El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, salió en defensa de la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente los efectos del decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, y rechazó que el fallo pueda interpretarse como una determinación política o como un golpe institucional contra el Ejecutivo.
Las declaraciones del dirigente gremial se produjeron en medio de la creciente controversia generada tras la suspensión del Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno nacional declaró la emergencia económica con el argumento de obtener recursos urgentes para atender la crisis fiscal.
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Desde el Ejecutivo, el presidente Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, han cuestionado con dureza la actuación del alto tribunal, señalando que la decisión protege a los sectores más ricos del país y profundiza los problemas financieros del Estado.
“No se trató de un fallo en contra del presidente Petro”
Mac Master fue enfático en señalar que la suspensión decretada por la Corte Constitucional no puede presentarse como una decisión contra el presidente Gustavo Petro ni contra su proyecto político. A su juicio, esa narrativa resulta equivocada y puede inducir a una lectura errada del alcance jurídico del pronunciamiento.
“Es totalmente equivocado, y hasta cierto punto manipulador, tratar de presentar la decisión de la Corte Constitucional sobre la emergencia económica como una decisión a favor o en contra del Gobierno, o como una decisión política o ideológica. Esto no es un fallo en contra de Petro”, afirmó el presidente de la Andi.
Según explicó, la Corte actuó dentro de sus competencias constitucionales al ordenar la suspensión provisional del decreto, mientras se estudia de fondo si el Ejecutivo estaba habilitado para declarar una emergencia económica. El objetivo, añadió, es evitar que continúen produciéndose efectos que podrían resultar irreversibles en caso de que el decreto sea finalmente declarado inexequible.
“La Corte está actuando de acuerdo con nuestra Constitución, indicando que es prudente suspender los efectos de la emergencia hasta tanto se tome una decisión definitiva, evitando daños irreparables”, sostuvo.
Dudas sobre las causales para declarar la emergencia económica
Uno de los principales cuestionamientos de Mac Master apunta a la ausencia de hechos sobrevinientes y extraordinarios que, según la Constitución, son requisito indispensable para decretar una emergencia económica. En ese sentido, señaló que existe un amplio consenso nacional en torno a que las razones esgrimidas por el Gobierno no cumplían con esos criterios.
“No se puede decretar una emergencia económica por razones que ya se conocían, por hechos que no eran sobrevinientes y mucho menos porque el Congreso de la República no hubiera aprobado una ley tributaria o una ley de financiamiento presentada por el Gobierno nacional”, señaló.
El dirigente gremial coincidió así con sectores políticos, académicos y empresariales que han sostenido que la situación fiscal del país, aunque compleja, no constituye un evento inesperado o extraordinario, sino un problema estructural que debe resolverse a través de los mecanismos ordinarios previstos en la democracia, como el debate legislativo.
Desde esta perspectiva, Mac Master consideró improcedente que se responsabilice al Congreso por el hundimiento de las leyes de financiamiento impulsadas por el Ejecutivo, y que esa circunstancia sea utilizada como argumento para acudir a facultades excepcionales.
Advertencia sobre impactos económicos y defensa del Estado de derecho
Mac Master también destacó que la suspensión del decreto evita un impacto negativo de gran magnitud sobre distintos actores económicos y territoriales del país. A su juicio, la aplicación de las medidas adoptadas bajo la emergencia ya estaba generando afectaciones significativas.
“Se hubiera podido producir un efecto irreparable sobre una gran cantidad de agentes económicos, incluyendo ciudadanos, empresas, departamentos y municipios, que estaban siendo afectados por algunas de las decisiones tomadas con base en la emergencia económica”, advirtió.
Finalmente, el presidente de la Andi rechazó la tesis del Gobierno según la cual la emergencia económica beneficiaba a los sectores más pobres de la población. En su concepto, se trataba de una medida que afectaba de manera generalizada a todos los colombianos y que, lejos de promover la equidad, profundizaba riesgos fiscales.
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