador impuso al crudo colombiano.

Roa detalló que la compañía suspendió operaciones en octubre de 2023 debido a pérdidas de 27% del crudo transportado por esa vía —lo que equivale a casi 3.000 barriles diarios sobre un total de 30.000— y la presencia de 1.600 válvulas ilegales al año.

Señaló que los costos por barril alcanzaban los USD 12, pero al trasladar el crudo por San Miguel y usar infraestructura ecuatoriana, el costo bajó a USD 2,7 por barril. Roa calificó los aranceles como “absolutamente irracionales” y explicó que el Ministerio de Minas y Energía coordina la búsqueda de alternativas.

El ejecutivo subrayó que ni Ecopetrol ni su filial Cenit podrán exportar crudo por el sur del país hasta resolver los conflictos con las comunidades de la zona y superar otros obstáculos logísticos.

Posteriormente, adelantó la posible intervención de la Comunidad Andina de Naciones a través de su tribunal de justicia, dado que los aranceles limitan el libre comercio en la región. Finalizó señalando la urgencia de acuerdos diplomáticos: “Lo que esperamos es que rápidamente se sienten las cancillerías y, por la vía diplomática, podamos resolver el conflicto”.

Ecopetrol busca alternativas tras alza de arancel en Ecuador

La decisión de Ecuador de imponer una tarifa de casi 30 dólares por barril al transporte de crudo colombiano a través de su territorio ha obligado a Ecopetrol a explorar alternativas que permitan mantener la competitividad de las exportaciones.

La compañía estatal, en palabras de su presidente, Ricardo Roa, considera que cualquier opción sería financieramente más eficiente frente al fuerte incremento arancelario.

Esta postura surge en un escenario de tensión diplomática entre ambos países, mientras el gobierno colombiano intenta abordar el diferendo por canales oficiales.

Roa indicó que la búsqueda de soluciones incluye la reactivación del oleoducto Trasandino, una infraestructura que requeriría una inversión de USD 20 millones y varios meses de trabajos, además de intervenciones en zonas de alto riesgo.

Según anticipó el directivo, este proceso debe cumplir una serie de requisitos impuestos por la Corte Constitucional en la sentencia T-390 de 2025, la cual condiciona la operación del oleoducto al cumplimiento de exigencias técnicas, ambientales y sociales que comprometen a múltiples entidades públicas. La sentencia sugiere, además, realizar estudios sobre la viabilidad de un nuevo trazado que preserve los derechos de la comunidad indígena del departamento de Nariño.

Frente a la opción terrestre, Ecopetrol evalúa transportar el crudo por camión desde Babillas, Guaduas y Bosconia hacia el oleoducto central, continuando hasta Coveñas, el principal puerto de exportación.

Esta vía logística demanda la contratación de al menos 150 camiones y encarecería la operación, con tarifas que oscilarían entre 12 y 15 dólares por barril, según explicó Roa. La alternativa resulta más costosa que los acuerdos previos, pero sigue siendo menos onerosa que la tarifa pretendida por Ecuador.

El origen del vínculo contractual entre ambas naciones data de finales de 2023, cuando la corrupción estructural, materializada en la proliferación de válvulas ilegales —alrededor de 1.600 dispositivos—, provocó pérdidas equivalentes al 25-30% del crudo transportado en Colombia.

Esta situación llevó a Ecopetrol a negociar condiciones favorables con Ecuador, usando los oleoductos Sote y Osla, y logrando una tarifa de 2,7 dólares por barril, frente al estándar regulatorio de 5,7 dólares.

Además de las alternativas logísticas y técnicas, Roa no descarta la vía diplomática. El gobierno colombiano, a través de la Cancillería y otros ministerios, gestiona formalmente el desacuerdo motivado por la reciente decisión ecuatoriana, dado su impacto más allá del sector petrolero y su alcance en la relación bilateral.

Ecopetrol también valora la posibilidad de llevar el conflicto ante un tribunal de justicia bajo las reglas de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), sustentándose en el acuerdo de Cartagena. Según Roa, esta medida responde a la alteración de la actividad comercial del país y a la restricción del libre comercio de un energético estratégico.

La estatal confirmó que actualmente transporta entre 8.500 y 10.000 barriles diarios de crudo a través de la infraestructura ecuatoriana, con contratos que, por regulación, sitúan el costo estándar en 5,7 dólares frente al nuevo cobro propuesto, que multiplica de forma sustancial los costos para Colombia.