Wilson Ruiz, exministro de Justicia y aspirante al Senado, presentó el 30 de enero de 2026 una acción de tutela ante la justicia colombiana contra el presidente Gustavo Petro.
La demanda, según el comunicado oficial de Ruiz, alega que recientes declaraciones públicas del jefe de Estado sobre Jesucristo y su discípula María Magdalena vulneraron los derechos fundamentales a la libertad religiosa, la conciencia y el principio de laicidad estatal.
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Según el texto de la tutela, las expresiones atribuidas a Petro se difundieron el 27 de enero a través de redes sociales.
El presidente afirmó: “Jesús fue hombre de luz, de verdad y revolucionario. Por eso lo mataron. Y su mensaje por eso está hoy, porque tenía razón. Y yo creo que Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así, sin amor, no podía existir”.
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Para Ruiz, estas declaraciones suponen una interpretación teológica desde la más alta investidura pública, afectando convicciones religiosas de millones de colombianos.
De acuerdo con Ruiz, ningún funcionario público, y menos el Presidente, debe reinterpretar dogmas religiosos ni influir en las convicciones espirituales de los ciudadanos.
El comunicado remarca que la función institucional exige neutralidad, y que intervenir en asuntos de fe desde el poder comporta un riesgo de afectar gravemente la libertad religiosa y de conciencia.
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La demanda estructura sus fundamentos en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que protege la libertad de cultos, así como en jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Ruiz subraya que la Corte ha sostenido el deber de las autoridades de actuar con prudencia y neutralidad frente a asuntos religiosos, resguardando la separación entre Estado e iglesias y garantizando el pluralismo de creencias.
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En los argumentos jurídicos citados, Ruiz enfatiza que la laicidad estatal prohíbe la emisión de juicios doctrinales, la interpretación de dogmas o la adopción de posturas oficiales sobre contenidos teológicos, sin importar el credo. Según el texto de la tutela, el discurso de los funcionarios con altas dignidades debe expresarse bajo criterios de objetividad, respeto y pluralidad, especialmente en medios masivos.
Las pretensiones centrales, detalladas en la acción de tutela, consisten en solicitar la protección inmediata de los derechos invocados. Ruiz pide que la justicia ordene a Petro realizar un acto público de disculpas institucionales, aclarando que las declaraciones no representan la posición oficial del Estado y reafirmando el respeto por todas las creencias.
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Además, solicita que se prevenga al presidente para que se abstenga en el futuro de emitir interpretaciones teológicas y se comprometa a observar el principio de neutralidad religiosa en el ejercicio de su función.
Finalmente, el documento subraya la exigencia de que el Estado se abstenga de intervenir en el ámbito íntimo de las creencias y que proteger la fe es una responsabilidad estatal fundamentada en el respeto irrestricto a la diversidad. Así, para Ruiz, el compromiso institucional debe traducirse en una garantía efectiva del pluralismo religioso sin que posturas personales de las autoridades se conviertan en valoraciones emitidas desde el poder político.
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La Cedecol y líderes políticos rechazan la afirmación de Petro sobre vínculo entre Jesucristo y María Magdalena
La controversia por las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto vínculo amoroso entre Jesucristo y María Magdalena provocó un enérgico rechazo de líderes políticos, religiosos y la Confederación Evangélica de Colombia (Cedecol), quienes consideran que la afirmación carece de respaldo histórico y bíblico.
En su comunicado, Cedecol advirtió que las palabras del mandatario constituyen “una falta de respeto hacia la figura central de la fe cristiana” y enfatizó que “la Biblia, fuente fundamental de la fe cristiana, no respalda ni sugiere tales afirmaciones”.
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La organización reclamó respeto a las convicciones espirituales y solicitó que no se utilicen figuras sagradas en debates de interés público, además de instar a evitar que la libertad de expresión se convierta en pretexto para “desfigurar verdades que sostienen la identidad espiritual de una gran parte de la población”.
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